propuestas

“La inflación de nuestro país es muy compleja, no es comparable con otros países y no se soluciona de un día para otro”

Como sabemos, la Argentina tiene una inflación alta y sostenida en el tiempo. Esto no se resuelve de un día para el otro. En nuestro país la inflación es un fenómeno crónico multicausal: no se soluciona atacando sólo una o dos de sus causas si no con un plan integral. Esto demanda firmeza, capacidad de diálogo y acuerdo, y legitimidad política para llevarlo adelante.

Quienes proponen terminar con la inflación sólo con recetas fiscales y monetarias están proponiendo un ajuste recesivo con caída de salarios e ingresos. Todo líder político debería manifestar las consecuencias de las políticas que se proponen.

Una causa que distingue a la Argentina de otros países es la puja entre sectores económicos para no perder poder adquisitivo. Para encauzar esta puja distributiva entre sectores, el acuerdo y compromiso entre empresarios, trabajadores y el Estado es fundamental, junto con las demás medidas antiinflacionarias. Así entonces, si bien el Estado tiene un rol preponderante, la tarea y responsabilidad es de todos los actores.

En definitiva, con este diagnóstico, queda claro que se requiere diálogo y poder político para lograr los acuerdos necesarios entre la producción y el trabajo para terminar con el problema inflacionario, y eso sólo lo puede lograr Sergio Massa.

Entonces, ¿Por qué siendo gobierno no pudieron bajar la inflación y lo harían en los próximos años? Porque el esfuerzo por reducir la inflación se vio perjudicado por la pandemia y la guerra de Ucrania y fue agravado por la sequía, que significó una merma de divisas superior a los US $20 mil millones.

2024 será un gran año en el sector externo, con un superávit comercial significativo, no sólo por la mejora en el clima que beneficia las exportaciones tradicionales del sector agrícola, sino también los aportes de Vaca Muerta (US$ 5000 millones) y del litio (US$ 2.000 millones). Por ende, se eliminarán las expectativas devaluatorias, y por consiguiente su traslado a precios internos. Adicionalmente tenemos un plan de corto, mediano y largo plazo que se está poniendo en marcha y que significará tener una economía más estable y previsible, con fortalecimiento de la moneda y baja inflación. 

“La base del desarrollo de la Argentina es el crecimiento con inclusión social”

Para nuestro espacio, el crecimiento de la actividad económica (en el sentido amplio, en términos sectoriales y regionales) y el crecimiento del empleo son los pilares fundamentales para un modelo de desarrollo de la Argentina que nos permita vivir mejor a todos y todas. Buscamos que mejore el ingreso en la Argentina, porque nuestra nación ha perdido en los últimos 6 años participación del salario sobre el total del Producto Interno Bruto, y ese es un compromiso desde el día 0 de la gestión.

Creemos que el crecimiento inclusivo de la economía nos aleja de presiones inflacionarias por demanda no contenida, nos permite exportar más y sustituir importaciones (mejorando la balanza comercial y acumulando reservas en el BCRA). Genera empleo.

Tenemos con qué. Porque tenemos lo que el mundo demanda: tierras productivas que generan alimentos, litio, petróleo, gas. Pero tenemos mucho más que eso: tenemos empresas, emprendedores, y talento reconocido por el mundo. El objetivo es claro: queremos vender al mundo más de lo que compramos.

¿Qué necesitamos para lograr la meta del desarrollo inclusivo? Más inversiones y un sistema financiero orientado a la producción (los préstamos del Programa CREAR son un ejemplo en este sentido). En definitiva, un plan de largo plazo que se base en sectores estratégicos, pero que no deje de lado a ningún ámbito de nuestra economía. Así se busca generar más productividad, más competitividad global, y que eso a su vez se traduzca en mejores ingresos para las argentinas y los argentinos.

En este marco, el rol del Estado tiene varias aristas: colaborar, no poner un freno sino generar infraestructura para la producción y la competitividad, alentar el crédito, la producción y el empleo, abrir mercados, ayudar a exportar, y ordenar la macroeconomía para que todos y todas podamos planificar mejor. Creemos, finalmente, que la unificación de las áreas económicas aportará en ese sentido, en pos de un desarrollo sostenible con inclusión. Lo vamos a hacer integrando en un Consejo de Desarrollo, al Ministerio de Economía con las diversas áreas conexas de Producción, Energía y Agricultura, porque entendemos que el mundo reclama nuestros minerales, el talento de nuestra gente, los alimentos y, sobre todas las cosas, nuestra energía.

En breve, estos son los cuatro grandes desafíos que plantea la economía mundial: energía, alimentos, minerales y economía del conocimiento. Cuatro áreas en las que la Argentina es un gran competidor global.

“El país es uno solo, pero lleno de diversidades que queremos potenciar, una Argentina realmente federal”

Hace unas semanas decidimos tomar nuevas medidas para mantener competitiva a la producción y sostener el nivel de actividad: entre ellas, llevar a cero a las retenciones de las producciones industriales, basadas en producciones primarias (vino, maní, tabaco, arroz, cítricos industrializados y a la industrialización de la papa), en las denominadas “economías regionales”.

Si bien se dejaron de cobrar impuestos por US$ 180 millones, la medida tiene un impacto positivo para 1,2 millones de trabajadores y trabajadoras en 17 provincias, y eso es lo que más nos importa. Porque queremos y creemos que cada argentino y argentina se desarrolle, forme su proyecto personal y/o profesional donde quiera, donde nació o donde elija vivir, y en ese aspecto, la generación de empleo de calidad es una condición para el arraigo. Así, sostener e incrementar el empleo en cada rincón del país, generando eslabonamientos a las actividades primarias es un objetivo de nuestro gobierno y una condición para nuestro desarrollo.

¿Con qué objetivo se hace esto? En primer lugar, porque mejorar la competitividad a lo largo y lo ancho de un país extenso disminuye los costos de logística. En segundo término, porque fortalecer a las economías regionales impulsa las exportaciones (o incluso minimiza las importaciones, sustituyéndolas por producción nacional), lo que mejoran a su vez a nuestra balanza comercial.

Pero para avanzar en ese sentido necesitamos realizar obras para fortalecer los entramados productivos regionales, mejorando la infraestructura vial de acceso y/o la provisión de servicios de agua y saneamiento para los Parques Industriales y el ecosistema productivo local, y promuevan procesos de gestión compartida entre los gobiernos municipales, provinciales y las organizaciones del sector. Estamos convencidos de que esto fortalecerá la matriz productiva local y regional a través de procesos asociativos de autogestión del empleo y de generación de riqueza en los territorios.

También buscaremos acondicionar espacios especializados de logística, de manera tal que se asegure la disponibilidad de infraestructura, con las características adecuadas para desarrollar la operación de camiones y contenedores. De este modo, se incrementarán las posibilidades para que el ecosistema emprendedor local y nuevos inversores realicen sus actividades productivas en los municipios. Esto, a su vez, acercará las industrias a los lugares de producción de insumos primarios, y se consolidarán polos para el trabajo de contratistas y prestadores de servicios de la actividad agropecuaria.

Las economías regionales han tenido un importante crecimiento. Tal crecimiento se traduce en más empleo, más desarrollo PyME y un mejor posicionamiento exportador. Las economías regionales son un foco central de nuestra propuesta económica.

Las políticas orientadas al sector agroindustrial buscan fortalecer el crecimiento del sector en forma sostenible, asegurando el cuidado del medio ambiente para lograr un desarrollo verde, resiliente e inclusivo. Afirmamos que el desarrollo y el crecimiento económicos ya no pueden producirse a expensas del capital natural. Para ello es necesario aumentar el valor unitario de los productos que vendemos priorizando los productos terminados por sobre las materias primas. Porque aumentar el valor agregado del sector es generar empleo y multiplicar la actividad económica. Por eso nuestra política se basará en fomentar la instalación de nuevas industrias y afianzar el crecimiento de las existentes.

Nuestra política de defensa del salario y formalización del mercado laboral repercutirá sobre el mercado interno aumentando la demanda de alimentos y productos agroindustriales, a la vez en muchos casos permitirá ganar escala para acceder al mercado internacional. Vamos a posicionar a la Argentina como proveedor confiable de productos y servicios agroindustriales, ganando nuevos mercados para nuestros productos industrializados, pero también consolidando los mercados actuales. Para esto vamos a fomentar las economías regionales, contribuyendo al desarrollo local y a la seguridad alimentaria.

La promoción del desarrollo sostenible y equitativo de las economías regionales, con incentivos a la producción y la agregación de valor nacional, e impulsando las exportaciones de las cadenas productivas con mayor presencia territorial y con mayor potencial de creación del empleo, se realizará a través de las siguientes medidas. En primer lugar, vamos a establecer un sistema de disminución de asimetrías de costos de transporte y de energía para las PyMEs de las economías regionales que agreguen valor en origen. En segundo término, proponemos crear el Fondo de Garantía para las Economías Regionales destinado a facilitar el acceso al crédito de las PyMEs en las actividades agroindustriales promovidas. Tercero: enviaremos al Congreso Nacional un proyecto de Ley para la creación de un Fondo de Infraestructura para las Economías Regionales con el que se financiarán las obras necesarias para el desarrollo sostenible y equitativo. Finalmente, lanzaremos el Programa de Creación de Empleo en las Economías Regionales, se establecerán incentivos por el término de 4 años para las PyMEs que incrementen el empleo registrado. beneficios, por 2 años, para trabajadores rurales registrados, temporarios y permanentes, de actividades intensivas priorizadas. 

Creemos que para avanzar hacia un país efectivamente federal e inclusivo debemos reducir las asimetrías regionales que existen hoy. Y este es el camino que empezamos a recorrer.

“El consumo es uno de los motores centrales de la economía”

Lo que producen nuestras empresas se dedica en su mayoría al mercado interno: el consumo privado representa el 70% del Producto Interno Bruto (PIB). Debido a su elevada participación relativa, el consumo privado se caracteriza como el componente de mayor incidencia en el desempeño del PIB (como ejemplo, en 2022 registró una suba anual del 9,7%, y tuvo una incidencia de 6,7% en el PIB). Este crecimiento del consumo privado en 2022, luego del impacto negativo de la pandemia, es parte de la esencia peronista (recordemos que el consumo tuvo una etapa expansiva a partir de 2005, cuando evidenció 12 alzas anuales).

Entonces, favorecer la recuperación del salario, de las jubilaciones y las posibilidades de consumo interno con programas especiales que fomenten el consumo de productos y servicios nacionales y el turismo interno, impactan positivamente, generando así un círculo virtuoso, consumo-producción-salarios. En este mismo sentido, promoveremos la consolidación del mercado de crédito para que puedas acceder a tu vivienda.

Todos los sectores que conforman este espacio coincidimos en la importancia de que el mercado interno resulte potente, se encuentre en crecimiento y que el empleo y los ingresos reales de la población mejoren progresivamente. Este es el principal camino para que cada sector recupere niveles de actividad, vuelva a contar con el uso pleno de la capacidad instalada (dado que en los sectores industriales analizados la capacidad ociosa instalada oscila entre el 35% y el 50%), y pueda realizar inversiones que incrementen la producción.

