propuestas

“La salud no se vende, es posible un futuro con más acceso a una salud de calidad”

Argentina tiene una tradición histórica de salud pública. En dos siglos, logró construir un sistema que –aunque todavía tiene mucho por mejorar– es un ejemplo en todo el continente, y es uno de los grandes motivos por los que nuestro país tiene los mejores indicadores sanitarios de Sudamérica. Esto es parte de nuestra historia y, no vamos a permitir que lo tiren a la basura.

La vida de un ser humano no puede depender de la lógica del mercado. Es inimaginable tener que pagar por llevar a un hijo al centro de salud del barrio. O que nos cobren cada vacuna que le aplicamos a nuestros hijos recién nacidos. La salud es un derecho prioritario, es un bien público.

La pandemia nos puso a prueba como sociedad y Argentina tuvo una respuesta ejemplar por parte de sus equipos de salud. Aprendimos mucho. A responder mejor y más rápido. Y la crisis sanitaria global nos obligó a acelerar los procesos de modernización, que no se detuvieron hasta hoy.

Estamos orgullosos de nuestro sistema de salud, pero también sabemos que debe ser más solidario y eficiente. Fragmentado en tres grandes subsectores (público, seguridad social y medicina privada), trabajaremos para integrarlo, haciendo que cada compatriota habitante del suelo argentino tenga garantizado el derecho a contar con un equipo de salud de cabecera. Es decir que, independientemente de quien preste el servicio, cada argentina y cada argentino debe tener la posibilidad de acceder a un mismo modelo de atención de calidad.

Tenemos una oportunidad histórica para poder implementar herramientas que consoliden un sistema de salud más accesible, más rápido, más eficiente y más solidario. Contamos con la conectividad y los sistemas necesarios para poder integrarlo y cubrir sus principales demandas.

Es por eso que trabajamos por un modelo de salud que garantice el acceso universal a los servicios de salud, con un enfoque en la atención primaria. Buscamos integrar y modernizar el sistema de salud, invertir en infraestructura y fortalecer el personal de salud para mejorar la calidad de atención en todo el país.

“Un sistema de salud con los y las trabajadoras en el centro”

El pilar fundamental de nuestro sistema son los trabajadores y las trabajadoras que lo hacen funcionar. Es crucial acompañarlos y apoyarlos, para ello, se crearán espacios de escucha, se mejorarán las condiciones laborales y sus ingresos. Nuestro objetivo es reducir el pluriempleo de los profesionales, implementar un incentivo económico sanitario a nivel nacional mediante la creación de un fondo federal compensatorio que garantice salarios dignos a todas las trabajadoras y todos los trabajadores de la salud. Proponemos restructurar los planes de formación académica universitaria y los programas de residencia junto a las universidades públicas y privadas, para garantizar una formación profesional de calidad. Esto implica mejorar la calidad de los contenidos académicos, promover la participación activa de los estudiantes en la atención de los pacientes y fomentar la investigación y la innovación en el ambiente de la salud.

Se convocará a las provincias para reafirmar la gobernanza y rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, manteniendo el carácter federal de nuestro sistema de salud. Además, se ampliará la vinculación con las sociedades científicas y las universidades con el objetivo de lograr una articulación y complementación operativa que tenga en cuenta el conocimiento y las evidencias más actualizadas.

En el gobierno de Sergio Massa, la política de salud también se centrará en la promoción de la seguridad alimentaria y el bienestar físico y mental de todas las personas, a través de un enfoque que abarque todas las etapas de la vida y en las necesidades de los grupos poblacionales más vulnerables, madres, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad social, personas con consumos problemáticos y personas con discapacidad. Nuestro principal objetivo es incrementar la capacitación y mejorar la disponibilidad de servicios y personal capacitado en los Centros de Atención Primaria a través de telemedicina, líneas telefónicas gratuitas y asistencia remota.

Apoyaremos la investigación y desarrollo (I+D) con el objetivo de abordar nuestros problemas de salud mediante tecnología adecuada y contextualizada, fomentando la innovación en el contexto del desarrollo del conocimiento traslacional. Las nuevas tecnologías de la comunicación estarán a disposición de los usuarios en los distintos niveles de atención. Ofreceremos turnos digitalizados, evitando los desplazamientos innecesarios de personas en procura de su turno para ser atendidas. Cada ciudadano tendrá la posibilidad de resolver la mayoría de sus consultas desde su teléfono celular. Potenciaremos toda tipo de atención de calidad que pueda realizarse a distancia mediante el uso de plataformas digitales.

Reconocemos la importancia del sector salud como generador de empleo y divisas en la economía, por ello promoveremos políticas que impulsen el desarrollo y la competitividad de la industria de salud, fomentando la inversión en investigación y desarrollo, la producción local de tecnología médica y la exportación de servicios de salud.

Bajo el paradigma de “Una Salud” que postula la Organización Mundial de la Salud (OMS), promoveremos una mayor comprensión de cómo la salud ambiental impacta en la salud humana, implementando políticas que fomenten la investigación y la educación en este campo. Además, trabajaremos en la promoción de políticas públicas que protejan y preserven el medio ambiente, reduciendo la exposición a contaminantes y promoviendo la sostenibilidad.

Con respecto al sistema de las obras sociales sindicales, pocos países tienen un sistema de salud vinculado a los sindicatos tan eficiente y extendido como la Argentina. El peronismo garantizó la salud a través del aporte obligatorio y los sindicatos se encargaron de brindar atención médica a sus aportantes. Hoy numerosos sindicatos cuentan con sanatorios propios y son un ejemplo a seguir en la atención de la salud, como se ha demostrado durante la pandemia COVID-19. En la actualidad, el 60 % de la población argentina se atiende en obras sociales (incluido el PAMI).

Asimismo, debemos destacar que, las obras sociales sindicales se encuentran con serias dificultades económico-financieras provocadas por los elevados costos prestacionales que aumentan al triple de la actualización de los ingresos de las obras sociales. Mientras los costos prestacionales se elevan a valor de un mercado dolarizado, los ingresos de las obras sociales aumentan en función de la paritaria de la industria específica.

Otro elemento de vital trascendencia que perjudica a las obras sociales lo constituyen las imposiciones del Poder Judicial, que da como ciertas las peticiones efectuadas por medio de acciones de amparo de salud, que, sin siquiera analizar la viabilidad del reclamo, ordenan la cobertura de prestaciones médicos asistenciales que están por fuera del Plan Médico Obligatorio (PMO) y cuyo valor es en la mayoría de los casos sumamente excesivo.

Existe una cosmovisión ampliamente difundida de que los Agentes de Salud deben cubrir cualquier tipo de prestaciones médicas que exijan los afiliados y afiliadas sin tener en cuenta la probable desfinanciación que implica para la obra social afrontar de manera sucesiva prestaciones que no solo exceden al PMO, sino que sin lógica médico científica son demandadas por los beneficiarios y beneficiaras, a quienes en muchos casos se les han generado falsas expectativas. A ello debe adicionarse que los magistrados no se abocan a estudiar la factibilidad del reclamo, sino que ordenan sin más y cautelarmente las pretensiones de los afiliados y afiliadas, sin siquiera aguardar a la producción de pruebas que demostrarían que ciertos reclamos son sin fundamento de los amparistas.

Finalmente, también provoca perjuicios a las obras sociales sindicales las acciones y omisiones en las que incurren las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, provocando que, en muchos casos, deban afrontar las prestaciones las obras sociales cuando las mismas les corresponden única y exclusivamente a las empresas aseguradoras. Esto se ha visibilizado particularmente durante la pandemia.

Es por ello que trabajaremos junto a las organizaciones sindicales en la mejora del mecanismo de transferencia para que los que los fondos que aportan los trabajadores sean transferidos en forma inmediata a los sindicatos, de manera de no afectar la prestación de los servicios.

 “Políticas activas que promuevan que las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente”

1. INTRODUCCIÓN.

En cuanto a la perspectiva sobre la discapacidad, abogamos por una adopción del paradigma del Modelo Social de la discapacidad, descripto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que tiene rango constitucional. El mismo se enmarca en los principios generales de los derechos humanos y considera que las personas con discapacidad pueden tener un rol activo en la comunidad como sujetos de derechos en tanto se eliminen las barreras que no permiten que las mismas puedan desempeñarse en igualdad de condiciones con las demás.

Los principales ejes están centrados en la adecuada implementación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC): la posibilidad de organización del colectivo, el ejercicio de la capacidad jurídica, la promoción de la autonomía, la vida interdependiente y la salud sexual y reproductiva, buscando impulsar el cumplimiento del algunos de los artículos más postergados de la CDPD: Artículo 12 (igual reconocimiento como persona ante la ley) y Artículo 19 (derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad).

2. DIAGNÓSTICO Y CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA.

Actualmente, existe legislación vigente que podría beneficiar al colectivo de personas con discapacidad (PCD) pero en su letra o en su reglamentación, no les contemplan explícitamente o no tienen perspectiva de discapacidad. En muchas de estas leyes persiste el modelo médico rehabilitador, paradigma antiguo, que considera a la discapacidad como una enfermedad a ser “curada”.  Por otra parte, se hace urgente una política federal integral en el campo de la discapacidad para eliminar la desigualdad entre provincias.

Existe, también, un limitado acceso a la justicia tanto por cuestiones vinculadas a la accesibilidad como a  barreras aferradas a prejuicios de peligrosidad o, por el contrario, de infantilización. Esto puede llevar a situaciones de privación de la responsabilidad parental por motivos de discapacidad e innumerables prácticas judiciales con persistencias de problemas como: ausencia de la voz de la persona, ya que continúan siendo habladas por profesionales del derecho y la salud; tratamiento de temas ajenos a la capacidad jurídica en las sentencias que la restringen; no designación de apoyos para actos jurídicos concretos vinculados a la vida de la persona o, por el contrario, asignación de apoyos que obstaculizan los procesos de toma de decisiones; imposición judicial de apoyos que generalmente recaen en estructuras judiciales históricamente vinculadas con el modelo de sustitución de la voluntad como lo son las curadurías oficiales y asesorías civiles y ausencia de mecanismos judiciales de salvaguardias. Si bien se avanzó en la revisión periódica de las sentencias de declaración de insania o inhabilitación dictadas según el régimen anterior, en muchos casos las nuevas sentencias siguen fundándose conceptualmente en el modelo de curatela, aun utilizando un lenguaje mas próximo a la Convención, pero manteniendo los conceptos previos de la misma.

Cabe destacar, por otro lado, que existe una falta notable de infraestructura acorde para esta población: en los jóvenes-adultos, se observa que después que terminan la trayectoria escolar hay vacancia de espacios de formación superior inclusivos, que contemplen los diversos tránsitos académicos, propuestas de empleo con apoyos, lugares que contraten personas con discapacidad o que estén dispuestos a realizar los ajustes razonables para su inclusión laboral. Además, en los casos donde las personas con discapacidad no pueden sostener una jornada laboral, se carece de dispositivos terapéuticos o de inclusión. En los centros de día, destinados a la población con discapacidades severas, al igual que en los dispositivos de internaciones domiciliarias, los profesionales están muy mal pagos. Debido a ello hay un recambio constante de profesionales, lo que deviene en una complicación extra en la debida atención de los usuarios y usuarias.   

Por otro lado, hay múltiples falencias respecto a garantizar el derecho a la autonomía, participación y vida independiente, ya que no hay provisión de las medidas de accesibilidad, apoyos, ajustes razonables y salvaguardias, detalladas en el Código Civil y Comercial y normas específicas de prestaciones para PCD no aparecen claramente determinadas las prestaciones necesarias para reflejar ese objetivo, por lo que es necesario una profunda revisión de las mismas. En este sentido, las Pensiones No Contributivas (PNC) continúan siendo incompatibles con ingresos fijos, lo cual genera que no accedan a trabajos registrados para no perder su PNC, favoreciendo la informalidad y falta de derechos laborales y junto con otras circunstancias, desalentando la demanda de puestos laborales en el mercado abierto por parte de las propias PCD. Los espacios de talleres protegidos perpetúan la permanencia en los mismos porque no hay una propuesta al mercado laboral para la incorporación de las PCD. Por su parte, las PNC también son incompatibles con los programas Acompañar y Potenciar Trabajo, desconociendo las importantes problemáticas vinculadas al género que enfrenta el colectivo y las desigualdades de acceso que implica la condición de discapacidad. 

Tampoco son accesibles las líneas de atención (911, 144, 132), como las plataformas del gobierno (MiArgentina, AFIP) para personas ciegas o sordas, impidiendo el uso autónomo de las  mismas. En referencia al acceso a la vivienda, no hay actualmente un sistema que establezca prioridades en el otorgamiento de créditos. A la vez se continúa institucionalizando a niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, manteniendo el antiguo régimen de neuropsiquiátricos, a pesar de que la Ley de Salud Mental en 2010 estableció que en 2020 finalizaba el plazo establecido para el cierre definitivo de los mismos.

En relación a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos los prejuicios y estereotipos hacia el colectivo de personas con discapacidad, hacen que las leyes y programas actuales vinculadas a salud sexual y reproductiva (por ejemplo, Plan ENIA o la reglamentación de la ley de IVE), no les contemplen como parte de la población destinataria, esto se traduce en la falta de desglose de datos claros y concretos para poder intervenir en políticas públicas transversales para mujeres y disidencias con discapacidad.

Lo mismo sucede con los servicios de atención, tampoco cuentan con la información y la estructura para alojar las demandas, lo cual se evidencia en la falta de accesibilidad física (edificios, camillas y elementos no adaptados para realizar estudios, etc.), la falta de accesibilidad comunicacional (insumos de gestión menstrual, anticoncepción o test de embarazos en formatos no accesibles para personas ciegas, falta de intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA) en los servicios de atención, falta de formación para comunicarse con personas con discapacidad intelectual, etc.) y la falta de formación en perspectiva de discapacidad de profesionales de la salud, que refuerza la estigmatización, impidiendo la autonomía en la toma de decisiones y garantía de derechos de las PCD (como la imposición de métodos anticonceptivos de larga duración sin el consentimiento de la PCD).

Por último, pero no por ello menos relevante atento al impacto de la educación en cambio cultural que requiere la convención se observan problemas en el diseño institucional de las políticas educativas y en la formación académica docente sobre cómo llevar adelante propuestas con base en la educación inclusiva, y con una mirada abarcativa de las diversidades. Esto se vuelve imprescindible debido a que, no solo en un imperativo legal y constitucional (Art 24 de la Convención y observaciones del comité de la ONU a los informes país) y un claro beneficio -con y sin discapacidad-, sino que   en el transcurso de los últimos años, y sobre todo después de la pandemia, ha crecido el número de infancias con dificultades en el desarrollo de lenguaje y social que luego son diagnosticadas por equipos profesionales como trastornos del espectro autista,  trastorno de la lecto escritura (dislexia) o trastorno por déficit de atención (TDAH), o incluso, no diagnosticado pero presente en las aulas y que por falta de esa formación pasa desapercibido sin recibir la atención necesaria.

3. PROPUESTAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA.

A) Actualización normativa:

Impulsar una nueva Ley Marco de Garantía y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar un piso mínimo de transformaciones necesarias para promover la efectiva inclusión de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida en sociedad. Principales transformaciones: a) Promover la igualdad de oportunidades y no discriminación para personas con discapacidad; b) Fomentar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad; c) Garantizar el ejercicio de los derechos, la vida independiente, participación y la autonomía de las personas con discapacidad; d) Facilitar el acceso a servicios de salud, educación, empleo y seguridad social de calidad para personas con discapacidad; e) Promover la accesibilidad integral y universal a los entornos físicos, las comunicaciones, y la información.

B) Justicia:

• Garantizar la gratuidad de asistencia jurídica de calidad y especializadas para aquellas personas que se encuentran imposibilitadas de afrontar los gastos con sus propios recursos.
• Garantizar el derecho de igual reconocimiento ante la Ley: se delineará un plan de jerarquización, ampliación del presupuesto y fortalecimiento del Programa ADAJUS, para contemplar los sistemas de apoyo, ajustes de procedimientos y salvaguardias que promuevan la autonomía y el respeto por los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, en su acceso a la justicia.
• Jerarquizar y ampliar el presupuesto del Programa Equiparar en cada jurisdicción.
• Garantizar el acceso de las PCD a los sistemas de apoyo, que faciliten su autonomía, respeten sus decisiones y preferencias, y no sustituyan su voluntad. Se exigirá a las obras sociales que garanticen este servicio, en conformidad con la CDPD y el CCyC.”

C) Infraestructura:

• Construir dispositivos intermedios de vivienda (casas de medio camino) para personas con discapacidad y centros de salud integral que favorezcan la vida independiente.
• Desarrollar dispositivos que alojen y contengan a jóvenes con discapacidad, en dónde se pueda trabajar sobre proyectos de vida e inclusión socio laboral.
• Promover la prestación de servicios de apoyo a la vida independiente y la autonomía personal a través de equipos profesionales, independientemente de la provisión o no de la vivienda física por parte del sistema de cobertura.
• Garantizar la accesibilidad física y comunicacional en todo el territorio y en todas las áreas del Estado y privadas de acceso público tanto en zonas rurales, urbanas, en el transporte, en páginas web de trámites, entidades bancarias, medios de comunicación, sistemas de acceso a la información, billetes, etc.
• Reformular el decreto 118/06 que establece el cupo de asientos para PCD y garantiza la accesibilidad al transporte de corta, media y larga distancia.
• Otorgar prioridad crediticia a las personas con discapacidad para facilitarles el acceso a la vivienda y, a su vez, legislar el funcionamiento de las casas asistidas para que puedan ser gestionadas de forma autónoma por personas con discapacidad, buscando promover la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad.

D) Salud:

• Establecer los procedimientos y destinar los recursos correspondientes para identificar y suprimir las barreras que puedan impedir el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud de calidad, buscando la coordinación entre los diversos efectores.
• Garantizar a las personas con discapacidad el acceso oportuno a los medicamentos, insumos, tecnologías sanitarias, apoyos técnicos, y a cualquier otro dispositivo o herramienta que requieran.
• Aplicar eficientemente e incrementar los recursos económicos asignados para el cumplimiento efectivo de la Ley de Salud Mental. Avanzar en los procesos de externación de las personas institucionalizadas y crear dispositivos de atención ambulatoria e inclusión social, mediante la creación y mantenimiento de dispositivos alternativos de vivienda para PCD (viviendas asistidas, viviendas con apoyos, casas de medio camino, etc.).
• Fortalecer los servicios de salud para favorecer el diagnóstico temprano de trastornos del neurodesarrollo y el acceso a sus correspondientes intervenciones terapéuticas.”
• Respecto a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos:
• Aprobar el Proyecto de Ley Cuidar en Igualdad y adoptar un Sistema Nacional y Federal Integral de Apoyo y Cuidados, conforme a la CDPD.
• Incrementar esfuerzos para que las mujeres y niñas con discapacidad en todas las provincias puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y apropiados para la edad, incluyendo instalaciones, mobiliario y equipos accesibles en los servicios de ginecología y obstetricia y el acceso a información en formatos accesibles sobre métodos anticonceptivos y prevención de ITS.
• Capacitar a los equipos de salud en base al modelo social de la discapacidad.
• Transversalizar la perspectiva de discapacidad en las leyes y políticas de igualdad de género, e incorporar la perspectiva de género en las leyes y políticas de discapacidad, desde una mirada interseccional y con la participación activa y efectiva de las mujeres y niñas con discapacidad.

E) Trabajo y Empleo:

• Promover el trabajo y/o empleo de las personas con discapacidad, mediante la igualdad de oportunidades y remuneración por trabajo de igual valor, impulsando un cupo en el sector privado que complemente el cupo vigente para el sector público..
• Cumplimentar el cupo laboral del 4% en los organismos del Estado y empresas privadas que brindan servicios al Estado, como exige la normativa actual, con apoyos y ajustes razonables.
• Generar empleo con apoyos con la consiguiente incorporación de la denegación de ajustes razonables en la normativa nacional correspondiente, en armonía con la Convención y el CCyC, para habilitar la denuncia de la misma en los espacios laborales.
• Reconvertir a los talleres protegidos en empresas sociales para trabajar en la migración del trabajo protegido al empleo abierto.
• Reglamentar la ley 26.480 sobre asistencia domiciliaria y garantizar la disponibilidad de apoyos para la vida independiente de las personas con discapacidad.
• Crear un Registro Único de Postulantes con Discapacidad que se integrará con los perfiles de postulantes tanto para el sector público como para el sector privado.
• Promover beneficios fiscales para empleadoras y empleadores de personas con discapacidad.