Incrementar los ritmos de producción y ventas requerirá de (y asimismo propiciará) la recuperación del consumo interno. Los aumentos salariales y de los ingresos generales de la población impactarán positivamente sobre la demanda agregada interna, que orientará los recursos para que se vuelquen al mercado, en un principio hacia los bienes de primera necesidad y luego a los bienes durables. Se trata de una secuencia que ya se ha verificado en otras oportunidades históricas similares, y que generalmente avanza hacia posibilidades de ahorro y su derivación a la construcción, recreación, equipamiento durable, entre otras actividades, completando así el llamado “círculo virtuoso del crecimiento económico”. 

En base a la evidencia que brinda la experiencia de países hoy plenamente desarrollados, creemos que desarrollar un vigoroso mercado interno potencia exportaciones futuras, que generen divisas y colaboran a reducir la restricción externa: el mercado interno ayuda a que las empresas aprendan a producir mejor, a ganar escala y salir a exportar luego.

A nuestro entender, el desarrollo sostenible con inclusión implica que ningún sector productivo (vinculado a los recursos naturales, al agro, la industria, o los servicios) está de más ni es “inviable”: todos son importantes. Todos los actores son necesarios: sectores más tradicionales o aquellos que se dedican a la innovación tecnológica; micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, cooperativas, mutuales, empresas recuperadas, organizaciones de la economía popular, emprendedores, comerciantes, proveedores de servicios, trabajadores y trabajadores de cualquier índole.

“Las Pymes son las principales generadoras de empleo”

No hay antinomias en el desarrollo con inclusión. No es el campo vs. industria, ni Estado vs. sector privado. Es el campo, la industria, los sectores tradicionales y los innovadores, los sindicatos y las empresas, las PyMEs y el sistema científico-tecnológico, con un Estado que lidera un proceso de reindustrialización 4.0.

Dado que en la Argentina 9 de cada 10 empresas del país son pyme y generan el 70% del empleo formal a nivel nacional, apoyamos y apoyaremos a las pymes de los diversos sectores industriales de diversas formas: le damos créditos especiales (por ejemplo, a través de la Línea CreAr del BICE), ayudamos en la contratación de nuevo personal desgravando aportes patronales, hacemos misiones comerciales para abrir nuevos mercados, establecemos mesas de trabajo y consejos productivos, tenemos el Banco de la Nación Argentina como aliado en estos procesos, junto con la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, entre otros actores del ámbito público orientados al sector.

Proponemos un modelo productivo y competitivo, con eje en las PyMEs, que propicie las inversiones productivas, sin una apertura indiscriminada, que incremente la producción, el empleo y las exportaciones con autonomía estratégica. Buscaremos unificar la tarea del Ministerio de Economía, las áreas de Industria y de Comercio, junto con el Ministerio de Agricultura, en un Consejo de Desarrollo Económico

En ese sentido, además de otras medidas y propuestas indicadas en esta plataforma, se proponen diversas líneas de acción.

En primer término, fortalecer un sistema de Banca de Desarrollo PyME, una institución que jerarquice el crédito productivo, realice una mejora en la asignación de recursos y fomente la inclusión financiera, con líneas de crédito de rápida implementación e instrumentación.

En segundo lugar, categorizar a las economías regionales: incorporando al sector dentro de la Secretaría (o, eventualmente, Ministerio) de Agricultura, Ganadería y Pesca “y Economías Regionales”. Adicionalmente, acordar una definición de economías regionales y una regionalización de estas, para un mejor diseño e instrumentación de políticas públicas específicamente destinadas al desarrollo productivo de las mismas, y que conforme un ámbito preciso de diálogo para abordar los temas impositivos y laborales que requieran las pymes del sector.

En tercer término, continuar con programas que favorezcan el desarrollo de la eficiencia energética e hídrica, la transformación digital de las PyMEs, el desarrollo exportador, ANR para el sostenimiento de las micro y PyMEs, orientadas a la generación de empleo genuino, al arraigo territorial, siguiendo los lineamientos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos.

En cuarto lugar, proponemos que una proporción de los depósitos del sistema financiero se asignen obligatoriamente al financiamiento de las PyMEs, con plazos y tasas blandas, como política para dinamizar y potenciar la creación de nuevas empresas y así bajar la tasa de mortalidad de los nuevos emprendimientos empresarios.

En quinto término, el plano tributario asociado al sector, que tiene como ejes centrales la simplificación y el desarrollo de incentivos. En cuanto al primero, se propone la creación de una Cuenta Única Tributaria, con una reducción de regímenes de recaudación y de información. En cuanto a los Incentivos a la inversión con diferencial PyME: planteamos la amortización acelerada, deducciones para inversiones con capital propio, deducción del incremental de exportaciones, libre disponibilidad inmediata del crédito fiscal de IVA, y aplicar el impuesto a los débitos y créditos a IVA y seguridad social.

Por último, proponemos avanzar en la promoción de la transformación digital a través del desarrollo de incentivos para la inversión en herramientas digitales (doble amortización acelerada) y dar rango de Ley a la política de desarrollo y transformación digital de las PyMEs (a través de su asistencia técnica, financiamiento y formación profesional).

“Las políticas económicas y financieras deben estar al servicio del crecimiento de la producción nacional, el empleo y la inclusión social”

Todos los países del mundo tienen Bancos Centrales con amplio poder de decisión para evitar recesiones o atenuar las crisis. Concebimos un Banco Central que esté al servicio de la producción, de la inclusión financiera de la ciudadanía, que evite abusos de los bancos comerciales, y que mire al futuro, pensando en las monedas digitales y las nuevas tecnologías aplicadas al sistema bancario. En ese marco, la fortaleza de nuestro Banco Central va a estar garantizada sobre la base de unificar los pilares de desarrollo económico mirando la competitividad de cada sector.

Creemos que las herramientas de finanzas públicas como los bonos deben ser un instrumento de gestión monetaria no especulativa. El stock de bonos como los Leliqs creció necesariamente en la pandemia para acompañar a empresas en el pago de sueldos vía los ATP y asistir a personas con el IFE. Cabe enfatizar que en la actualidad son bonos que tienen los bancos, no los fondos especulativos extranjeros, tal y como pudo observarse en la administración precedente.

Está instalado que la emisión monetaria es inflacionaria, pero durante la gestión de Sergio Massa, la emisión monetaria creció por debajo de la inflación. Con el plan productivo de nuestro candidato, va a aumentar la demanda de pesos y el stock de estos bonos disminuirá.

Creemos que el sistema financiero y el mercado de capitales debe estar al servicio de la producción, con tasas de interés reales negativas para potenciar la inversión en proyectos estratégicos.

Es cierto que la cantidad de reservas y el tipo de cambio son una de las causas de la inflación, pero el camino es fortalecer nuestra moneda, como hicieron países vecinos y diversos países exitosos, que lograron recuperar su moneda nacional y estabilizar sus economías.

Las reservas están invertidas en Bancos Centrales de países desarrollados, el Banco de Basilea y el Banco de China. Y crecerán el año próximo, luego de un año malo por la sequía, y con la prospectiva de divisas por las exportaciones de Vaca Muerta y el litio, entre otros elementos. La flotación administrada de dichas reservas por el Banco Central buscará garantizar un tipo de cambio competitivo para estimular la producción.

Nosotros queremos la convergencia del tipo de cambio, y también salir del “cepo”, pero enfatizamos que tiene que ser gradual, con un plan económico que amplíe la matriz productiva y que permita recomponer las reservas.

“El FMI nos trata de condicionar, pero seguimos avanzando”

Nuestro espacio político conoce muy bien los condicionantes financieros y de políticas públicas que impone el FMI, que dio el préstamo más grande de su historia y cuyo monto (US$44.500 millones) se dedicó a financiar la fuga de capitales. Ni reservas, ni dólares: sólo quedaron los condicionantes. Ante esta situación, Sergio Massa ha expresado la voluntad de recuperar la soberanía sobre la definición de políticas públicas, en la misma línea que Néstor Kirchner. Para dimensionar: esos US$ 44.500 equivalen a 2.200 hospitales de complejidad media; a 890 pasos trasandinos; a 60.000 km de rutas de distinta complejidad, todas obras que cimentarían el desarrollo inclusivo con equidad.

En marzo 2022, se firmó un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF), para cancelar el anterior préstamo Stand by (con un plazo de 4 años de gracia y 6 años para la devolución. Este acuerdo es el que se discute cada trimestre con el Staff del Fondo.

El FMI vigila el cumplimiento de las metas, pero sobre todo se asegura que le paguen, por eso controla el gasto del Estado. El ejemplo lo dio muy claramente Sergio Massa: «el FMI en un momento hasta pretendía que se postergara la construcción del gasoducto Néstor Kirchner para cumplir con la meta fiscal«. Nuestro candidato, con determinación y firmeza, decidió que esa obra estratégica debía realizarse. Es una obra que libera dólares al reducir las importaciones.

Las inconsistencias macroeconómicas del acuerdo no son pocas: pretende tener como objetivo reducir la inflación, pero, por ejemplo, cuando se exige devaluar, se presiona sobre los precios relativos que tienen al tipo de cambio como referencia; se demanda reducir los subsidios a la energía, cuando toda la producción es a base de energía, desde productos de la huerta, hasta automóviles; se exigen pagos en monedas extranjera, pero se restringe la posibilidad de hacer crecer nuestras exportaciones o de sustituir las importaciones.

Las negociaciones las condujo el ministro Massa. Fueron negociaciones largas, trabajosas, con un claro objetivo: no pagar a costa de la producción y el trabajo, sino CON la producción, que nos permita generar exportaciones y acumular reservas. De ninguna manera se restringirán los desembolsos corrientes y automáticos a las provincias, ni se promoverán reducciones de la masa salarial de la administración pública. Con este acuerdo, se logra previsibilidad hasta fin de año, tanto por las aprobaciones formales como porque no se usan dólares de las reservas para el pago.

Es necesario hacer públicas las responsabilidades del organismo internacional y de las y los funcionarios locales involucrados, que incumplieron los estamentos legales para su otorgamiento, asumiendo un perfil de vencimientos de imposible cumplimiento. Los sectores productivos y laborales (trabajadores y trabajadoras) no son responsables de esta deuda, por lo que lamentamos que se haya dejado pendiente la responsabilidad de quienes tomaron la deuda sin el consentimiento del Congreso Nacional.

“La deuda externa durante el gobierno de Macri no fue solo con el FMI”

La deuda de US$ 44.500 millones con el FMI no fue la única que tomó el Gobierno de Macri: emitieron además US$ 49.000 millones. La verdad es que la nueva deuda pública sirvió sobre todo para que el sector privado (local y extranjero) sacara divisas del país: según el BCRA, la Formación de Activos Externos (que es un proxy de fuga) entre enero de 2016 y octubre de 2019 alcanzó a US$ 86.200 millones.

Visto en términos de PIB, la administración previa triplicó la deuda pública externa, que pasó de 15,8% del PIB en 2015 a 46,5% del PIB en 2019. Durante el actual gobierno bajó a 30,5% del PIB. Pero pese al estrangulamiento externo antedicho, al que se agregaron la pandemia, la guerra y la sequía, Argentina acumuló un crecimiento del PIB entre 2020 y 2022 de 5%. Por contraste, aún con la abundancia de capitales de la que disfrutó el gobierno de Macri, en el período 2016-2019 el PIB cayó 5%.

Ya hicimos referencia al difícil contexto actual en lo que refiere al capítulo de la deuda externa. Cabe cuantificar y luego proponer una línea de acción. En cuanto a los números: entendemos que el próximo gobierno deberá enfrentar vencimientos de deuda pública total bruta que para los próximos 4 años ascienden a US$ 72.000 millones (FMI, más otros organismos, más deuda nominal en moneda extranjera). La línea de acción que proponemos: el debate sobre la renegociación, formas y plazos de pago debe realizarse en el marco de un diálogo nacional que cuente con la participación de todos los actores institucionalmente responsables y, una vez definida y asegurada la capacidad de repago, llevar adelante una estrategia nacional con amplio respaldo de la comunidad productiva argentina. Política, economía y sociedad civil deben ser parte de este proceso.

En la misma línea, luego de esta aciaga experiencia, proponemos que cualquier endeudamiento que contraiga en adelante la República Argentina esté destinado al desarrollo productivo y de infraestructura, y no a la especulación. Se debe asegurar la capacidad de repago, económica y socialmente sostenible para dicha deuda. Por eso se necesita un protocolo de actuación que debe ser aprobado en el marco de lo que prevé la Constitución Nacional.

“Recuperamos el ahorro nacional para financiar la producción”

Venimos de un modelo de sistema financiero basado en fomentar la valorización financiera, en vez de potenciar la producción y el empleo local. Pero desde 2020 se promovió la reconstrucción del mercado de financiamiento público en nuestra propia moneda para recuperar la sostenibilidad y soberanía sobre la deuda pública, como hacen la mayoría de los países. Esta medida fue fundamental para financiar la asistencia a millones de empresas y familias durante la pandemia, en un esfuerzo que hizo posible que nos podamos recuperar rápidamente de sus efectos económicos, acotando la asistencia del Banco Central.

Entre los logros de estos cuatro años vale mencionar el financiamiento PyME, del cual Argentina es una referencia regional. Solo el sector bancario ya superó el billón de pesos en créditos con tasas subsidiadas por el Estado, alcanzando a 600.000 unidades productivas.

En tanto, el mercado de capitales creció y se especializó en materia de financiamiento a sectores productivos. Las entidades de garantía (SGR, bancos y fondos de garantías públicos) tienen un rol fundamental y se las potenció para incluir a las empresas de menor escala en el sistema financiero, con instrumentos de corto plazo, con crecimientos en el financiamiento en algunos instrumentos como el cheque de pago diferido y pagaré bursátil del 200% y 600 %. Solo durante 2022 las SGR avalaron a un total de 21.440 PyMEs, de las cuales 58,7% fueron nuevas.

Hacia delante, como ya señalamos, debemos sofisticar y ampliar con leyes y diversas herramientas el crédito a los sectores con potencial exportador que nos permitan conseguir dólares genuinos, sectores generadores de empleos de calidad, proyectos que hagan posible federalizar el crédito productivo y la infraestructura estratégica, junto a iniciativas que alienten la igualdad de oportunidades y géneros.

En esta línea, crearemos un Consejo de Desarrollo Productivo. Coordinará cuatro áreas fundamentales para la economía mundial y en las que tenemos un gran potencial: energía, alimentos, minerales y economía del conocimiento. Vamos a exportar más gas y petróleo, aumentaremos las exportaciones agroindustriales y creceremos agregando valor a la cadena de economía mineral.

En definitiva, financiar la producción con asistencia en las garantías o tasas subsidiadas, amplía la oferta de productos nacionales, genera puestos de trabajo, fortalece las reservas, y es un elemento más para combatir la inflación, todos elementos centrales del desarrollo inclusivo.

Queda claro que el desafío de la Argentina es aprovechar la oportunidad que presenta el mundo: litio, cobre, agroindustria, minerales y tierras raras, economía del conocimiento y, sobre todas las cosas, lo que empieza a aparecer como el gran desarrollo de la argentina que es en materia energética.

“Es necesario evaluar alternativas superadoras para promover el comercio internacional y la inversión”

Los Sistemas de Pagos en Moneda Locales (SML) son una herramienta para fomentar y facilitar el comercio y la inversión, y a su vez, reducir la dependencia del dólar estadounidense en las transacciones comerciales intrarregionales, porque permiten a las empresas realizar transacciones en las monedas locales de los países involucrados, sustituyendo el uso de los dólares. Estos acuerdos reducen los costos de transacción y el riesgo cambiario, transformando al instrumento en un elemento para combatir la inflación.

Estos instrumentos son parte de la agenda futura que tenemos que abordar para simplificar las tareas de nuestro ecosistema emprendedor y nuestras empresas, ya que contribuyen a reducir costos, mitigar riesgos y fortalecer los lazos económicos entre los países miembros. A pesar de los desafíos, implementarlo adecuadamente, más temprano que tarde, va a generar beneficios significativos para el desarrollo económico y la estabilidad en la región del MERCOSUR.

Para ello, es necesario fortalecer la infraestructura financiera y tecnológica para asegurar la eficiencia de los pagos, garantizar la confianza en las monedas locales, llevar a cabo campañas de promoción y educación para aumentar la conciencia y comprensión de los SML entre las empresas y actores comerciales.

En esta línea, avanzamos hacia una moneda digital (Central Bank Digital Currency –CBDC). Es una modalidad que permite reducir los costos operativos, la tasa de interés y eventualmente la inflación. Además de aumentar la inclusión financiera, la eficiencia y la transparencia de los sistemas de pago, y por ende para mejorar los ingresos del Estado. También permitirá desdolarizar los pagos transfronterizos y fortalecer el rol del Banco Central.

Asociados con estos lineamientos y con otros ya señalados en el plano tributario, tomaremos tres medidas fundamentales:

● Un sistema de blanqueo para que los ciudadanos puedan exteriorizar sus ahorros sin castigo y con la idea de que eso impulse la inversión.

● Apostar por una moneda digital para formalizar la economía que funciona de manera informal.

●  Y un multi funcionamiento de monedas para poder comerciar en la Argentina también con yuanes, con reales, con dólares y con euros.

¿Cuál es el objetivo de estas 3 medidas? En principio, convertirnos en un país netamente exportador, que consolide acumulación de reservas y que tome además la decisión de transformar el mecanismo exportador en mejora de salarios en la Argentina. En segundo lugar, tal como señalamos, poner en marcha en la Argentina, al igual que hicieran más de 180 países, la moneda digital, con el objetivo de que tengamos la posibilidad de blanquear la economía informal. La idea global es clara: además de una consolidación de reservas, con la puesta en marcha del peso digital argentino buscamos un aumento de la credibilidad de nuestra moneda.

En la misma línea de pensar y poner en marcha un crecimiento inclusivo, vamos a poner en marcha un mecanismo de blanqueo para que cada argentino y argentina, que tenga diferentes monedas y mecanismos de ahorro, los pueda exteriorizar sin castigo y sirva para inversión en trabajo. Buscamos que los argentinos y argentinas que tienen divisas “en el colchón” utilicen esos recursos para que se transformen en producción e inversión de capital.

Finalmente, vamos a un escenario de multi funcionamiento de monedas en la Argentina. Sí, tal como se lee, en la Argentina vamos a poder comerciar con yuanes, con reales, con dólares y con euros, además de con el peso.

“Vamos a continuar con el ordenamiento de las finanzas públicas sin desatender a quienes el Estado deba proteger y apoyar”

Como ya advertimos previamente, causas exógenas llevaron a incurrir en déficit fiscales a lo largo de estos años. En 2020 y 2021, como producto del gasto adicional que implicaron las medidas de alivio durante la pandemia; en 2022, por la guerra entre Rusia y Ucrania, porque se encareció el precio del combustible que compra el Estado Argentino; y en 2023, por la sequía, que impactó fuertemente implicando una caída de los ingresos fiscales vinculados al comercio exterior. Sin embargo, desde mediados de 2022, comenzamos a recorrer un sendero de reducción del gasto público, con el objetivo de ordenar las cuentas fiscales y favorecer el arribo a un equilibrio fiscal. Mediante la segmentación tarifaria y la revisión eficiente de determinadas partidas del gasto público, el gasto comenzó a decrecer en términos reales, sin afectar el funcionamiento básico de del Estado ni su rol como dinamizador de la economía ni la inversión social.

Es esperable que a partir de 2024 se continúe y se profundice este sendero positivo que genere un aumento de los ingresos fiscales, dado que muchos de los males exógenos que implicaron un aumento del gasto público ya no se encontrarán presentes.           

Por lo pronto, el proyecto de Ley de Presupuesto 2024 presenta una separata en donde se muestra que existe un gasto público que representa aproximadamente 5 puntos del PIB destinados a exenciones impositivas y gastos tributarios que deben ser debatidas al momento del tratamiento legislativo: así es como entendemos que deben generarse las condiciones para el desarrollo sostenible con equidad. En definitiva, estamos convencidos de que un orden fiscal nos permitirá mejorar los salarios y el nivel de vida a la vez que acumulamos reservas para fortalecer nuestra moneda.

“El salario no es ganancia”

Desde hace más de 10 años Sergio Massa viene sosteniendo que el salario no es ganancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad. Quitamos por ley la 4ta categoría del impuesto y desde octubre, solo lo pagarán quienes cobren más de 15 salarios mínimos vitales y móviles, hoy 1.770.000 pesos. Sin dudas, su gestión está marcada por la recuperación del salario y el ingreso. …

Esta situación ha dado lugar a una polémica acerca del impacto en términos de regresividad en el gravamen, en este sentido cabe acotar algunas cuestiones:

·   Nuestro impuesto a las ganancias de personas humanas, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, está centrado en la tributación de los trabajadores y no en la tributación de las personas humanas por otras rentas.

·     La progresividad o regresividad hay que analizarla en términos sistémicos, si bien es cierto que esta medida podría resultar neutra en el Impuesto a las Ganancias de personas físicas, en términos sistémicos el acompañamiento de estas medidas con otras como por ejemplo el tributo mínimo en las empresas o la extensión del impuesto PAIS, van a dotar de una fuerte progresividad al conjunto del sistema y en el mismo sentido contribuirá el foco de las acciones tendientes a corregir las conductas de evasión, elusión o dilación sobre los contribuyentes con mayor capacidad contributiva.

De este modo se logra también que la recaudación que se pierde por las modificaciones en el impuesto a las ganancias de personas humanas y en particular sobre los asalariados, se recupere por vías de estas medidas adicionales y tampoco se afecte la redistribución federal de los ingresos públicos. 