F) Educación:

• Implementar herramientas y acciones que favorezcan el acceso a la Educación Inclusiva, buscando romper con la fragmentación del sistema educativo el segregacionismo mediante la efectiva implementación de medidas de accesibilidad, ajustes razonables, estrategias pedagógicas y sistemas de apoyo, abogando por:
• Asegurar la libre elección de instituciones educativas.
• Promover esquemas de apoyo e incorporación de equipos multi e interdisciplinarios de apoyo a los establecimientos y docentes para garantizar las trayectorias escolares.
• Asegurar la incorporación de la perspectiva de discapacidad y accesibilidad en los diseños curriculares implementados en el Sistema Educativo Nacional.
• Asegurar el acceso a la Educación Sexual Integral.
• Incorporar la perspectiva del modelo social a la formación docente y garantizar capacitación constante en la temática. Revisar desde esta perspectiva de política publica, la formación y capacitación continua de los docentes en todo el territorio nacional.
• Implementar un observatorio de inclusión escolar para mejorar los equipos de trabajo de las escuelas.

G) Seguridad y Protección Social:

• Crear una asignación económica para las personas con discapacidad bajo el paradigma del modelo social, que funcione como complemento en caso de ingresos menores a 2 Salarios Mínimo, Vital y Móvil, compatibilizando este derecho con otros Programas en búsqueda de la ampliación de la protección social de las personas con discapacidad.
• Brindar acceso a la seguridad social y a la protección social, priorizando a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad socioeconómica.
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• Crear una política integral de derechos humanos, que permita que los presupuestos nacionales y provinciales promuevan el ejercicio integral de los derechos de las personas con discapacidad.

H) Participación de la población en cuestión:

• Crear el Observatorio de la Discapacidad en la órbita del Poder Legislativo de la Nación, promoviendo la creación de la figura del Defensor del Pueblo Adjunto de las Personas con Discapacidad, que configure un mecanismo de seguimiento integral del cumplimiento de las normativas nacionales y de la Convención.
• Promover los derechos de participación política de las personas con discapacidad, brindar accesibilidad al voto, no solo en referencia al voto asistido, sino también brindando mayor acceso a la información para su emisión, colectivizando las estrategias exitosas aplicadas en algunas provincias. Exigir campañas electorales accesibles, incorporando interpretación en LSA, audio descripción de imágenes, entre otras medidas de accesibilidad.
• Brindar capacitación obligatoria sobre la perspectiva de discapacidad a quienes se desempeñen en los tres poderes y distintos niveles del Estado, tomando como ejemplo la Ley Micaela.

I) Coordinación de política:

1) Disponer la realización de sesiones conjuntas del Consejo Federal de Discapacidad con los Consejos Federales de Salud, Educación, Trabajo, Turismo y Deporte a efectos de promover un abordaje coordinado del diseño e implementación de políticas para las personas con discapacidad de alcance verdaderamente federal.

2) Consolidar al Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas en Discapacidad, como ámbito clave y jerarquizado para la incorporación de la perspectiva de la discapacidad en el diseño, supervisión y ejecución de las políticas públicas nacionales, de acuerdo con la Convención.

“Desarrollo económico con inclusión”

Según la CEPAL, América Latina es la región más desigual del mundo. En 2014, el 10% más rico de la población de América Latina había amasado el 71% de la riqueza de la región.

En nuestro país, la dinámica de la pobreza en los últimos años se explica especialmente por el incremento en el precio de los alimentos. Las políticas de JxC no sólo aumentaron el piso de pobreza en los hogares (hasta llegar en 2019 al 36%), precarizando el trabajo y los ingresos laborales, sino que también contribuyeron a la concentración de la producción de alimentos y la dolarización de sus precios.

La estructura económica heredada en 2019 sumado a la pandemia y la guerra en Ucrania muestran que las políticas de recomposición de ingresos y protección social impulsadas desde 2020 no alcanzaron para revertir la tendencia.

Es por eso que estamos emprendiendo el camino hacia un país más fuerte y equitativo, abogando por un desarrollo económico con inclusión, donde la prosperidad no sea el privilegio de unos pocos, sino un derecho para todos los argentinos. Sabemos que la desigualdad persiste en nuestro país, y es nuestro compromiso revertirla. Creemos en una Argentina donde cada persona tenga igualdad de oportunidades para alcanzar sus sueños y aspiraciones, independientemente de su origen socioeconómico, género o lugar de residencia. No vamos a dejar que los más desfavorecidos se queden “afuera”.

En la actualidad, nuestro país está en un proceso de transformación hacia una sociedad más igualitaria. El gobierno ha implementado políticas activas de empleo, fortalecido programas de transferencias sociales y promovido una economía más inclusiva y sostenible. Sin embargo, aún enfrentamos desafíos significativos en la reducción de la desigualdad. Según datos del último informe del INDEC, la brecha de ingresos entre los sectores más acaudalados y los más vulnerables persiste, y es uno de los retos que debemos abordar de manera efectiva. Nuestra visión de «desarrollo con inclusión» se traduce en un firme compromiso con la equidad y la justicia social. Buscamos fortalecer la protección social, fomentar el empleo digno y promover la igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Nuestro objetivo es una Argentina donde la inclusión no sea solo una aspiración, sino una realidad que todos puedan experimentar.

“El Acuerdo Social como garantía de inclusión”

La inclusión debe ser entendida como un paso previo a la igualdad de oportunidades.

Aprendimos que las políticas sociales se fueron modificando al paso de la historia. Hoy en Argentina necesitamos un Acuerdo Social de Cuidado Integral. No es solo una cuestión de ingresos sino también de acompañamiento y fortalecimiento de las personas.

En ese Acuerdo Social de Cuidado Integral, necesitamos un Estado nacional presente y activo, pero también inteligente al momento de intervenir. Un Estado Nacional que asuma su rol de conducción y que trabaje, junto a provincias, municipios, organizaciones de la comunidad, organizaciones sociales, empresarias, productivas, eclesiales para cubrir las necesidades básicas de las personas. No vamos a tener un desarrollo productivo ni laboral posible sin un piso mínimo de necesidades cubiertas.

Este compromiso es fundamental para asegurar el bienestar de la Familia Argentina. En ese sentido, debemos garantizar:

– En niños y niñas de 0 a 5 años, alimentación, cuidados neonatales y médicos y guardería.

– En niños y niñas de 6 a 12 años, alimentación, cuidado médico, educación formal y ámbitos deportivos, recreativos y lúdicos.

– En adolescentes y jóvenes, alimentación, cuidado médico, educación formal, capacitación laboral, ámbitos deportivos, recreativos y lúdicos y espacios de atención y acompañamiento frente a la problemática del consumo.

De esta manera, a partir del cuidado y acompañamiento de las distintas dimensiones de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes resguardamos a las Familias Argentinas, promoviendo el respeto y la convivencia familiar y comunitaria, evitando así la violencia.

“Reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de un sistema de seguridad social sólido”

Tras la gestión del expresidente Mauricio Macri, las jubilaciones en Argentina sufrieron una preocupante caída, superando el 10%. Esta situación se agravó debido a la profunda crisis económica y los ajustes promovidos por el Fondo Monetario Internacional en nuestro país. En respuesta a esta problemática, uno de los pilares fundamentales de esta plataforma del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se centra en la mejora de los ingresos de los jubilados en Argentina. Siguiendo la línea de medidas como la reciente eliminación del impuesto a las ganancias, que ha significado un alivio financiero para los trabajadores, los jubilados también experimentaran una recuperación de sus ingresos a través de jubilaciones y pensiones dignas.

Es importante destacar que, como fuerza política, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de un sistema de seguridad social sólido y rechazamos enérgicamente cualquier intento de retorno al sistema de AFJP, que en el pasado desfinancio gravemente la estructura previsional y permitió el uso irresponsable de los fondos de los jubilados en actividades especulativas.

Además, queremos resaltar la importancia del PAMI como una institución que, a pesar de las críticas de algunos sectores políticos, opera con superávit y proporciona servicios de salud eficientes. En línea con este enfoque, proponemos y estamos gestionando inversiones adicionales para fortalecer el programa de construcción de hospitales, garantizando así una atención de calidad y accesible para nuestros jubilados y la comunidad en general.

Como conclusión, nuestras propuestas para el sistema de jubilaciones y pensiones son:

Reafirmación del carácter de universal, solidario, integral, igualitario y de reparto de nuestro sistema previsional argentino, entendemos que el acceso a la prestación previsional debe asegurarse para todos los ciudadanos y ciudadanas. En este contexto, los planes de acceso previsional han coadyuvado para que millones de personas que han tenido trayectorias laborales por fuera del sistema formal puedan jubilarse. Pero entendemos que estos regímenes habitualmente conocidos como “moratorias” no deben quedar limitados a la implementación de planes temporales, con vigencias parciales que luego caen y dejan afuera de la inclusión previsional a muchas personas.

Debe incorporarse la regularización de los aportes como recurso permanente a través de una reforma legislativa, de manera de asegurar el acceso a la prestación previsional en todo momento. De esta manera podemos asegurar no sólo los principios previsionales, fundamentalmente el de universalidad, de manera que todas las personas puedan jubilarse, sino también los derechos de las personas mayores incorporados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual posee rango constitucional, que prevé de manera expresa en su art. 17 el derecho de las personas mayores a acceder a la seguridad social.

Con el antecedente cercano de la pérdida del poder adquisitivo sufrida por las personas mayores en el periodo 2015 a 2019 con el gobierno de Macri -estimada en un 19% en función del IPC del INDEC y de una estimación del CEPA-, se logró la implementación de la ley de Movilidad, cumpliendo la manda constitucional. Sin embargo, la recuperación ha sido parcial, dado que aún no se ha recuperado el poder adquisitivo que las jubilaciones tenían en 2015 en función de lo estimado por el CEPA en base a datos del INDEC pese a lo cual el desempeño de la actual ley ha sido mucho más ventajoso para las jubilaciones que la movilidad del gobierno anterior.

En este sentido se requiere que más allá de continuar con la aplicación de la nueva movilidad, es menester terminar de recuperar el poder adquisitivo perdido por las jubilaciones. Logrando de esta manera que nuestros jubilados y jubiladas recuperen el poder de compra que tuvieron en 2015 y que nunca deberían haber perdido.

 “Es tiempo de avanzar en un proceso de aprendizaje profundo que cambie antiguas concepciones”

Como espacio, consideramos de suma importancia reducir las brechas existentes en nuestra sociedad, abordando no solo las disparidades económicas, sino también las educativas y sociales. Por este motivo, estamos comprometidos a profundizar la implementación de políticas y medidas que reviertan las desigualdades presentes en el ámbito laboral, con un enfoque particular en la equidad de género y la diversidad sexual. Nuestra visión es promover un acceso justo y equitativo al mercado laboral, así como crear entornos de trabajo que respeten la orientación sexual e identidad de género de cada individuo

En términos de inclusión laboral, reconocemos que las mujeres y las personas de diversas orientaciones sexuales enfrentan desafíos significativos en su acceso al mundo laboral. Para abordar esta problemática, nos comprometemos a desarrollar una agenda de políticas públicas que garantice igualdad de condiciones y oportunidades para todas las personas en el ámbito laboral. Nuestro objetivo es crear ambientes laborales libres de violencia y discriminación basadas en el género o la orientación sexual, promoviendo así una sociedad más justa y equitativa.