“Gobernar es crear trabajo”

En diciembre de 2015 la Argentina tenía 6,25 millones de asalariados/as trabajando en el sector privado. Ese número bajó a 6 millones en 2019. Desde entonces, y hasta abril de 2023, las empresas privadas incorporaron y registraron 322 mil nuevos trabajadores y trabajadoras. Así, entonces, cuál es la situación actual del mercado de trabajo: la Población Económicamente Activa (PEA) es de 22 millones, de los cuales 13,1 millones están formalizados en las siguientes formas de trabajo: 6,34 millones Asalariados Privados Registrados; 3,4 millones Asalariados del Sector Público; 2,9 millones trabajadores independientes monotributistas y autónomos y 0,5 millones trabajadoras de casas particulares; 8 millones trabajadoras/es de la Economía Popular y 1 millón de trabajadores y trabajadoras sin empleo.

Queda claro que tenemos el desafío de generar aún más puestos de trabajo registrados en el Sector Privado y formalizar los derechos laborales de millones de trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en la economía popular de manera informal, promoviendo la diversificación de la matriz productiva a lo largo y ancho del país. En este sentido, las propuestas son varias en lo que refiere a empleo, capacitación, formación técnico-profesional, industria y nuevas tecnologías.

En primer lugar, en lo referido a educación, capacitación y formación técnico-profesional, estamos convencidos de que la única revolución importante para la Argentina es la educativa. Un empleo de calidad está asociado a una educación de calidad. Los avances tecnológicos –la inteligencia artificial, la automatización y la robótica– crearán nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esta transición podrían ser los menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades. El desarrollo de nuevas tecnologías exige una gran capacidad de adaptación por parte de las personas trabajadoras y de sus organizaciones sindicales. En ese sentido, los sindicatos industriales, los empresarios, el sector científico tecnológico y el Estado deben trabajar juntos para seguir el paso de esta revolución tecnológica, adoptando nuevos procesos industriales y capacitándose de manera permanente.

Con esto en mente, queda claro que es preciso facilitar puentes de un nivel educativo a otro, y/o de la educación a la formación profesional o a la capacitación laboral, e incluso entre el reconocimiento o validación de los saberes formales, informales y no formales. Profundizar programas sectoriales de acreditación y certificación de competencias, habilidades y saberes en el marco de las políticas de educación y trabajo es central. Su propósito principal es el reconocimiento de las competencias. Asimismo, el abordaje sobre el destino de los jóvenes y su definición en torno al empleo es una decisión exclusivamente política. La educación y la capacitación continua son la base fundamental para generar industrias y empleos de calidad, y tanto los sindicatos como las universidades deben participar en este proceso continuo, que implica responder a las demandas cambiantes y cada vez más exigentes del mundo laboral globalizado Es por ello que es preciso trabajar en 3 ejes: facilitar la formación profesional o la capacitación laboral, y la validación de saberes formales, informales y no formales; reconocer a través de programas de acreditación y certificación de competencias, habilidades y saberes; y promover un Sistema de Formación Profesional para la industria. La mirada para afrontar eso debe ser federal: los Centros de Formación Profesional localizados en las provincias deben estar integrados a las realidades de las comunidades.

En segundo término, lo concerniente a la Industria y las nuevas tecnologías: debemos actuar con rapidez en la defensa de los intereses productivos para insertarnos en las nuevas cadenas globales de valor, por lo que es conveniente estar al tanto de las últimas novedades para poder insertarlas en los procesos industriales con rapidez y eficacia. Es significativo garantizar el derecho a la información, en particular a las empresas con alta base tecnológica, que permita desarrollar la cadena de insumos y la formación profesional para todas las personas trabajadoras. Además, debemos prestar atención a la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento: la exportación de conocimiento y desarrollos tecnológicos tiene que apuntalar la agregación de valor a la producción nacional. En resumen, el desafío en este plano consiste en conservar el empleo y reconvertirlo a puestos de trabajo vinculados a las nuevas modalidades de producción, así como impulsar la exportación de desarrollos tecnológicos.

En tercer lugar, las nuevas realidades laborales: negociación colectiva dinámica e incentivando la producción (modelo industria automotriz). En este sentido, los ejes son: promover una negociación colectiva dinámica, habilitando la disponibilidad colectiva y la negociación en distintos niveles; actualizar convenios en sectores que han tenido cambios organizacionales producto del avance tecnológico y productivo: incorporar políticas de fomento de la productividad.

Por último, en cuanto al fortalecimiento de la vinculación aprendizaje-trabajo y la formación continua orientada a los desafíos productivos: se requiere una reforma normativa en las leyes de educación técnico-profesional y ley de pasantías, entre otras, para ir hacia un nuevo sistema de vinculación aprendizaje-trabajo. Así, por ejemplo, se propone: presentar un esquema federal de intermediación, monitoreo y seguimiento con todos los actores; generar una mayor duración de las prácticas desde nivel de especialización medio a superior; realizar capacitación obligatoria y continua a docentes y tutores; ampliar lugares de implementación de prácticas: PyMES, grandes empresas, centros tecnológicos, parques industriales; mejorar incentivos para estudiantes; desarrollar un mapa interactivo integrado intersectorial y federal para uso de estudiantes, trabajadores y empresas (con descripción de puestos y perfiles laborales demandados, oferta educativa y formativa, programas disponibles). Establecer incentivos fiscales para formación continua a nivel federal en Industria 4.0, Sustentabilidad Productiva y nuevas habilidades (crédito fiscal asignado por provincia) y finalmente adecuar la certificación de competencias laborales desde el Ministerio de Trabajo.

“Trabajamos en todas las modalidades de trabajo para las juventudes que han surgido en esta época”

Lanzamos recientemente un nuevo programa que promueve una reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales. Además, se otorgará el mismo beneficio para las empresas que den trabajo a jóvenes de entre 18 y 25 años. La reducción de cargas será por el término de 24 meses para cada trabajador. Queremos que “cada pyme que tome un trabajador no pague aportes y contribuciones para transformar a los programas sociales en empleo, para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo, porque creemos en el trabajo como motor de la movilidad social ascendente día a día”.

Hay un nuevo emergente que es el mundo de los y las jóvenes que deciden autogestionarse su propio trabajo y sus tiempos laborales, y que el Estado no acompañó aun en su debida medida: también vamos a trabajar en esta línea. Hay que reconocer estas nuevas modalidades. Sabemos sobre la importancia que tiene el primer empleo para formar a los jóvenes en el mundo del trabajo. Sin embargo, los y las jóvenes de 18 a 24 años representan sólo el 7% del SIPA, por esto nos hemos propuesto incentivar a las Micro, PyMEs a contratarles, a través de la reducción del 100% de las cargas patronales.

También buscamos garantizar derechos laborales para las nuevas formas de trabajo autogestivo del siglo XXI. Por este motivo hemos lanzado el monotributo tecnológico para jóvenes que trabajan en la industria del Software; el monotributo productivo para jóvenes de los barrios populares que se desempeñan en la Economía Popular, y estamos trabajando en un sistema de protección laboral para jóvenes que trabajan la denominada “economía de plataformas”.

Sabemos que el mercado de trabajo hoy es heterogéneo y que el Estado tiene que estar atento a estas nuevas realidades para detectarlas, desarrollarlas y garantizar derechos laborales básicos a los jóvenes que integran estas nuevas formas de trabajo. En este sentido, buscamos generar incentivos para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado de trabajo formal. Hay que asegurar que los jóvenes completen su ciclo educativo y facilitar su transición rápida y efectiva hacia el mercado de trabajo formal. En particular, creemos que una política que subsidie su incorporación al empleo formal implicaría no solo comenzar a mejorar la tasa de empleo formal, sino también crear desde lo simbólico un camino posible de progreso. El Estado, en cooperación con sindicatos y empresarios de cada sector, diseñará un esquema de entrenamiento vocacional ambicioso que permita entrenar a los jóvenes en saberes específicos a cada rama de actividad. Estamos convencidos de que un empleo de calidad está asociado a una educación de calidad.

Los sindicatos industriales, los empresarios, el sector científico tecnológico y el Estado deben trabajar juntos para seguir el paso de la revolución tecnológica, adoptando nuevos procesos industriales y capacitándonos de manera permanente.

“Al salario lo vamos a recuperar mediante una desaceleración de la inflación, y sosteniendo el poder adquisitivo de todos los sectores de la población”

Hubo sectores dentro del segmento registrado de la economía (aproximadamente el 65% del total) que han logrado acuerdos paritarios que compensan la inflación. A pesar de ello, llevamos adelante una reforma del impuesto de las ganancias para que ningún trabajador asalariado formal (que gane por encima de 15 Salarios Mínimos) pague Ganancias. Esto significa a las claras una recomposición salarial y mejoramiento instantáneo del poder adquisitivo del sector asalariado. Por otra parte, en el mismo plano, también se procedió a devolver el IVA de los productos de la canasta básica para el sector de la población de menores ingresos. De esta manera, la gran (y heterogénea) clase media argentina goza de una recuperación de sus salarios, ante una dinámica de precios elevados.

Se espera, y así se destaca en el proyecto de Ley de Presupuesto 2024 enviado al Congreso, que la inflación del año que viene disminuya su tasa de crecimiento casi a la mitad de lo que se viene registrando durante el corriente año. De esta manera, en el marco de una recuperación económica, con mejora en las cuentas externas, y fiscales, el descenso permanente de la inflación implicará una mejora de los ingresos de todos los argentinos y argentinas. 

La transformación de la materia prima en su primera etapa resulta ser un proceso industrial que agrega significativo valor a los bienes, generando desarrollo tecnológico y mano de obra mediante trabajo de calidad. Es necesario resaltar que la materia prima compone un porcentaje muy elevado del costo en relación con el producto a la salida del establecimiento industrial. En realidad, el impacto en el precio de salida de fábrica, previo a la distribución, es realmente muy bajo. Ello implica que los salarios de los trabajadores representados por los sindicatos agrupados en la CSIRA carecen de incidencia significativa en la formación de los precios de los productos al público. Los incrementos de los salarios, por lo tanto, no tienen injerencia en la inflación. Para ejemplo citamos a la producción industrial lechera, en la cual el costo de la materia prima dentro del proceso industrial primario significa aproximadamente entre el 55 y el 65 % de dicho costo. El costo de la mano de obra oscila entre un 2,5 y un 6% del costo del producto. Resulta relevante destacar esta incidencia para contrarrestar las intenciones incomprensibles de producir reformas laborales, con la falsa argumentación de que el costo laboral encarece los productos industriales.

“Focalizaremos en políticas que promocionen el aumento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales para favorecer la acumulación de reservas”

Los problemas evidenciados durante los últimos años en materia de balance comercial obedecen a cuestiones muy concretas ya analizadas (sequía y temas energéticos). Estas dos cuestiones no se repetirán en los próximos años. Sin sequía, volveremos a recuperar nuestras exportaciones agropecuarias, y por el otro lado, a partir de las inversiones concretadas en Vaca Muerta, todos los pronósticos consideran que durante el año que viene o a más tardar en 2025 se revertirá definitivamente el déficit comercial energético y pasarán a registrarse superávits cada vez de mayor cuantía. En la práctica, esto significa asegurarse un saldo comercial positivo y creciente durante, como mínimo, una década.

En un contexto difícil, el año 2022 fue récord de exportaciones. El valor de bienes exportados se incrementó 13,5% interanual y superó en más de U$S 5.400 millones al anterior récord alcanzado hace más de una década, en 2011, y en más de U$S 23.300 millones al valor exportado en 2019.

Durante 2022 hubo un crecimiento de las ventas externas de todos los grandes rubros y se alcanzaron valores récords en las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (U$S 33.119 millones), Productos Primarios (U$S 23.868 millones) y Combustibles y Energía (U$S 8.398 millones). Las Manufacturas de Origen Industrial (U$S 23.061 millones) registraron el valor más alto desde 2013, con exportaciones incrementales respecto a 2021 por USD 3.148 millones. Representa el mayor crecimiento en valor absoluto del año entre los grandes rubros. En conjunto, las mayores exportaciones de MOI y de Combustibles y Energía explicaron el 60% del aumento de las exportaciones anuales.

Si bien la sequía nos afectó enormemente (U$S 20.000 millones de dólares), para contrarrestar impulsamos otras exportaciones con programas especiales, como la baja de retenciones a las economías regionales y el régimen de impulso exportador para la industria automotriz. No bajamos los brazos, trabajamos para estimular las ventas externas de otros sectores.

Planteamos que es indispensable crear mecanismos que canalicen el ahorro local, y conduzcan a los activos externos de argentinos, principalmente los radicados en el exterior, a apalancar el proceso de industrialización local y finalmente atraer la Inversión Extranjera Directa (IED) hacia sectores que nuestro país necesita desarrollar, neutralizando la llegada de capitales golondrinas y los flujos externos especulativos.

Así, el Estado debe asegurar reglas de juego permanentes e impulsar una estrategia que contemple: intensificar el desarrollo de la cadena industrial y agrobioindustrial a partir de nuevas inversiones que representen más trabajo, aumento de la producción y de las exportaciones; generar estímulos fiscales sujetos al incremento de la productividad y del empleo; favorecer la amortización acelerada reducir y el tiempo de devolución del IVA para nuevas inversiones.

En paralelo, se buscará un aumento de las exportaciones. La meta es ampliar la base exportadora, la oferta exportable y apuntalar la estabilidad de operaciones, a través de la readecuación del sistema tributario específico. Cómo se pretende hacerlo: a través de la eliminación de derechos de exportación para bienes industriales y alimentos procesados y/o dosificados al por menor; el aumento de reintegros a la industria (que compensen impuestos internos, con mayor reintegro para productos que certifiquen calidad/ incorporen marca país/ producidos por economías regionales), celeridad en los cobros, y trabajar en lo referente a los derechos y reintegros de exportación. Por otro lado, se busca la reducción de la tasa de estadística y menores topes máximos para PyMEs. En ese sentido se proponen generar incentivos sistémicos y financieros tales como: estabilidad en los beneficios por cinco años para promover inversiones; acceso a divisas para el repago de la inversión, giro de utilidades, para acceso a insumos y participación de ferias comerciales en función de montos incrementales de exportación y fomento del financiamiento forfaiting, con más convenios bancarios en el exterior y mecanismos regulatorios aduaneros, cambiarios, impositivos acordes con su esquema operativo. Finalmente, a través del desarrollo de instrumentos de financiación para exportaciones con requisitos flexibles.

“Somos una patria solidaria”

Ya hemos hecho referencia previamente al reciente avance en lo vinculado al Impuesto a las Ganancias. De todos modos, siempre es árido hablar de impuestos, pero recordemos que el sistema tributario tiene como objetivo mejorar la vida de todas y todos. Con la recaudación, hay médicos, docentes, caminos, hospitales, regulaciones de tránsito, entre otros bienes, servicios e infraestructura que usamos todos los días. Entendemos que los impuestos son una herramienta de política económica, y su administración permiten lograr una distribución más justa de la riqueza que creamos entre todos/as. Queremos un sistema tributario más justo, mejorando la situación actual. Hoy nuestro sistema tributario tiene el 70% de impuestos regresivos. A través de la recaudación contribuimos al equilibrio fiscal y así al control de la inflación.

La reducción del déficit puede darse eficientizando el gasto, pero también mejorando el perfil de recaudación fiscal, sin aumentar la presión tributaria y combatiendo la evasión.

Las exenciones impositivas son tributos que el Estado deja de recaudar, y podrían destinarse a mejorar las condiciones de vida de todos y todas. Por ejemplo, las exenciones del Poder Judicial en el Impuesto a las Ganancias cada año, son equivalentes a lo recaudado por el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas, que fue abonado por única vez.

Según las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2020 la presión tributaria de Argentina llegó al 29,4% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE donde fue de 33,5%, y por debajo de países como Brasil, en donde llegó al 31,6%. En 2021, se redujo aún más y alcanzó un 28,8%. Así, se advierte que los países más desarrollados del mundo son los que mayor índice de presión tributaria tienen. Los países que no tienen sistema tributario, por el contrario, son los países más pobres del mundo.

Los impuestos sirven: tenemos que recordar que el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas permitió solventar la campaña de vacunación contra el COVID 19 y obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la energía como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Y del Impuesto País, el 70% se destina a financiar jubilaciones y pensiones y los planes de acceso a remedios vía el PAMI; el 30% restante, a obras de vivienda social e infraestructura económica y al fomento del turismo nacional.

Más allá de lo señalado, proponemos, en primer lugar, realizar una simplificación tributaria. Su objetivo es reducir la carga administrativa que enfrentan las empresas y adecuar ciertos aspectos de la normativa que tendrían un impacto positivo en el sector productivo. Se identificaron reformas necesarias en varias normativas y mecanismos más ágiles que requieren de compromiso Nación-provincias. En ese sentido, buscamos la reducción en la carga administrativa, que impacta en mayor medida en las PyMEs, dado que hay numerosos regímenes de recaudación nacional. Así, proponemos: Cuenta Única Tributaria; acelerar devolución de saldos a favor y adecuar regímenes de recaudación. Además, sabemos que hay numerosos regímenes de recaudación provincial. Para ello, proponemos una efectiva aplicación del Protocolo Adicional COMARB; unificar regímenes de recaudación provincial; respetar la territorialidad y homogeneizar regímenes; y la publicación de coeficientes en la web de la COMARB. También somos conscientes de la multiplicidad de regímenes de información y proponemos reducir la cantidad de regímenes de información existentes, y evitar la creación de nuevos.

En segundo lugar, proponemos una adecuación normativa: régimen de quebrantos limitado; flexibilizar el uso de quebrantos en IG: aplicar índice de ajuste para atributos fiscales: permitir el cómputo del IDC contra IVA; desarrollar criterios homogéneos entre provincias para asignar ingresos y gastos y un Domicilio Fiscal Electrónico único.

El camino hacia la justicia fiscal: este proceso es el que estamos discutiendo hoy, en estas elecciones. Argentina va a depender del poder que se tenga para capturar y dirigir autónomamente el excedente económico que genera para mejorar las condiciones de trabajo y expandirse al resto de la sociedad. La discusión que hoy estamos dando es respecto a cómo cuidamos nuestros recursos naturales, qué producimos, dónde lo hacemos y, sobre todo, cómo distribuimos equitativamente nuestra riqueza.

La informalidad de un amplio conjunto de trabajadores en nuestro país no tiene su origen en la falta de voluntad colectiva de esos actores para avanzar en la formalización, sino en la carencia de instrumentos adecuados que reconozcan, desde el Estado, las particularidades de una nueva forma de producción. Entonces, debemos ser capaces de crear instrumentos laborales, fiscales y jurídicos adecuados que reconozcan las particularidades de este modo de producción y su capacidad contributiva.

Para superar el primer escollo hacia la formalización es necesario crear una figura fiscal que garantice el reconocimiento de aportes jubilatorios por el trabajo realizado, fije un límite de facturación adecuado a la capacidad de generación de ingresos brutos del sector, respete el cumplimiento del derecho de acceso a la salud y signifique un costo razonable, tanto para la capacidad contributiva del trabajador como para las cuentas fiscales del Estado nacional.

La formalización es el inicio del proceso de inclusión laboral. Esto debe ir acompañado de un sistema tributario que adopte políticas que se orienten a garantizar el acceso a derechos y la reducción de las desigualdades socioeconómicas. Así, se debe desarrollar una política tributaria entendida como justicia fiscal, debe estar fuertemente vinculada con la política industrial, social, laboral, monetaria, crediticia, comercial. En definitiva, la generación de un adecuado sistema tributario progresivo, con orientación a la producción y al trabajo, que corrija las desigualdades sociales y permita el progreso material de los pueblos y de los trabajadores.

También en el plano tributario debemos ser capaces de pensar en programas, acciones, políticas públicas centradas en las personas. En ese sentido, por un lado, buscaremos desarrollar una política tributaria que tenga presente las demandas y necesidades de los autónomos, y por el otro, se buscará segmentar el sistema de transferencias de ingresos para atender mejor a las diferentes problemáticas asociadas a la pobreza e indigencia.

“La ciencia, la tecnología y la economía del conocimiento: motores de una nueva economía”

Argentina tiene la plataforma de I+D más amplia y diversa de América latina, con 3 personas dedicadas a tareas de ciencia y tecnología por cada 1000 trabajadores. En comparación con la región, supera a Brasil (1,68), Uruguay (1,14) y Chile (1,01) De esa población 54% mujeres, 46% hombres, es decir, el equilibrio de género es un atributo positivo de nuestro sistema de ciencia y tecnología.

Nuestro sistema universitario es inclusivo y de excelencia: cuenta con una población de casi 3 millones de estudiantes, en los niveles de pregrado, grado y posgrado, que se desempeña en 57 Universidades Nacionales y otras 75 instituciones provinciales y privadas hasta llegar a un total de 132 con 11.200 carreras de grado y posgrado. Desde 2007 se crearon 18 universidades e institutos universitarios. Hace pocos días se crearon 5 universidades más (Pilar, Delta, Ezeiza, Río Tercero, Madres de Plaza de Mayo). Y desde 2010 en cada provincia argentina existe, al menos, una universidad.

Volvimos a poner de pie al sistema y construimos una política de Estado. Desde 2019 a la actualidad se restableció el rango de Ministerio recuperando su rol estratégico y se promulgó la ley de “financiamiento planificado” de la ciencia y la tecnología para elevar la inversión en ciencia hasta llegar al 1% del PBI en 2032, es decir, multiplicar por tres los recursos en la próxima década. Estos recursos permitieron implementar un programa de obras que tiene más de 100 proyectos en marcha con un patrón federal: el 80% de los recursos se está invirtiendo allí donde antes era la periferia del sistema. Más obras en el norte grande y la Patagonia que en CABA. Desde 2019 a 2023 los/as investigadores/as y becarios/as tuvieron 5 jerarquizaciones llegando a superar los niveles de 2015.