Estamos comprometidos en defender los derechos de género y diversidades en el trabajo. Hemos avanzado, pero el camino es largo. Nuestras organizaciones están convencidas en liderar este proceso, por lo cual hemos modificado nuestros estatutos para contar con una mayor representación de mujeres y diversidades en los órganos de conducción de nuestras organizaciones, adaptándonos a las nuevas realidades. También continuaremos impulsando a los empresarios para que acompañen la inserción de género y diversidades en los planteles de sus empresas.

Es tiempo de avanzar en un proceso de aprendizaje profundo que cambie viejas convicciones, pautas de conducta y abrir la puerta a nuevos caminos de convivencia que enriquecerán tanto el trabajo como las relaciones humanas.

Es por ello que venimos trabajando fuertemente en los desafíos que nos plantea la implementación del Convenio número 190 y las Recomendaciones 206 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en nuestro país.

Actualmente, el Convenio y la Recomendación se suman al corpus normativo internacional en materia de derechos humanos y son una muestra del avance en materia de derechos de las mujeres y de las diversidades en los ámbitos de trabajo, aun en contextos desfavorables. Debemos redoblar los esfuerzos para detectar las brechas existentes de cara a la implementación de las disposiciones del Convenio 190 en el derecho interno y definir cuáles son los principales desafíos para su aplicación.

Varias de las organizaciones sindicales han modificado sus estatutos para incluir una cláusula referente a la violencia de género y han realizado capacitaciones al respecto. Un ejemplo, es la modificación del estatuto realizada por el SMATA en noviembre del 2022.

El movimiento de las mujeres ha sido uno de los sectores más dinámicos de la sociedad en los últimos años. Un sector que no solo ha peleado por la ampliación de derechos de la mitad de la población si no que ha logrado ir modificando la sociedad en su conjunto transformándola en una sociedad mejor: más igualitaria, más tolerante e inclusiva.

Pero para continuar avanzando en una sociedad más justa e igualitaria no alcanza con una ley o algunos programas que beneficien a algún sector. Se necesita de una férrea voluntad política, un gobierno que esté convencido que un país más inclusivo es un país más próspero y con más desarrollo. El movimiento de mujeres y diversidades ha producido un profundo cambio cultural en nuestro país, pero sólo un gobierno peronista, que acompaña esa transformación con inversión desde el Estado, puede hacer posible el cambio material necesario.

En nuestro país los más pobres son niños, niñas y mujeres, y en su mayoría esos niños y niñas son hijos de mujeres que los crían solas, ocupadas en los sectores de remuneraciones más bajas de nuestra economía, en la informalidad, con padres ausentes que ni siquiera cumplen con la cuota alimentaria.

Para dar el salto al desarrollo, precisamos todo el talento que nuestro país tiene para dar. Y esto incluye a las mujeres: es clave incorporar a más mujeres en sectores estratégicos de la economía, y mejorar sus condiciones de trabajo.

Para sumar a más mujeres al desarrollo, tenemos que seguir trabajando contra las desigualdades económicas, que continúan siendo un problema en nuestro país. De acuerdo a los últimos datos disponibles:

• Las mujeres realizan el 70% de todo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado: esto implica cocinar, lavar, limpiar, trasladar y en suma sostener a toda la economía;
• Esto les insume, en promedio, 6 horas y media por día con las que no cuentan para otras actividades y proyectos como trabajar de manera remunerada, estudiar, disfrutar el tiempo libre;
• Como consecuencia de esto, las mujeres se insertan en el mercado de trabajo en peores condiciones que sus pares varones: tienen menores niveles de actividad (52,2% contra 70.9% en varones), y de empleo (48,1% contra 66,5%), y mayores niveles de informalidad (37,8% contra 33,6%);
• Esto se explica también porque se insertan en sectores con menores salarios y menos empleo formal: 4 de cada 10 mujeres que trabajan de manera remunerada se insertan en trabajo en casas particulares, educación y salud;
• Como consecuencia de su peor inserción laboral, ganan un 27,9% menos que los varones y 7 de cada 10 de las personas más pobres en nuestro país son mujeres;
• Todas estas desigualdades se profundizan cuando son las únicas responsables del cuidado y la manutención de sus hijos (los hogares “monomarentales”). 3 de cada 5 de estos hogares no recibe la cuota u obligación alimentaria en tiempo y forma.

Por eso, el récord de empleo de las mujeres es una gran noticia, y no es casualidad. Se explica por una política sostenida y transversal para crecer económicamente al mismo tiempo que reducimos las desigualdades.

Con el Ministerio de las Mujeres como organismo coordinador, hemos puesto en marcha una serie de políticas que en su conjunto nos permiten mejorar las condiciones de vida, y las posibilidades, de las mujeres.

Hablar es fácil. Hacer es difícil. Desde el Gobierno venimos haciendo muchos esfuerzos para resolver los problemas reales de las mujeres reales. Estos esfuerzos se pueden medir, por ejemplo, a través del presupuesto con perspectiva de género. El Presupuesto 2023 destina el 14,7% del gasto a reducir las desigualdades de género.

Algunas de las medidas más importantes:

• Políticas para distribuir el tiempo y la responsabilidad de cuidar:
  • Índice Crianza (1,6 millones de hogares monomarentales/ 3 millones de niños/as)
  • Inversión en Infraestructura en cuidados (500 jardines del MOP)
  • Moratoria previsional (74% de quienes se jubilan por esta vía son mujeres)
  • Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado (190.000 beneficiarias potenciales, 130.000 activas).
  • Jardines y reintegros por cuidados en los espacios de trabajo (gracias a la reglamentación del Art. 179 de la LCT, que estuvo casi 50 años sin efecto).
• Políticas para mejorar la inserción laboral de las mujeres:
  • Emprender Mujeres (créditos a tasa subsidiada para mujeres emprendedoras, más de 1500 solicitudes, 2000 millones de pesos)
  • Producir con Equidad (más de 85 proyectos para incorporar más mujeres en las PyMES por casi $700 millones en 2023)
  • Programa Registradas (subsidio del 50% del salario de las trabajadoras de casa particular para mejorar el empleo y la registración, 290.401 altas totales de TCP desde el 28 de septiembre de 2021)
  • Régimen de Economía del Conocimiento (contiene incentivos para la contratación de mujeres en este sector estratégico de la economía);
  • Programa para la Promoción e Inclusión de Mujeres en la Actividad del Transporte Automotor (capacitación de mujeres para ser conductoras de transporte público de pasajeros, subsidio de la licencia, e inclusión en un registro de mujeres para facilitar el contacto con las empresas);
  • Constructoras (capacitación de mujeres titulares del Potenciar en distintas actividades vinculadas a la construcción y contratación de mujeres constructoras en obras públicas provinciales).
• Políticas para fortalecer los ingresos de las mujeres:
  • Acompañar (6 meses de salario mínimo, vital y móvil y acompañamiento terapéutico y jurídico a mujeres víctimas de violencia. El programa ya llegó a más de 260.000 mujeres y contribuyó a reducir en un 13% los femicidios desde 2019).
  • Reintegros del 15% con topes de $4.056 y $8.114 en caso de tener dos beneficios (más de 6 millones de beneficiarios/as potenciales, 81% son mujeres).
  • Créditos ANSES (casi 3,4 millones de mujeres jubiladas)
  • Bonos e incrementos AUH (93,2% de lxs titulares de AUH son mujeres).

El peronismo es y debe seguir siendo un movimiento ampliador de derechos y oportunidades, un promotor de mejora de las condiciones de vida de todos, donde las mujeres y los niños ocupan un lugar central, en un contexto en el que continúan siendo los más postergados, quienes más sufren la pobreza, la mala distribución del ingreso.

Queremos seguir avanzando para generar más oportunidades para las mujeres que tienen mucha potencia y capacidad de trabajo, pero muchas veces no tienen la oportunidad.

Por eso, seguiremos avanzando en dar respuestas concretas a las situaciones de desigualdad económica que las mujeres viven día a día.

Lo hicimos con el índice crianza, que busca dar previsibilidad y justicia a los miles de hogares monomarentales, para que miles de niños y niñas tengan la posibilidad de desarrollarse. Se establece así un piso real y concreto informado por el INDEC mes a mes para que mujeres y hombres puedan establecer la cuota alimentaria en caso de divorcio o separación, y asegurar así el desarrollo pleno de niños y niñas. En esto Argentina es pionera en el mundo.

Lo hicimos también con políticas de promoción, acompañamiento y financiamiento para las mujeres que, en todas las clases sociales, deciden emprender, iniciar un proyecto de independencia económica.

Lo hicimos, conscientes de que nuestra economía necesita que cada vez más mujeres puedan, como los varones, salir de los ámbitos de la reproducción para protagonizar más los ámbitos de producción.

La Argentina necesita tener más y mejores empresas. Se trata de un factor clave para el crecimiento económico. En este sentido, la existencia de una brecha de género resulta concretamente en costos para nuestra economía: la pérdida de oportunidades de desarrollo empresario, de generación de empleo. Necesitamos más emprendimientos, más empresas, lideradas por mujeres.

Más empresas significan una estructura productiva más fuerte y la posibilidad de generar más puestos de trabajo. Y ahí es donde hemos logrado generar los incentivos y las condiciones para que más mujeres sean protagonistas. Hay cifras alentadoras, y es a su profundización hacia dónde vamos.

En 2022 el 30% de las MIPYMES estaba liderado por mujeres, pero entre los emprendimientos -empresas de menos de 7 años de vida- ese porcentaje asciende a 39%. Esta cifra prueba la transformación que hemos impulsado y que queremos fortalecer. Queremos que cada vez más mujeres se animen a emprender, a construir empresas y que lo hagan porque saben que hay un estado presente que genera y pone a su disposición políticas públicas para acompañar esa decisión.

Sabemos que para que las mujeres sigan ampliando su participación en el mundo del trabajo y la producción, y sigamos revirtiendo desigualdades, es prioridad continuar fortaleciendo el sistema de jardines y jardines maternales a lo largo y ancho de nuestro país. No hay posibilidad de que las mujeres se inserten en el mercado de trabajo o pongan en marcha sus propios emprendimientos si no es contando con un Estado que garantice el cuidado y educación de calidad de sus hijos e hijas durante las horas en que las madres salen a trabajar.