Institucionalizamos el desarrollo tecnológico: en julio de 2022 se jerarquiza a Secretaría de Economía del Conocimiento. Se destaca la valoración del conocimiento aplicado como activo mediante las actividades que se caracterizan por la innovación y por el uso intensivo de tecnologías, transformando los procesos productivos, tanto de la industria tradicional de bienes como de los servicios, la generación de empleo de calidad y el aumento de las exportaciones de mayor valor agregado.

Se buscó y busca seguir potenciando la innovación y el conocimiento para tener una nueva matriz exportadora (Ley de promoción de la Economía del Conocimiento), para apoyar y promover a un conjunto de actividades como software, biotecnología, nanotecnología, satelital y aeroespacial, audiovisual, I+D, servicios profesionales de exportación, entre otros. Por otro lado, el régimen crea el Fondo de Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) para financiar proyectos estratégicos del sector. La Argentina hoy tiene más de 450 mil personas trabajando en sectores asociados a software, servicios digitales, videojuegos, servicios empresariales. La economía del conocimiento es un sector exportador que ha generado en 2022 más de US$ 7.800 millones en exportaciones, la tercera fuente de ingresos de divisas genuinas.

Más allá de las problemáticas arriba descritas, también se crean nuevos empleos y oportunidades para incluir a nuevos jóvenes. En el sector informático, desde 2021 se crearon más de 1000 nuevos puestos formales de trabajo por mes con salarios altos y con un patrón muy federal. Desde el gobierno implementamos Argentina Programa para abrirle la puerta a los más jóvenes, para darle la oportunidad de sumarse a este sector.

Se desarrollaron nuevos ecosistemas impulsados por la ciencia y consolidados por la política pública. El BID nos destaca como el país de la región con mayor cantidad de startups tecnológicas en biotecnología, fintech, foodtech, agrotech y ciencia de datos. Para alentar las inversiones en la industria más tradicional, se impulsó la renovación de la Ley de Promoción de la Biotecnología y la Nanotecnología: así se favorece un ecosistema entre el sector científico y el empresarial. Seguiremos en ese sendero.

Nuestras instituciones tecnológicas también logran resultados de relevancia internacional. Argentina se posiciona entre los países líderes en desarrollo nuclear con aplicaciones en salud y energía (verde). Somos uno de los 6 países que producen radioisótopos, y fabricamos uno de los 10 reactores de energía más importantes del mundo. En materia aeroespacial estamos en el top 10 de países que diseñan y producen satélites. Recientemente, la NASA invitó al país a sumarse como socio estratégico a su programa de exploración del espacio. Por otro lado, en 2020 se sancionó la ley 27.565 de Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) para financiar proyectos estratégicos y contamos con un emergente ecosistema de startups enfocados en nuevos desafíos aeroespaciales (New-space).

Tenemos que resaltar que la Argentina cuenta con un sistema de ciencia, tecnología e innovación que es el motor diferencial para dar un salto en la matriz productiva nacional. El conjunto de más de 16 instituciones que forman el sistema (CONICET, INTI, INTA, CONEA, Mincyt, Agencia I+D+i, CONAE, entre otras) más las universidades públicas y privadas, con su trayectoria y experiencia, hace que en nuestro país haya una formación técnica y profesional de calidad. Esa es la plataforma para dar el salto tecnológico e innovador que requiere nuestra matriz productiva y el buen aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Pocos países de la región tienen un sistema de CTI tan sólido y dinámico como el nuestro.

Con este esquema, no sorprende que nuestra ciencia y tecnología sea una gran herramienta para resolver desafíos con resultados de alto impacto social y económico: Un ejemplo; la vacuna argentina contra el Covid-19, ARVAC Cecilia Grierson. Así, nuestro país, se ubica en el selecto grupo de países con la capacidad de diseñar y producir sus propias vacunas. Además, del hito científico, esto nos permite tener soberanía sanitaria, ahorrar divisas y generar un nuevo rubro de exportaciones de algo valor agregado. Si pudimos resolver este desafío generando capacidades y resultados de alto impacto, tenemos que abordar de igual modo otros obstáculos de nuestro desarrollo.

Con más ciencia y tecnología, la Argentina proyecta aumentar su productividad y su competitividad. Con la continuidad de las políticas públicas de apoyo al sector se estima alcanzar hacia el 2030, más de US$ 15.000 millones de exportaciones y más de 600.000 empleados para el conjunto de las actividades de la economía del conocimiento (hoy son más de 450.000), lo que significa estar a la vanguardia en la región de matrices productivas más sostenibles en el tiempo.

Adicionalmente, la Argentina es reconocida como el país con mejores políticas públicas para fomentar el uso conveniente de la Inteligencia Artificial (IA) en América Latina. Nuestro país ocupa la principal posición en variables vinculadas al fomento público de la IA, la gobernanza del proceso y la conformación de una nueva institucionalidad frente a los cambios que impone la irrupción de esta nueva revolución tecnológica. Esto significa crear buenas condiciones tanto en el ámbito público y privado para el uso y la producción de aplicaciones que hagan de la IA una herramienta que favorezca al desarrollo y evite incrementar las brechas sociales y económicas.

Tierra de unicornios (con varias empresas de base tecnológica valuadas en más de U$S 1.000M), somos el segundo país de la región con mayor cantidad de empresas de este tipo, con un total de 11. Todas son empresas tecnológicas que comenzaron como startups y se transformaron en grandes empresas multinacionales. Se caracterizan por tener a la tecnología, al conocimiento y al talento como diferenciales para desarrollar sus modelos de negocios y alcanzar el éxito comercial. Estas empresas son en parte el resultado del ecosistema público que articula virtuosamente I+D. Y la conjunción de ambos actores, públicos y privados, es lo que genera condiciones inmejorables para lograr un desarrollo sostenible inclusivo e innovador: buscaremos avanzar en este sendero.   

“Conducir a la Argentina al desarrollo sostenido, inclusivo y federal es una decisión política”

Tenemos dos caminos: ir hacia atrás y vender los recursos primarios al mejor postor o ir para adelante y transformar los recursos en trabajo, industria y ciencia argentina para crecer y desarrollarnos. Para hacerlo tenemos que unir al país en torno a una misión: transformar la estructura productiva.

Nuestro modelo productivo-competitivo prioriza el trabajo y una inserción inteligente en el mundo, con autonomía estratégica, es decir aumentando exportaciones y sustituyendo importaciones.

A pesar de un contexto difícil, desde 2020 se crearon más de 340 mil puestos de trabajo privados, tenemos la tasa de inversión más alta de los últimos 15 años, la inversión extranjera directa más alta desde 2003 y pusimos en marcha el crédito al servicio de la producción con tasas de interés reales negativas que motorizaron la inversión y consecuentemente el empleo.

Todos los países desarrollados tienen política industrial porque genera empleo de calidad y mejores salarios. En la Argentina aporta alrededor del 20% del empleo, paga salarios que son 3 veces superiores al promedio de la economía y genera arraigo y equidad federal. Para acompañar y promover la industria tomamos estas decisiones:

●  Profundizamos las políticas transversales para acompañar a las empresas industriales a aumentar su competitividad y potencial exportador.

●     Desarrollamos el entramado de industrias proveedoras de otras industrias (bienes de capital, insumos difundidos, maquinaria agrícola).

●     Fortalecimos las industrias tradicionales intensivas en mano de obra y de carácter federal.

●   Recuperamos el rol protagónico de nuestras empresas públicas, que resultan estratégicas para el desarrollo científico-tecnológico, para la adaptación a la industria 4.0 y para la transición ambiental (YPF, IMPSA, Aerolíneas Argentinas, entre otras).

●  Bajamos las retenciones a las exportaciones industriales y aumentamos los reintegros.

●     Otorgamos más de 1 millón de créditos productivos a tasas reales negativas.

●     Ampliamos los parques industriales.

● Relanzamos el Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO) para el desarrollo de cadenas de valor estratégicas.

Acuerdo Industrial, Productivo y Social: Tenemos la decisión de ser actores fundamentales de la construcción de una Argentina industrial y socialmente integrada en donde el capital, el trabajo y el conocimiento se articulen en torno a un proyecto político de desarrollo nacional basado en la industria, el agro y la biotecnología, con el aprovechamiento de nuestra diversidad de recursos y la integración de todo el territorio nacional. Proponemos entonces un Acuerdo Industrial, Productivo y Social donde podamos avanzar en diversos frentes.

Por un lado, en industrializar nuestro sistema de producción, la ruralidad y los recursos naturales en origen, por medio del desarrollo de sistemas de innovación y biotecnología con agregado de valor, generando más empleo de calidad y mejorando la distribución del ingreso. Por otro lado, buscamos propiciar la generación y transferencia del conocimiento y la innovación tecnológica a los sectores de la producción y el trabajo industrial, con el objetivo de conseguir mayor soberanía tecnológica con desarrollos e innovaciones locales. Además, apalancarse en la valiosa oferta del sistema educativo argentino, fortaleciendo la articulación entre sindicatos, empresas y sector educativo en la capacitación y formación profesional.

Asimismo, buscamos además convertir los planes sociales en trabajo formal, para permitir el desarrollo integral de las personas. Al respecto, las nuevas autoridades electas deben liderar la implementación de un acuerdo específico entre sindicatos, empresarios, organizaciones sociales y Estado. Esto debe ser materia de tratamiento de la próxima administración gubernamental, nacional, provincial y municipal. Recordamos que el diálogo argentino fue una experiencia exitosa en la materia, en la que participaron los tres niveles de gobierno, las cámaras empresariales y los sectores sociales para resolver esta situación.

La cooperación para la promoción de un ecosistema empresario necesario para generar las condiciones que atraigan inversiones productivas sostenibles que promuevan empleo de calidad es central. En el mismo sentido, proponemos promover el asociativismo y la cooperación entre los actores involucrados, a la vez que propiciar la conformación y fortalecimiento de parques industriales, incubadoras de empresas, distritos industriales, parques tecnológicos y otros conglomerados productivos, así como la interrelación de empresas y de cadenas de valor.

El escenario internacional asiste a una rápida evolución en producción y competitividad. Por eso el Estado nacional tiene la tarea de liderar la industrialización inteligente y organizada. Como indicamos previamente, la capacitación y la formación son determinantes para sustentar un vigoroso sistema nacional de ciencia y tecnología, fuertemente integrado a la totalidad de la producción de bienes y servicios. Esto nos permitirá garantizar el trabajo como ordenador social por excelencia.

Política industrial integral: El proceso de recuperación sostenido necesitará del desarrollo de una variedad de sectores a lo largo de todo el país. En cada una de las regiones de nuestro país existen recursos cuyo desarrollo es valioso para la generación de divisas, tanto a través de exportaciones adicionales como de atracción de inversiones locales y extranjeras.

A la par de los recursos naturales es importante pensar en una política industrial integral, con políticas de Estado coordinadas en los diferentes niveles, y orientadas a mejorar la estructura productiva. Contemplando en forma articulada los aspectos productivos (sectoriales y regionales), el desarrollo tecnológico y la competitividad nacional. No es suficiente con la explotación de recursos naturales, es clave la agregación de valor tanto “aguas arriba” como “aguas abajo” en la cadena de valor, para resolver cuestiones tales como el empleo, la integración social y federal, la calidad del sistema educativo y tecnológico, entre otras. Estamos convencidos de que dar continuidad al proceso de crecimiento requiere de políticas macroeconómicas y productivas que orienten las variables hacia un proyecto productivo de largo plazo, con incentivos a la inversión y las exportaciones.