Por eso se hemos dado pasos importantes en inversión en infraestructura de cuidados (500 jardines del MOP), revirtiendo el abandono de los cuatro años macristas. Nos dicen que se preocupan por la educación y por el tiempo de las mujeres, y dejaron a más de 22.000 chicos sin vacante el año pasado.

Sabemos que no es posible pensar en independencia económica de las mujeres si no es con un Estado presente que las acompaña apalancando sus proyectos con financiamiento, generando incentivos para su contratación en el mercado de trabajo, y con jardines y escuelas donde sus hijos se desarrollen plenamente mientras ellas también lo hacen.

No podemos retroceder, tenemos enfrente una derecha que amenaza todas las conquistas, algunas explícitas como destruir el ministerio y las áreas mujer de todos los ministerios, y otras implícitas como discontinuar las políticas de igualdad.

Convocamos a todos y todas a crear una barrera infranqueable que impida los retrocesos, pero particularmente al poderoso y valiente movimiento de mujeres a que nos acompañen en el camino hacia una sociedad inclusiva

“Abordando de manera integral el problema de las adicciones, con el liderazgo del Estado”

Las adicciones no son problemas de drogas sino de personas que se relacionan problemáticamente con las sustancias. Este es un problema vinculado al trayecto de vida de las personas. En ese sentido, estamos convencidos que la SEDRONAR debe acompañarlas desde un abordaje integral que se ocupe de la construcción de sus lazos sociales y de la mejora de sus condiciones y su calidad de vida.

Aprendimos también que el rol del Estado nacional es fundamental pero no alcanza sin una alianza con los gobiernos provinciales y municipales y con la comunidad a través de sus organizaciones sociales, eclesiales, comunitarias y territoriales.

De esta manera, fortalecimos la Línea 141 de atención y consulta, descentralizamos el Centro de Atención Inmediata (CAI) en 9 sedes y ampliamos la Red Federal de Espacios de Atención y Acompañamiento de la SEDRONAR, pasando de 357 dispositivos en 2019 a 808 en julio de 2023. Esto significa un crecimiento del 126% en casi 4 años de gestión.

Hoy desde el Estado nacional, en articulación con provincias, municipios y organizaciones comunitarias, atendemos a 81.000 personas por mes, entendiendo que debemos cuidar y acompañar sin discriminar a los que consumen.

A futuro, para consolidar estas políticas públicas debemos:

• Invertir en la creación de nuevas Casas Convivenciales en cada provincia para seguir sumando dispositivos de cogestión en el territorio y continuar el proceso de ampliación de la accesibilidad.
• Trabajar en el armado de Mesas Comunitarias de Cuidado y Seguridad Integral en los barrios populares, junto a otras áreas estatales y actores relevantes de la comunidad, para elaborar estrategias específicas en cada territorio, teniendo en cuenta sus características y particularidades.
• Avanzar en la elaboración de políticas de atención destinada a niños, niñas y adolescentes, incluyendo en la discusión a provincias y municipios, interesados en esta problemática.
• Diseñar un Programa Escolar de Atención y Prevención, junto a provincias, municipios para trabajar hábitos de cuidado y prevención de los consumos orientada a niños, niñas y adolescentes, en el ámbito escolar.

Las adicciones son una problemática presente en todos los ámbitos. Además del impacto en la vida familiar y personal, también están vinculadas con la seguridad ciudadana, el narcotráfico, el lavado de dinero y la evasión.

Nuestro país se encuentra en estado de “Emergencia en Adicciones” declarada por decreto presidencial y padecida por el conjunto de la población, pero especialmente por quienes viven en condiciones de alta vulnerabilidad social.

En este contexto, “no al consumo de droga” es un posicionamiento político de las organizaciones sindicales hoy firmantes. Este aspecto es fundamental. Es por ello que pretendemos:

• contener y defender a la persona trabajadora con problemas de adicciones, evitando su discriminación;
• favorecer su continuidad y reinserción laboral;
• llevar adelante tareas de concientización y sensibilización;
• elaborar y difundir contenidos informativos y formativos;
• capacitar a delegados, delegadas y personal de la red social;
• establecer redes de trabajo con entidades públicas y privadas;
• promover hábitos saludables de vida.

El Estado argentino debe liderar la estrategia de articulación con las organizaciones sindicales para trabajar en programas de carácter preventivo.

“El deporte como herramienta de inclusión social”

Junto con la educación, el deporte es la mejor inversión que puede hacer el Estado; ambos son los motores de cuidado y de formación de nuestra sociedad. Es por este motivo que nuestros objetivos de cara a los próximos años de gestión han de ser claros y concretos. Entre ellos impulsaremos la ampliación de Clubes en Obra; el Plan 1000 Polideportivos; un millón de becas deportivas para niños y jubilados; la reglamentación de la Ley Nacional de Clubes; la incorporación de los atletas al régimen laboral y jubilatorio; tarifa social para todos los clubes del país; construcción de centros regionales de alto rendimiento para federalizar el acceso a la práctica deportiva; un programa de detección de potencialidades y talentos; y un plan para jerarquizar los Juegos Nacionales Evita, entre otras iniciativas.

Por otro lado, una política que ha de ser fundamental en la gestión es la restitución de la autarquía financiera del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), un reclamo de la comunidad del deporte desde el decreto sancionado por el expresidente Mauricio Macri en 2017, que derogó el financiamiento a través de las empresas de telefonía móvil.

Como visión, para nuestro espacio el deporte tiene una enorme función social en mitigar otros problemas que tiene nuestra sociedad, como la droga y el alcohol. Cuando un niño o una niña está en un club, en un polideportivo, está en un lugar seguro, de contención, de aprendizaje.

Hace algunos días vengo leyendo que el deporte no está en la campaña electoral; vengo viendo preocupación por la carencia de información, propuestas y toma de posición explícita de los candidatos respecto al deporte y al rol que tendrá en el gobierno que comience el 10 de diciembre. Hoy vengo a transmitirle a toda la comunidad deportiva de nuestro país, a los deportistas, a los entrenadores, a los dirigentes de clubes, que el deporte a partir del 10 de diciembre de este año va a ser política de Estado, una prioridad para nuestro gobierno.  Hoy vengo a compartirles un modelo con el cual vale la pena comprometerse.

Hoy se cumplen 9 meses desde que Messi y los muchachos nos trajeron la tercera ¿Y qué nos dio ese mundial? La unidad de nuestro pueblo. Que cada argentino, en cada rincón del país, en el mismo momento quisiera que a nuestro país le vaya bien. Todos empujando para el mismo lado. Esa potencia tiene el deporte. A partir del 10 de diciembre voy a construir un gobierno de Unidad Nacional, y el deporte va a ser una herramienta fundamental de esa unidad que necesitamos los argentinos.

¿Saben qué? Nosotros también ahora nos volvimos a ilusionar. Porque tenemos con qué. Tenemos un proyecto.

Estamos convencidos que el Estado además de estar presente tiene que promover, ser inteligente y eficiente para fortalecer al deporte en cada rincón de la Patria: porque hace a la calidad de vida, bienestar y la felicidad de un pueblo y sobre todo de los más chicos. Hace poco vimos un video de un candidato queriendo eliminar el Ministerio de Turismo y Deportes. Sin ir más lejos, aquí a mis espaldas tenemos el CeNARD, en el que miles de deportistas entrenan diariamente para representarnos a todas y todos, para dejar en alto nuestra bandera. Otro de los espacios políticos que busca gobernar nuestro país quiso venderlo para hacer proyectos inmobiliarios, y lo pudimos detener gracias a ustedes, la comunidad deportiva, que resistieron para que la casa de nuestros deportistas no se transforme en un negocio de cuatro vivos.

Lo que para otros es un negocio, para nosotros es inclusión, es desarrollo, es marca de la Argentina en todo el mundo. Por eso vamos a poner en valor infraestructura deportiva en todo el país, y a multiplicar los CeNARD en cada región de nuestra patria y construir 1000 polideportivos municipales.

Por eso vamos a realizar obras en más de 10.000 clubes de barrio con el programa Clubes en Obra que tan buenos resultados dio, para que nuestras pibas y pibes puedan practicar su deporte favorito en las mejores condiciones. En nuestro país, el deporte nació de la mano de los clubes, la mayoría de ellos centenarios. Nuestros clubes son un modelo único en el mundo y deben ser centro de la política pública deportiva.

Por eso le vamos a devolver la autarquía financiera al ENARD que le sacó Macri para que nuestros deportistas tengan el apoyo que necesitan para entrenarse y competir en igualdad de condiciones en Sudamericanos, Panamericanos, Mundiales y Juegos Olímpicos.

1. Recuperar la autarquía financiera del ENARD

Garantizar la estabilidad del apoyo económico a deportistas de alto rendimiento y clubes

2. 10 mil obras en clubes de barrio

Multiplicar el programa “Clubes en Obra” de mejora de infraestructura

3. Plan 1000 polis

Construcción y refacción en polideportivos provinciales y municipales

4. Un millón de becas para chicos y jubilados

Para que los beneficiarios de la AUH y afiliados al PAMI practiquen deportes en clubes

5. Reglamentación de Ley Nacional de Clubes

Poner en pleno funcionamiento la Ley 27.098 sancionada en 2015

6. Derechos laborales para los deportistas

Incorporar a los atletas al régimen laboral y jubilatorio

Implementación del Proyecto Doble Carrera

7. 100% de clubes con tarifa social

Campaña para garantizar el acceso al subsidio energético

Regularización masiva de clubes

8. Federalizar el deporte

Construcción de cinco centros de alto rendimiento regionales

Fortalecimiento del Consejo Nacional del Deporte

9. Programa de detección de potencialidades deportivas

Detección de talentos y formación de promotores deportivos para la inclusión

10. Jerarquizar los Juegos Evita

Planificación de las instancias locales y nacionales junto al Consejo Federal del Deporte.

“La vivienda es un derecho humano fundamental”

Todas las personas tienen el derecho de tener una vivienda digna, y es obligación del Estado argentino contribuir a que todas las personas tengan un techo propio. En esta administración el gobierno facilitó los créditos para la vivienda a la par que promovió el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS). Este último busca identificar la demanda de suelo por parte de personas y familias de sectores populares para planificar proyectos de lotes urbanos y rurales según las necesidades de la población. Este registro forma parte de una política de acceso igualitario a la tierra que se ha llevado adelante desde la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Respecto al tema de créditos para la vivienda y registro único de solicitantes de lotes, el primer punto a marcar es que estamos ante una generación de inquilinos en la Argentina, las personas grandes, los jubilados tienen vivienda, porque en términos generales han vivido en una Argentina que ha accedido a crédito en algún momento, no es esa la situación de los adultos y menos de los jóvenes. Con lo cual el acceso a la vivienda, a los lotes, a la posibilidad de tener un terreno, una casa, es determinante y hoy el costo del alquiler desacomoda la vida y el funcionamiento de la familia. Estamos ante una generación de inquilinos y ese es uno de los grandes problemas.

En el caso del registro único, la clave es establecer un banco social de tierras, un registro único de lotes con servicios, la experiencia argentina es que cuando se han loteado, se han generado lotes sin servicios, ha terminado saliendo muy mal, es lotes con servicios para urbanizar, para encarar procesos de acceso con crédito no bancario a tasa subsidiada para el acceso a la vivienda de aquel que tiene un trabajo formal o de aquel que tiene un trabajo informal pero puede demostrar que tiene ingresos sostenidos porque labura haciendo changas permanentemente. Ahí hay una parte, la otra parte es el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrio Popular, tenemos 5.600 barrios donde viven 5 millones de personas que hay que urbanizar, urbanizar esas, abrir calles, poner cloacas, mejorar las condiciones básicas, construir vivienda y junto con eso resolver el problema de la titularidad de la vivienda y esto de vuelta remite al tema del lote, el lote con servicio, la titularidad. En mi opinión se trata de ir por los 3 caminos, por un lado generar sistemas de crédito no bancario directo para el acceso a la vivienda y el mejoramiento de la vivienda. En segundo lugar el registro de lotes con servicio, dejando muy claro que tienen que tener servicios y generando condiciones para que accedan quien tiene trabajo formal de bajo ingreso, quien hace changas sostenidamente o quien puede en una familia mostrar un ingreso sostenido. Y el tercer punto es la urbanización de villas, barrios y asentamientos, estamos hablando del Registro Nacional de Barrios Populares, los 5.600 barrios. En mi opinión son las 3 líneas que hay que encarar en lo que hace este punto.

Ante las demandas de desarrollo, producción y trabajo consideramos que la construcción de viviendas sociales es un fuerte componente para potenciar las economías regionales y locales.

Frente a ello, la participación gremial en las políticas de vivienda tiene un rol fundamental para garantizar que las necesidades de los trabajadores y sus familias sean tomadas en cuenta en la planificación y ejecución de programas de vivienda. Los gremios representan a los trabajadores de diferentes sectores y tienen conocimientos específicos sobre las condiciones laborales y de vida de sus afiliados.

Además, la participación gremial puede ayudar a garantizar que los programas de vivienda sean equitativos y accesibles para todos los trabajadores, independientemente de su nivel de ingresos o estatus laboral. De esta forma, se podrá trabajar en conjunto con las autoridades para desarrollar políticas y programas que incluyan medidas de protección social.

En este marco, la UOCRA manifiesta que por cada trabajador empleado en la construcción se generan, en promedio, 3 empleos en el conjunto de la economía, por sus efectos sobre los otros sectores de actividad -dadas las vinculaciones intersectoriales que estos procesos implican-.

Asimismo, el 98% de la inversión destinada a la construcción de una vivienda se “consume” en productos nacionales, dinamizando a las actividades y a los actores económicos locales. Es importante señalar que no son actividades demandantes de dólares.

Por otra parte, la inversión pública destinada a estas actividades muestra un retorno de los excedentes generados del 48% vía impuestos municipales, provinciales y nacionales. Es importante considerar que el déficit de viviendas actuales, entre refacciones y nuevas, es de 6.400.000.

Por ello resulta necesario abordar las siguientes cuestiones prioritarias:

• Implementar, con una mirada solidaria y colaborativa, acciones tendientes a facilitar a la población con recursos económicos insuficientes, el acceso a una vivienda adecuada, en el marco de un desarrollo urbano sustentable.
• Promover el desarrollo productivo de las economías locales y regionales a partir de activar la industria de la construcción. Esta reactivación debe generar puestos de trabajo genuinos, garantizando la ocupación de mano de obra local calificada.
• Establecer “puentes” de dialogo y acción entre los sindicatos y el actor estatal para acordar programas que permitan la ejecución de obras de vivienda nueva, mejoramiento de viviendas, infraestructura, regularización dominial y demás acciones destinadas a fortalecer la capacitación y formación profesional.

Necesitamos un NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA

Tenemos un déficit de 4 millones de viviendas.

Y 8 millones de argentinos que alquilan en un mercado de alquileres que como todos sabemos está en una situación crítica. Se desestructura la vida de los ciudadanos. NO SE PUEDE PLANIFICAR ni a corto ni a mediano plazo.

El problema del acceso a la vivienda ya afecta a casi toda la sociedad. “Si no heredaste, es imposible comprar. Y ahora, también es casi imposible alquilar”.

Lo que hacemos desde el estado, construyendo vivienda, hace felices a muchas familias, pero no alcanza dada la magnitud del problema. Pero el mercado tal cual está funcionando tampoco resuelve el problema; no produce viviendas, produce opciones de inversión.

Necesitamos actuar YA para garantizar el acceso a la vivienda.

1.  Vamos a recuperar el SUEÑO DE LA CASA PROPIA, convocando al sector privado a UN GRAN ACUERDO FEDERAL por la VIVIENDA ACCESIBLE

Vamos a convocar al sector privado de la construcción e inmobiliario a un GRAN ACUERDO para producir y comercializar los inmuebles en pesos y a precios accesibles.

Queremos que el sector privado siga haciendo buenos negocios, pero que además de buenos negocios sean SOCIALMENTE ÚTILES y que sean una oportunidad para que los argentinos puedan volver a ser dueños.

Vamos a alinear el INTERÉS PÚBLICO Y PRIVADO para cumplir un objetivo claro:

QUEREMOS QUE MÁS ARGENTINOS Y ARGENTINAS puedan acceder al sueño de la casa propia a partir de una nueva OFERTA DE VIVIENDA ACCESIBLE Y DESDOLARIZADA.

CÓMO LO VAMOS A HACER

• Movilizando tierras públicas al servicio de la producción de vivienda;
• Brindando opciones para que la clase media utilice sus pequeños ahorros;
• Armando esquemas de cooperación público-privado.

1. VAMOS A REFORMULAR PROCREAR

Para que los créditos del PROCREAR se puedan aplicar para oferta privada que se comercialice en pesos

1. VAMOS A IMPULSAR FIDEICOMISOS PÚBLICOS AL COSTO

Donde el Estado aporta la tierra, los sectores medios sus pequeños ahorros, construye el sector privado y luego el Estado aporta financiamiento para que las familias terminen de pagar las unidades al costo.

1. VAMOS A SEGUIR IMPULSANDO LA CREACIÓN DE LOTES CON SERVICIOS

Ya está abierto el registro para acceder a los más de 500 mil lotes con servicios sobre tierras públicas que vamos a poner a disposición para que las familias construyan su casa y eventualmente su unidad productiva.

1. VAMOS A ASEGURAR, PROFUNDIZAR Y UNIVERSALIZAR LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA DE LOS BARRIOS POPULARES

Vamos a acelerar para terminar el proceso de integración que ya está iniciado en los casi 5 mil barrios populares de la argentina, garantizando la provisión de todos los servicios públicos.

1. ATENDER EL DRAMA DE LOS ALQUILERES.

Vamos a DECRETAR LA EMERGENCIA HABITACIONAL en todo el país. Es el marco que necesitamos para reordenar el mercado de alquileres, en un contexto de alta inflación y frente a la incertidumbre que generó la polémica alrededor de la discusión de la ley de alquileres.

Sabemos que LA LEY no produjo los resultados esperados. Todavía el congreso está discutiendo las modificaciones necesarias, pero sabemos que con eso solo NO ALCANZA para ordenar un mercado tan desordenado.

NECESITAMOS YA POLÍTICAS PARA LOS ALQUILERES y decretar la emergencia es lo que nos va a permitir actuar rápidamente

A. Vamos a DECRETAR LA EMERGENCIA HABITACIONAL en todo el país por 180 días.

B. Vamos a Estabilizar el Mercado de Alquileres a partir de un Programa de Alquileres Justos.

Para el segmento más vulnerable del mercado vamos a constituir un FONDO DE ESTABILIZACIÓN que le adelante a los propietarios el valor presente neto de la totalidad del contrato de 36 meses, para luego cobrarle a los inquilinos 36 cuotas consecutivas con una actualización anual un 25% por debajo de lo provisto por el actual índice.

Con eso, le resolvemos a los propietarios la exposición de su renta a la inflación.

Y a los inquilinos les damos previsibilidad con contratos de 36 meses y le mejoramos su poder adquisitivo al actualizar anualmente muy por debajo de la inflación.

C. Vamos a Regular el Alquiler Temporario Turístico.

Para que no se retraiga aún más el mercado de alquileres residenciales tradicional y no se dolarice la oferta.

D. Vamos a impulsar la creación de bancos públicos de vivienda a nivel Nacional, provincial y municipal.

Que es lo que hacen en todos los países del mundo para que el Estado pueda ofrecer alquileres sociales para las poblaciones más vulnerables.

ANEXO – DESARROLLO DE PROPUESTAS

1-CASA PROPIA

A- REFORMULACIÓN DEL PROCREAR

• Relanzando un PROCREAR que va a apoyar a desarrollos inmobiliarios privados en sus distintas etapas a partir del financiamiento de un segmento de su demanda con créditos hipotecarios adecuados a las necesidades de las familias, a cambio de que se les ofrezcan precios asequibles y valores en pesos.

B-FIDEICOMISOS PÚBLICOS AL COSTO INSTRUMENTAR FIDEICOMISOS PÚBLICOS AL COSTO sobre terrenos fiscales donde:

• EL ESTADO APORTA LA TIERRA y CONSTITUYE EL FIDEICOMISO.
• LOS SECTORES MEDIOS APORTAN SUS AHORROS COMO CUOTA INICIAL, lo que sirve como apalancamiento del desarrollo.
• SE LICITA LA CONSTRUCCIÓN. Construye el sector privado, pero NO comercializa.
• EL ESTADO APORTA CRÉDITO HIPOTECARIO para que las familias cubran la brecha entre su ahorro y el costo final de las unidades.

C-CREACIÓN DE LOTES CON SERVICIOS

• Programa de 500 mil lotes con servicios públicos para vehiculizar relocalizaciones voluntarias dentro de los mismos aglomerados urbanos o en otras ciudades y regiones, cuyas economías regionales ofrezcan oportunidades de trabajo y arraigo.