Defensa de la Competencia y del Consumidor: Entendemos que el abandono de las políticas de industrialización como eje del desarrollo para sustituir importaciones y exportar con valor agregado nuestros recursos naturales fueron haciendo cada vez menos denso y competitivo nuestro tejido industrial, lo que se transforma en crecientes desequilibrios comerciales externos. Esto, sumado a la liberación de regulaciones, permitió el ingreso de capitales externos especulativos que más temprano que tarde empujaron una corrida cambiaria, a la consecuente crisis externa, y fueron detonantes de las recurrentes crisis económicas. En ese devenir nuestra moneda pierde su propiedad de reserva de valor y se consolida una economía dólar dependiente. Así, solo con un fuerte proceso de reindustrialización que haga más sólido nuestro aparato productivo, que además debe ser acompañado por los pertinentes controles que erradiquen el endeudamiento externo especulativo y espurio, podremos alcanzar el desarrollo con inclusión. Para eso exigimos la aplicación y reglamentación plena de las leyes de Defensa de la Competencia, Defensa del Consumidor y la puesta en marcha del Tribunal de Defensa de la Competencia, de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional y que se arbitren los medios para fortalecer el control por parte de la Secretaría de Comercio. La economía argentina presenta, en la mayoría de sus sectores de producción, una estructura fuertemente oligopolizada, con niveles de concentración elevados. Pocas empresas controlan la producción y el precio de buena parte de los bienes.

En lo que respecta a los insumos difundidos en particular no sólo existe concentración y lo que ello conlleva, sino que, además, y por sus características, resultan trascendentes porque atraviesan la producción de distintos sectores, influyendo fuertemente en la formación de precios y calidad de infinidad de productos, así como también en la decisión de las empresas respecto a dónde invertir. Los insumos difundidos, además, constituyen en buena medida, los costos principales de las PyMEs industriales, siendo estas tomadoras de precios de grandes empresas que determinan, de esta forma, su rentabilidad. Los insumos difundidos, por su importancia estratégica en el desarrollo de las distintas cadenas de valor, deben ser tratados especialmente para garantizar su abastecimiento a precios razonables y previsibles. El Estado debe ser el árbitro que genere un marco de acuerdo y previsibilidad entre los empresarios industriales PyMEs compradores de estos insumos y los grandes proveedores. Resulta imperioso desdolarizar los costos de los insumos difundidos que afectan a las fábricas locales y que generan inflación, como así también la posibilidad de modificar las prácticas comerciales y financieras que puedan considerarse abusivas. Proponemos la creación de un Instituto de Insumos Difundidos, una institución desde la que el Estado garantice y arbitre los precios competitivos para el mercado interno.

Estímulo al desarrollo empresario: para la creación y fortalecimiento del entramado empresarial proponemos: facilitar la creación de nuevas empresas: trámites 100% digitales y rápidos, con ventanilla única; realizar un proceso de simplificación y apoyo a nuevas empresas, con beneficios nacionales y provinciales automáticos para promover la creación de PyMEs desde su nacimiento y por 24 meses (exclusión del SIRCREB, exención de impuestos inmobiliarios y de sellos, período de gracia para obligaciones impositivas).. Complementariamente, buscamos cooperar en la promoción de un ecosistema empresario necesario para generar las condiciones que atraigan inversiones productivas sostenibles que promuevan empleo de calidad a través de la promoción del asociativismo y la cooperación entre los actores involucrados; propiciar la conformación y fortalecimiento de parques industriales, incubadoras de empresas, distritos industriales, parques tecnológicos y otros conglomerados productivos, así como la interrelación de empresas y de cadenas de valor.

Finalmente, no podemos pensar en un desarrollo económico con inclusión sin potenciar a empresas públicas que no sólo fabriquen bienes o presten servicios estratégicos con eficiencia, sino que además los puedan exportar globalmente.   

“Soberanía, hidrocarburos y renovables en el centro de la estrategia”

La recuperación de YPF en 2012 y la puesta en marcha de Vaca Muerta marcó un antes y un después en nuestra soberanía energética y nos abrió un potencial para desarrollarnos en otras industrias como petroquímicos, fertilizantes y polímeros. Las exportaciones de petróleo en dólares en 2022 fueron las más altas de la historia y las inversiones en producción de hidrocarburos superarán los US$ 10.900 millones en 2023, también un récord histórico

La obra del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner es la obra energética y estratégica más importante de la Argentina en muchos años. Inauguramos la primera etapa en julio de 2023 a pesar de que el FMI dio la indicación de no hacerlo. Esa decisión resulta en un ahorro de US$ 2.000 millones en este año, que será de entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones en 2024.

Apostamos a la transición energética y fomentamos la cadena de valor de energía renovable. En 2022 logramos que el 15% de la demanda eléctrica fuera abastecida a partir de renovables (eólica, solar y pequeña hidroeléctrica), que llega al 30% si se incluye hidroeléctrica grande y nuclear. Este sector ocupa un rol central en la transición energética y tiene gran potencial en aprovechamiento de nuestra geografía y de la mano de proveedores estratégicos locales como IMPSA.

Tenemos enormes oportunidades en materia de desarrollo de hidrógeno y su tecnología asociada para producir energía. La Argentina ocupa el 5º lugar en el índice de desarrollo de la industria del hidrógeno verde por todas sus potencialidades. Es necesario contar con un marco legal que promueva y genere estabilidad para inversiones (Proyecto Ley Hidrógeno). Es a través de la profundización de medidas en esta línea que el sendero de desarrollo sostenible impactará en una mayor productividad y competitividad de nuestra economía.

“La minería sustentable, un vector estratégico para el desarrollo”

En breves palabras: minería sustentable, que genere empleo y apunte al desarrollo de proveedores locales. Hoy ya tenemos 22 proyectos operativos y más de 90 proyectos en estado avanzado. Oro, litio, plata, plomo y zinc. Este año tendremos las exportaciones más altas de los últimos 10 años. Para 2030 alcanzaría los US$ 18.000 millones por año.

Argentina puede convertirse en uno de los principales productores de cobre. Hay 20 proyectos en análisis y 4 muy avanzados. Estos 4 proyectos nos ubicaría entre los primeros 10 productores con cerca del 3% de la oferta global. Es el sector donde mayor volumen de inversión potencial se identifica, teniendo una relevancia en provisión de sistemas de conectividad, movilidad sustentable y energía.

Argentina tiene el 25% de los yacimientos mundiales de litio, con un alto potencial, y ya es el 4° productor mundial del recurso. Tres de los 38 proyectos, ya están produciendo. En 2024 se sextuplicará la producción, alcanzando los 222.000 Tn. de carbonato de litio equivalente (LCE) anuales. Asimismo, el empleo aumentó más de 350% en 6 años. Es un recurso clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. El objetivo que nos planteamos es el de generar inversiones para su explotación y para desarrollar su cadena de valor de manera sustentable. Tenemos la oportunidad de convertirnos en grandes jugadores del mercado internacional (se proyectan exportaciones de este mineral del orden de los US$13.000 millones para 2030), y también avanzar en la producción de vehículos eléctricos con contenido nacional y orientación exportadora. La creación de YPF Litio va en esta dirección: está incursionando en la explotación, así como en el desarrollo, de celdas y baterías de litio. Recientemente se inauguró una planta de celdas de baterías de litio, a partir de un desarrollo de Y-Tec y la UNLP. Las perspectivas para el crecimiento de las exportaciones de litio son inmejorables: según el Banco Mundial, la demanda mundial de este mineral aumentará un 950% hacia 2050, empujada por la transición energética y la electromovilidad.

En definitiva, la promoción de estas políticas, además de generar encadenamientos productivos, y vínculos entre el ecosistema de I+D público y actores privados, crean conocimiento, soberanía y un impacto positivo en términos de productividad y competitividad.

“Agroindustria para impulsar para el tejido productivo”

El sector primario no puede ser el único motor de la economía. Necesitamos ampliar el alcance de la producción agroindustrial y el agregado de valor. La sequía es exponente de ello: el impacto en la merma en las divisas fue de US$ 20 mil millones. Para dimensionar: equivalen a 2 años de importaciones de energía o de importaciones automotriz.

La demanda global de alimentos se expande, por eso debemos aprovechar esto con más producción, mejoras en la calidad nutricional, inocuidad de los alimentos y prácticas sustentables globales. Una tonelada de trigo vale US$ 300, mientras que una tonelada de harina con ese mismo trigo, vale US$ 450. Pero si con esa harina producimos productos de panadería, el precio se multiplica más de 7 veces, superando los US$ 2.250.

Estamos impulsando los encadenamientos con sectores asociados, tales como la Industria química (fertilizantes y plaguicidas), maquinaria agrícola y toda la tecnología de medición y segmentos de alto valor agregado (agtech), articulación público-privada en investigación (ej. Semillas). También se implementó CreAr para economías regionales, y programas como Incremento Exportador, Desarrollo de Proveedores, reducción de derechos de exportación, dólar especial, entre otros.

Inserción argentina en el mundo: porque producimos alimentos para más de 400 millones de personas, pero estos alimentos salen de nuestras fronteras con muy poco valor agregado, desperdiciando posibilidades de generar empleo local vamos a acompañar a nuestras empresas agroindustriales para promocionar sus productos en el exterior. Para ello fortaleceremos el sistema de Consejerías Agrícolas y Agregadurías Comerciales de Cancillería, porque sabemos que el mercado internacional está muy alejado de versiones naif de la teoría del libre mercado. Según nuestra concepción, resulta necesaria la acción estatal en el ámbito internacional para poder eliminar las barreras al comercio y lograr que nuestras empresas puedan ingresar a los mercados globales en igualdad de condiciones que las empresas de países competidores, sin barreras para-arancelarias distorsivas.

La inserción de nuestro país en los mercados internacionales implica mucho más que el desarrollo de una estrategia comercial. Es habilitar la discusión acerca de cómo alcanzar mejores acuerdos con otras economías para lograr un desarrollo sostenible con equidad territorial y justicia social. Es, además, planificar de qué modo nos posicionamos en escenarios globales y regionales con relaciones de fuerzas dispares y, a menudo, con agendas diversas respecto de nuestras potencialidades económico-productivas, sin resignar en el camino nuestro poder de decisión y el proyecto común de construir una sociedad cada día más inclusiva y federal, como afirmamos en otras instancias.