D-ASEGURAR, PROFUNDIZAR Y UNIVERSALIZAR LOS PROCESOS DE

INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA DE LOS BARRIOS POPULARES

• Planificar con las organizaciones sociales del territorio. Promover, darle velocidad y universalizar la integración sociourbana de los barrios populares en todo el país.
• Acompañar a las familias, dar facilidades para mejorar el acceso a servicios.

2- ALQUILERES

1. Declaración de Emergencia Habitacional

• Considerando la gravedad de la situación habitacional actual y dadas las características del mercado de alquileres totalmente dependiente de la oferta privada; resulta indispensable implementar medidas urgentes que fomenten el aumento inmediato de la oferta de inmuebles destinados a alquiler de vivienda permanente.
• Las dificultades extremas para el acceso a la vivienda obliga a reorientar los recursos hacia soluciones direccionadas a sustraer a la población inquilina de ese contexto, dado su estado de extrema vulnerabilidad.
• Para hacer un abordaje integral, resulta aconsejable regular también el alquiler temporario de viviendas con destino turístico a la par de la implementación del resto de las medidas de emergencia.

1. PROGRAMA DE ALQUILERES JUSTOS

• Lanzamiento de un programa innovador para facilitar el acceso al alquiler de los segmentos más vulnerables a partir de la oferta privada.
• Instrumento: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO DE ALQUILERES (fideicomiso financiero y de administración)
• A propietarios que alquilen su segunda vivienda para ese segmento del mercado, el FEMA le adelanta el valor presente neto de la totalidad del contrato de alquiler.
• La devolución del inquilino al Fondo será a través del pago del equivalente al alquiler de esa vivienda con una actualización anual de un 25% menos de lo que exige el índice de la ley vigente.

1. REGULACIÓN ALQUILERES TEMPORARIOS TURÍSTICOS

• Creación de un Registro Nacional de Viviendas en Alquiler Temporario Turístico.
• Regular la actividad de las plataformas digitales de alquiler temporario, apuntando a que las plataformas procedan a dar de baja las publicaciones que incumplan con la registración nacional.
• Fortalecer las regulaciones provinciales y municipales que apunten a regular la actividad de alquiler temporario turístico.
• Imponer penalizaciones fuertes para propietarios que incumplan con la registración.
• Establecer alícuotas más beneficiosas en bienes personales para aquellos inmuebles que se encuentran registrados y declarados que se encuentran bajo un alquiler permanente.

1. .BANCOS PÚBLICOS DE VIVIENDA

• Vamos a avanzar en la creación de un parque de viviendas de titularidad del Estado para empezar, progresivamente, a incidir en la oferta de alquileres. Se hace en muchas otras partes del mundo y la Argentina está muy por detrás. Vamos a trabajarlo en los distintos niveles de gobierno.

El problema habitacional atraviesa a todos los países, tanto de ingresos bajos como medios y altos. Los especialistas a nivel mundial identifican como causas fenómenos demográficos y culturales (familias más pequeñas o unipersonales que necesitan un espacio propio), el auge del turismo que conlleva oportunidades de alquiler temporario desplazando a los residentes y, especialmente, la financiarización del mercado inmobiliario.

Según el último CENSO 2022, sólo el 58,7% de los hogares tiene vivienda propia mientras que en el CENSO 2010 este porcentaje era de 72,9 % y en 2001 de 74,9%. Para los hogares inquilinos el costo de la vivienda es el mayor de los gastos del presupuesto familiar.

En Argentina se suman la falta de crédito hipotecario por el contexto macroeconómico y el desigual desarrollo de las regiones que promueve el desplazamiento de la población hacia los grandes centros urbanos. A lo cual se le suma, especialmente en los centros urbanos, la dolarización del mercado inmobiliario, que produce un descalce entre salarios en pesos y viviendas dolarizadas.

Desde diciembre de 2019 se entregaron más de 100 mil soluciones habitacionales, incluyendo desarrollos urbanísticos PROCREAR, a los que se suman los créditos para construcción, refacción y mejora. Este programa resultó sumamente exitoso comparado con la política de créditos UVA implementada durante la gestión de Mauricio Macri.

La resolución del problema habitacional tiene como condición necesaria una macroeconomía ordenada, la recuperación de los ingresos y el fortalecimiento federal de todas las provincias.

La ley 27.551/20 (Ley de Alquileres) es erróneamente identificada como “el” elemento que generó el aumento de precios y la falta de oferta. La problemática es de larga data, y con múltiples causas (por ejemplo la competencia con el alquiler temporario), pero su sanción coincidió con un momento en el cual los alquileres estaban congelados por la pandemia.

La ley implicó constituir un piso de derechos para inquilinos, al regular garantías, depósitos, establecer criterios razonables para la renovación, entre otros. En la mayoría de los países se avanza en legislación que regulan el mercado de alquileres por tratarse de una relación sumamente desigual. Ninguna ley o derogación de una ley puede resolver en sí misma un problema tan complejo.

“Los programas sociales son un instrumento para la reinserción”

Los Programas Sociales apuntan a las personas vulnerables, con quienes cumplen una doble función social: por un lado, complementan los ingresos de los y las trabajadoras/es que se desarrollan en la Economía Popular, y por otro constituyen una forma de asistirlos en la reinserción al trabajo en el sector privado.

En la actualidad el principal Programa Social de Trabajo en la Argentina es el “Potenciar Trabajo”, nacido en 2020 para nuclear en un solo programa a los y las titulares de los antiguos programas: Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Desde el Barrio, Salario Social Complementario y Hacemos Futuro. Durante la pandemia este programa fue fundamental para sostener las actividades comunitarias y de salud en los Barrios Populares.

El programa Potenciar Trabajo posee 1,3 millones de titulares, de los cuales 1 millón trabajan en tareas Comunitarias (50,2%), trabajos de oficio (17%), construcción social (9,3%), Comercio Popular (9%), Agricultura Familiar (8,3%), Reciclado (4,2%) y Producción de Manufacturas (3,7%). El resto desarrolla cursos de Formación.

Para que la gente deje de necesitar programas sociales de trabajo se requiere, por un lado, fortalecer la Economía Popular con formalización, derechos laborales y fortalecimiento productivo y, por otro, mejorar las condiciones de acceso y empleabilidad para quienes desean insertarse en empresas privadas.

Es decir, el período con plan debe servir para ayudar a los trabajadores a mejorar la productividad de su tarea permitiendo que accedan a crédito para maquinaria y capital de trabajo y capacitación, para que al finalizar puedan formalizar el empleo.

No hay denostar la economía popular, es una forma de organización económica que genera circuitos de producción y comercialización, que fomentan la creación de valor dentro del sector, con derrames hacia la economía formal.

El programa Potenciar Trabajo supone un gran avance en el camino hacia la conversión en empleo genuino dado que engloba tres líneas:

1. Generar un puente al empleo. Se acaba de aprobar una ley que apunta a que las pequeñas, medianas y microempresas, incorporen como empleado a una persona que tiene un plan social. El mismo, continuará durante 12 meses en el plan social, cobrando de parte del Estado y, la empresa le complementa el ingreso hasta llegar al salario mínimo de convenio. Además, se plantea una deducción importante de aportes patronales.

Se trata de generar incentivos económicos sobre todo a las pequeñas y medianas empresas para que incorporen trabajadores de planes sociales.

1. Poner el foco en cinco sectores productivos: construcción, actividad textil, producción de alimentos, sistemas de cuidados de personas y el reciclado. En los mencionados sectores se puede encontar mano de obra intensiva. Por eso, se requiere fomentar mecanismos de acceso a máquinas, herramientas, acompañamiento, insumo, para poder dar ese salto a mayor volumen de trabajo. Se trata de foemntar el desarrollo del propio emprendimiento.
2. Promover las escuelas municipales de oficio. Gran parte de las personas que están en planes sociales son jóvenes, gran parte de las personas que tienen planes sociales no han terminado la escuela secundaria, se trata de fortalecer la capacitación en oficios para terminar la escuela secundaria y para poder desarrollarse en el mundo laboral.

Este Gobierno ya está sentando las bases necesarias para convertir los planes sociales en empleo genuino. Las estimaciones del proyecto presentado tiene la intención de beneficiar inicialmente a cerca de 200 mil personas, siendo un «Puente Empleo» para la «Transformación de Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en Trabajo Formal de Calidad».

La iniciativa consiste en que los titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes que sean contratados por un empleador y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan (dependiendo del tipo de empleo) podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por un año y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio. De esta manera, se promueve una herramienta que permite a las pymes, a las provincias, a los municipios y a los actores de la economía popular tomar el plan como parte del salario y que el trabajador tenga el acceso a la obra social, al aporte jubilatorio y a su seguro.

“El trabajo registrado como reconocimiento a la dignidad personal”

Según datos oficiales (INDEC, SIPA – Sistema Integrado Previsional Argentino) aproximadamente el 45,56% de la PEA – Población Económicamente Activa pertenecen al grupo de trabajadores formales (registrados). Al mismo tiempo, nuestra realidad laboral está marcada por la presencia de un alto porcentaje de trabajadores informales, es decir, ocupados, pero en condiciones de vulnerabilidad. Es esta población que la que se encuentra cubierta con la política social.

Lo llamativo es que este proceso se da en un contexto de mejora del trabajo en general, pero no hemos podido generar empleos con derechos plenos y, por ende, ha crecido el trabajo cuentapropista y el empleo no registrado. Esto, en una fase del capitalismo mundial caracterizada por el cambio tecnológico acelerado, unido a la financiarización de la economía y a la monopolización de la producción, que sin lugar a duda pone en crisis el imaginario de desarrollo capitalista que caracterizó el siglo pasado de la argentina.

Por lo tanto, el trabajo en Argentina podemos describirlo a partir de dos grandes relaciones laborales. Por un lado, la asalariada (formal, registrado, con salario) y; por otro lado, la aquella que podemos denominar auto organizada.  Esto nos muestra que la clase trabajadora tiene una nueva configuración y en esa nueva configuración hombres y mujeres han creado nuevas formas de trabajo que les permita acceder a los bienes necesarios para la subsistencia familiar y al reconocimiento social que produce sentido en la vida de quienes trabajan.

Entonces, frente a esta reconfiguración del mercado de trabajo que se está dando en el mundo entero, me pregunto si todos coincidimos en que el trabajo es el ordenador social por excelencia.

Los trabajadores no registrados no tienen garantizada la cobertura médica para ellos y sus familias, no reciben la totalidad de los beneficios del sistema contributivo de asignaciones familiares en el caso de tener una familia o hijos a cargo y probablemente no recibirán los beneficios de la jubilación cuando se retiren del mercado laboral, ni contarán con el seguro por desempleo en el caso de ser despedidos. Esta situación se complementa con la ausencia casi total de beneficios laborales no ligados directamente a la seguridad social –empezando por la indemnización por despido, las vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura por accidentes de trabajo-, la falta de afiliación sindical y la percepción de ingresos por debajo de los establecidos en los convenios colectivos y por el Salario Mínimo Vital y Móvil. Por todo esto, el trabajo no registrado constituye una expresión cabal de la precariedad laboral.

Es una problemática de origen multicausal y de perfil heterogéneo que requiere de un conjunto de políticas activas sociales, laborales y económicas que atiendan a cada uno de sus determinantes y consecuencias.

Garantizando derechos

La inserción sistemática de trabajadores en el empleo registrado ha sido uno de los principales mecanismos del actual esquema de políticas, para enfrentar las problemáticas socio laborales existentes. El crecimiento del empleo formal fue un factor determinante para la reducción de la precariedad laboral y del desempleo, para el fortalecimiento de la negociación colectiva, la extensión de la cobertura del sistema de protección social, el incremento de los ingresos, la mejora de la equidad y el aumento de la presencia sindical.

La evolución reciente del trabajo registrado, encuadrando en este concepto a todas aquellas inserciones laborales que brindan acceso a las prestaciones contributivas previstas en el sistema de seguridad social, muestra que se alcanzó la cifra de trabajadores más alta de la última década. Esta variación positiva estuvo liderada por las empresas del sector privado y el sector público. Por su parte, el trabajo independiente se expandió producto del aumento en la cantidad de personas que adhieren al monotributo y logró compensar por demás la caída observada tanto en la cantidad de aportantes al monotributo social como en la cantidad de autónomos (Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Diciembre 2022).

Los avances logrados en la reducción del trabajo no registrado no implican que la problemática se haya resuelto, ni que la dimensión actual sea razonable ni deseable para nuestro país. Es por ello, que existen instrumentos como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Salario Social Complementario (SSC). Se toma como referencia estas dos prestaciones dado que ambas son transferencias de ingreso de amplio alcance cuyos titulares de derecho son trabajadores informales (ya sea de la Economía Popular, asalariados no registrados o personas que realizan trabajos no remunerados, dentro y fuera del hogar).

La AUH y el SSC son dos fuentes de ingreso de origen estatal con diferentes características:

• AUH es un derecho de los niños y niñas menores de 18 años que equipara la cobertura de la seguridad social contributiva que perciben los trabajadores registrados. Se ajusta según la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA (en función de la recaudación y los salarios de trabajadores registrados).
• SSC es un complemento salarial otorgado por el Estado a los trabajadores de la Economía Popular. Su ajuste equivale al 50% del SMVM. Abarca, por medio del Potenciar Trabajo, a una población total de 1.300.000 personas que brindan una contraprestación.
  • Generar una capacitación vinculada con la demanda laboral. Por ejemplo, pensar en actividades intensivas en mano de obra tales como construcción, textil, sistema de cuidado, reciclado y producción de alimentos.
  • Fomentar escuelas municipales de oficio, donde se realicen cursos cortos de formación profesional con orientación en un determinado perfil productivo definido por el municipio.
  • Fortalecer un gran banco de maquinarias, herramientas y materiales que, por medio entrega de insumos, herramientas, equipamiento, bienes de capital, permita generar una fuente de ingresos genuinos y sostenible.
• Potenciar la integración de los planes de cooperativas con la economía formal. El Estado financie una mayor integración de las cooperativas a la economía formal, a los efectos de reducir el costo fiscal que supondría el sostenimiento de una economía informal cada vez más grande en el largo plazo. Esto es, que haya un aumento transitorio del gasto para financiar esta integración en el corto plazo a los efectos de reducir el gasto fiscal en política social no contributiva. Mantener el statu quo en materia fiscal significa, en el largo plazo, sentar las bases para un crecimiento del gasto en políticas sociales no contributivas, lo que es incompatible con las capacidades económicas y fiscales de la Argentina. Esto implica avanzar en dos líneas de acción que deben tomarse en conjunto:

1. facilitar la transición de los trabajadores de las cooperativas a trabajos en la economía formal a través de capacitación e incentivos fiscales especiales y
2. mejorar la integración de las cooperativas a la economía formal.

Sobre esta base podrán generarse el acceso a instrumentos claves del desarrollo económico:

• crédito productivo,
• nuevos canales de comercialización (públicos y privados),
• una política de certificación de saberes y
• una estrategia de capitalización directa para integrar sus ramas productivas y garantizar que el excedente económico generado circule dentro del sector.

• Plan de infraestructura en barrios populares.
• Promover el Ingreso Universal Ciudadano.
• Herramientas para mejora de la productividad

Tengamos en cuenta que los trabajadores informales son altamente productivos. Sin embargo, lo que debilita el desarrollo de la economía solidaria es que gran parte de sus unidades actúan aisladamente en mercados dominados por empresas capitalistas, con poco o ningún acceso al crédito, a redes de comercialización, asesoría tecnológica.

El proceso de planificación integral tiene dos grandes desafíos:

1. aumentar la productividad social del trabajo en el sector
2. asegurar una distribución equitativa de los excedentes económicos y sociales generados y un uso correcto de los mismos.

El desafío será crear las instituciones de formalización, comercialización, financiamiento y fortalecimiento productivo necesarias para sortear esta restricción y consolidar cadenas de valor propias de la economía popular con la autonomía necesaria en las etapas de producción, distribución, circulación y consumo para que sus rasgos distintivos dominen esos espacios.

“La jubilación como derecho universal”

El nivel de informalidad es importante por dos razones. En primer lugar, porque determina el acceso de los individuos a derechos laborales y sociales básicos: un seguro de salud, vacaciones, indemnización, seguro de desempleo, vacaciones pagas, jubilación, etc. En segundo lugar, porque la tasa de formalidad es fundamental para determinar en qué grado el sistema jubilatorio está autofinanciado (o, dicho de otro modo, determina qué porcentaje del gasto previsional debe financiarse con rentas generales).

En la Argentina tenemos un sistema jubilatorio de reparto (en el cual los aportes de los trabajadores activos financian directamente las jubilaciones de los pasivos), una elevada informalidad implica que los flujos financieros para pagar las obligaciones del Estado para con los pasivos resultarán insuficientes, por lo cual el Estado deberá recurrir de manera creciente a impuestos generales (impuesto a las ganancias, IVA, etc.) para financiar ese gasto.

Argentina tuvo históricamente, hasta los 1980s, bajos niveles de informalidad. A esto hay que agregar que la reducción de la informalidad en la primera década del siglo XXI fue importante, pero que desde entonces se ha estancado.

El Estado argentino invierte significativamente más en jubilaciones para adultos mayores con respecto a su inversión en otros grupos etarios. En este contexto, si la informalidad continúa en estos niveles elevados, el porcentaje de gasto en programas sociales dirigido a adultos mayores tenderá a aumentar más en los próximos años por razones demográficas (menor cantidad de trabajadores activos por cada pasivo por causa del envejecimiento poblacional).

De esto se sigue que cualquier plan contra la pobreza en Argentina debe tener como uno de sus principios rectores la conversión de trabajadores informales en formales.

“La cultura como expresión popular y como herramienta de desarrollo nacional”

En materia cultural proponemos garantizar a toda la ciudadanía el derecho a la diversidad cultural, a acceder, a producir y a disfrutar de todas las manifestaciones culturales y artísticas, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico. Para esto, fortaleceremos las instituciones culturales, teatros, museos y espacios artísticos de los barrios y de las grandes ciudades; realizando inversiones en infraestructura cultural, facilitando la creación y el acceso a los espacios culturales de todo el país.

Llevaremos adelante la creación de nuevos centros con estas características en diferentes provincias para promover y destacar las expresiones artísticas regionales. Promoveremos la cultura en el campo de los derechos humanos y la diversidad cultural, de la transformación digital y del desarrollo sostenible, tenemos las capacidades, vamos a construir las instancias colectivas para aprovechar las oportunidades en modelos nacionales y regionales de desarrollo. Ampliaremos el calendario nacional de eventos culturales que resalten la riqueza cultural de cada región y fomentaremos la colaboración entre artistas de cada provincia.

También aumentaremos el apoyo a las y los creadores mediante la expansión de fondos de becas y subvenciones, así como la promoción de la participación en residencias artísticas tanto a nivel nacional como internacional. Fomentaremos la colaboración entre diferentes organismos gubernamentales, organizaciones culturales y el sector privado para maximizar el impacto de las políticas culturales.

Concebimos a la Cultura como una cuestión de Estado. La Cultura es nuestra identidad. Apoyaremos  la Cultura Joven y trabajo digno en las Industrias culturales. Fortaleceremos la Promoción de la Cultura Igualitaria en el campo de los Derechos Humanos y la diversidad cultural.

“Los derechos humanos son un elemento básico de la identidad nacional”

La sociedad argentina celebra los 40 años ininterrumpidos de Democracia asumiendo que la misma implica un profundo contrato social en el cual la vigencia de los Derechos Humanos constituye un factor inseparable de la vida democrática.

Por encima de cualquier diferencia los principios de la Memoria, la Verdad y la Justicia representan la permanencia del NUNCA MAS para las actuales y futuras generaciones.

Las políticas de Derechos Humanos abarcan los campos económicos, sociales, culturales como los civiles y políticos y son tanto individuales como colectivos.

La efectiva realización de los Derechos Humanos constituye no solo un mandato de la Constitución Nacional y el conjunto de leyes vigentes sino el ancho camino para garantizar la dignidad humana en todas las esferas de la vida y para ello deben constituirse en políticas de Estado.

“Cuidar y proteger a los niños, niñas y adolescentes, son el alma de nuestro pueblo”

Es necesario profundizar las políticas públicas basadas en el enfoque de derechos, promoviendo los sistemas de promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes garantizando, especialmente a esta última franja etaria, la participación protagónica en todos los campos de su interés.

Hay quienes piensan que los sectores más vulnerables de las niñeces y adolescencias resultan “peligrosos”, en cambio nosotros, sabemos que están en peligro.

Hay quienes le atribuyen la responsabilidad en la inseguridad. Más allá de eso, desde nuestro espacio consideramos importante abordar en un debate abierto la nueva legislación sobre Justicia Penal Juvenil asumiendo las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, con el objetivo de superar legislaciones originadas durante la última dictadura cívico militar.

También avanzaremos en la ampliación de los programas socio – educativos para los sectores adolescentes más vulnerables.