En esta línea también, tenemos varias propuestas: negociar con los países el acceso sanitario y fitosanitario basado en requisitos comprobados científicamente; negociar igualdad de condiciones en cuanto a preferencias arancelarias; implementar acciones de promoción comercial para expandir el conocimiento sobre los alimentos argentinos y el resto de productos agroindustriales; ocupar todas las sillas necesarias para defender nuestro comercio en las mesas de negociación e integrando todos los organismos internacionales (OMC, Codex Alimentarios, FAO, CAS, MERCOSUR, BRICS, G20, UNASUR, CELAC, etc.); profundizar las acciones de cooperación técnica, priorizando los acuerdos de cooperación Sur-Sur. El elemento central en esta dimensión será priorizar los sectores con potencial exportador enfocándonos en aquellos países que son nuestros principales socios comerciales, China, Brasil, Estados Unidos de América, India, Unión Europea, proponiendo una mirada realista desde el multilateralismo.

Simplificación normativa: en la misma línea de otras propuestas, vamos a continuar con la simplificación de trámites, en este caso, en todos los servicios de SAGyP, SENASA e INASE, para facilitar el trabajo de nuestras empresas agroindustriales, para que quienes producen y comercian se dediquen a la producción y al comercio, distrayendo menos recursos en cuestiones burocráticas. Por eso seguiremos avanzando con los trámites a distancia en todas las reparticiones. Pero nuestra simplificación será acompañada del respeto al derecho de propiedad en todos sus órdenes, una fiscalización eficaz y eficiente y un aumento en la transparencia de los mercados agroindustriales, cuidando especialmente al eslabón más débil de la cadena, que casi siempre son las empresas dedicadas a la producción primaria.

En esta misma línea, impulsaremos la acción de las instituciones no gubernamentales de arbitraje, tales como las cámaras arbitrales de las Bolsas de cereales y promoveremos su difusión a otras cadenas agroindustriales. Promoveremos modelos de contratos entre privados para que el perfeccionamiento de las transacciones económicas redunde en una mayor protección para los productores agropecuarios y reduzca el abuso de posición dominante que firmas oligopólicas practican en muchas de las cadenas agroindustriales.

Además, la generación de información de mercado será una prioridad de nuestro gobierno, para disminuir las asimetrías y aumentar la transparencia en el sector. Sin vulnerar la privacidad de los agentes económicos, pondremos las bases de datos gubernamentales a disposición del comercio y la producción, y generaremos nueva información en aquellos mercados más asimétricos Necesitamos además mejorar la gestión de los recursos naturales, políticas fiscales favorables al medio ambiente, mercados financieros más verdes y programas de gestión de desechos eficaces.

Finalmente, el agroturismo nos servirá para convertir a la naturaleza en un motor del desarrollo económico y social. Las inversiones regenerativas en la naturaleza pueden contribuir a la recuperación económica, al crear empleo, atender las necesidades de las comunidades más pobres y generar resiliencia a largo plazo.

“La industria del cannabis medicinal nos da la oportunidad de posicionarnos como potenciales líderes a nivel regional, generando trabajo de calidad y sumando más valor agregado a nuestras exportaciones”

La industria del cannabis es un mercado global emergente y se presenta como una ventana de oportunidad para la Argentina, dado el aumento exponencial en la producción mundial. y la aceptación de su uso medicinal cada vez más extendida en la población.

El cannabis representa una oportunidad para Argentina en tanto:

●  El cannabis medicinal tendrá una facturación de casi USS 40.000 en Latinoamérica para 2025.

●     Argentina estima sus usuarios en 6 millones, que sumados a los 18 millones de Brasil constituyen el mayor mercado regional.

●     Argentina tiene el mayor clúster científico tecnológico de la región, que integrado a los bajos costos de producción posicionan a nuestro país como un jugador global.

●     A corto plazo, se pueden generar 10.000 puestos de trabajo directo, dinamizar y diversificar economías regionales enteras, generar divisas y abastecer el mercado interno del cannabis medicinal.

●     El desarrollo de esta industria permitirá la creación de empleo de calidad y generar encadenamientos de alto valor agregado, por las potencialidades con las que cuenta la Argentina como ser líderes en producción agrícola, capacidades 4.0, red de laboratorios, red de investigación científica, experiencias de organizaciones de la sociedad civil, y desarrollo de distintas provincias, privados y organismos científicos en todo el territorio nacional.

 Por otra parte, el desarrollo de esta industria garantiza el acceso y el derecho a la salud. Existe evidencia científica, acerca de que el cannabis medicinal mejora la calidad de vida de los seres humanos. Hay resultados médico-clínico contundentes que muestran el beneficio de su uso médico para diversas patologías y síndromes como epilepsias refractarias, autismos, Parkinson, trastorno del sueño, como también de artritis, y dolencias en las que su uso ha logrado avances notables en la mejora de la calidad de vida o en la disminución del dolor.

La industria del cannabis, además, tiene una vinculación directa con el complejo científico tecnológico. Su cadena productiva necesita de mucho valor agregado para ser comercializado en sus diferentes productos. En la Argentina, existe una red de más de 200 científicos, docentes, médicos que vienen realizando una tarea consolidada en conjunto con universidades de todo el país y organismos públicos que está coordinada por el CONICET.

La ARICCAME se encuentra en condiciones de entregar las primeras 50 licencias a provincias, municipios y empresas privadas, garantizando un desarrollo federal, pudiendo abrir una delegación provincial de la Agencia de Cannabis en cada una de las provincias argentinas por contar con un consejo federal constituido y con una fuerte voluntad de articular, puesto que todas las jurisdicciones evidencian potencial económico en este nuevo mercado.

Se propone además iniciar un fuerte proceso de capacitación con el sistema judicial, las fuerzas de seguridad federales y provinciales, trabajadores de la salud y emprendedores del sector y publicar manuales de buenas prácticas agrícolas, de seguridad y de manufactura para establecer estándares de calidad en la industria, para de este modo crecer con certidumbre y promover que nuestros productos circulen por el mundo.

“La producción de contenidos audiovisuales es riquezas, es identidad y soberanía. Representa la posibilidad de exportar talento y trabajo argentino al mundo”

Reconocemos la importancia de las industrias culturales en nuestra sociedad, como se demostró con el lanzamiento del Programa Film+Ar, por lo que promoveremos más políticas que estimulen su crecimiento. Habrá nuevas estrategias de incentivo para la producción cinematográfica, teatral, musical y televisiva, para lo cual fortaleceremos festivales nacionales e internacionales para cada una de estas disciplinas, destacando la creatividad y el talento argentino en todo el mundo. Ofreceremos incentivos fiscales y financieros a las empresas y emprendedores involucrados en industrias creativas, como la producción audiovisual, la música, el diseño y los videojuegos. Actualizaremos la Ley de Cine y de Audiovisual, que incluye, entre otros temas, la regulación de las OTT a través de un gravamen para que generen recursos destinados a todos los Fondos de Fomentos Culturales.

En esta línea, proponemos diferentes medidas. En primer lugar, impulsaremos la creación de polos de desarrollo cultural en las provincias, generando sinergias entre las industrias culturales y otros sectores de la economía, como el turismo, la tecnología y la educación, para generar más trabajo de calidad, promoviendo la innovación y contribuyendo al crecimiento económico sostenible.

Además, potenciaremos las industrias culturales como motores de expresión artística, jerarquizando aquellos que promuevan el desarrollo económico y creativo. Promoveremos también la integración con los países de la región, acompañando la internacionalización de productos y servicios con potencial de exportación.

Por otro lado, vamos a regular a la inteligencia artificial y el ecosistema digital, para potenciar a las y los artistas, para promover el trabajo y generar un entorno previsible para las inversiones.

También fomentaremos la diversidad cultural a través de la creación, producción y difusión de contenidos culturales que reflejen nuestra identidad nacional y regional. Estimulando la participación de todas las provincias para garantizar la representatividad y el federalismo. Promoveremos además la articulación entre las universidades, los terciarios y espacios de formación, para fomentar el trabajo y la profesionalización de las y los argentinos.

Promoveremos la creación de arte y expresiones culturales que aborden temas ambientales y la sostenibilidad, a través de subvenciones y reconocimientos a proyectos que combinen creatividad y conciencia ecológica.

Desarrollaremos políticas de incentivo para la producción de todos los géneros artísticos (audiovisual, teatro, letras, música, videojuegos, cine, escénicas, etc.). Se promoverá también la integración con los países de la región y la exportación de la Cultura argentina al mundo. Buscaremos fortalecer y/o desarrollar leyes regulatorias para todas las disciplinas culturales; estimular a las Industrias Culturales y Creativas, y el fomento y desarrollo federal de la Economía de la Cultura.

“La igualdad de género redistribuye la riqueza y hace crecer la economía”

Las mujeres dedican 6 horas y media de su día, y casi toda su vida, al cuidado de la familia, y eso les deja menos tiempo para trabajar remuneradamente. Cuando lo logran, consiguen empleos peores pagos, ganando 28% menos que los varones, y con menos derechos (38% de informalidad). Si se quieren jubilar, no llegan con los años. Si se separan, 3 de cada 5 mujeres no reciben la cuota alimentaria en tiempo y forma. Todo eso hace que las mujeres y sus niños sean mayoría en la pobreza y que cada vez que se incluya a una mujer en la economía, mejore la vida de los niños y de toda la sociedad.

El movimiento de mujeres y diversidades está produciendo un profundo cambio cultural en nuestro país, pero sólo un gobierno peronista, que acompaña esa transformación con inversión del Estado, provoca el cambio material necesario.

Los gobiernos de Néstor y Cristina implementaron la “jubilación de las amas de casa”, la AUH, la ley de trabajadoras de casas particulares, el matrimonio igualitario. El gobierno de Alberto Fernández creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y áreas de género y diversidad en todos los organismos, conformando un gabinete transversal que aplicó políticas nuevas, invirtiendo el 15% de su presupuesto en cerrar brechas. Con ello, se logró que la tasa de empleo de las mujeres alcance un récord histórico (48%) y el desempleo femenino roce los niveles más bajos (7,8%).

Además, se construyeron más de 350 jardines y espacios de cuidado en todo el país y ya son obligatorias las guarderías o reintegros en empresas de más de 100 personas. Se empezaron a contar los años dedicados al cuidado para la jubilación (más de 130.000 mujeres) y la nueva moratoria permitirá jubilarse a muchas más. Se envió el Proyecto de Ley “Cuidar en Igualdad” al Congreso para tener licencias igualitarias y crear un sistema de cuidados. Además, con el nuevo Índice de Crianza se contribuyó para mejorar el cumplimiento de la cuota u obligación alimentaria.

Más de 300.000 mujeres en situación de violencia recibieron apoyo económico gracias al programa Acompañar. Se creó el subsidio Registradas para contratar trabajadoras de casas particulares y se las incluyó en el seguro por desempleo. Todo el financiamiento productivo priorizó proyectos que promovieran la inclusión laboral y los emprendimientos liderados por mujeres. Empezó a implementarse el cupo laboral travesti-trans en el Estado Nacional y a otorgar apoyos económicos a personas trans mayores de 50 sin empleo.

Necesitamos seguir avanzando para que las mujeres y LGBTI+ tengan empleos formales, con mejores salarios, y cuenten con un sistema de cuidados para su familia. Sólo un proyecto político que vea en la igualdad de género un motor de la economía va a invertir en las conquistas pendientes, y ese es el proyecto de Unión por la Patria.