propuestas

“Optamos por el camino del diálogo y el consenso”

Desde Unión por la Patria abogamos firmemente por la necesidad de establecer un Gobierno de Unidad Nacional en Argentina. En un momento en que el clima político se ha visto ensombrecido por la violencia y la polarización, esta búsqueda se convierte no solo en una necesidad apremiante, sino en un deber imperativo. Creemos que es esencial involucrar a todos los sectores sociales y políticos en la gestión gubernamental, reconociendo que el diálogo y el respeto mutuo son las bases fundamentales para construir consensos sólidos.

Como afirmó con sabiduría el expresidente Raúl Alfonsín, «El diálogo y la tolerancia son las únicas armas de la democracia«. Estamos convencidos de que sólo a través del diálogo constructivo y la apertura a diferentes perspectivas podemos forjar soluciones que gocen de un respaldo amplio y aborden los desafíos de nuestro país de manera efectiva. La diversidad de opiniones y representación de las diversas fuerzas políticas argentinas en el gobierno son esenciales para reflejar la pluralidad de nuestra sociedad y garantizar que todas las voces sean escuchadas.

Además, entendemos que los cambios profundos y necesarios que requiere nuestra nación sólo pueden llevarse a cabo mediante un auténtico Gobierno de Unidad Nacional. Este enfoque garantizará la legitimidad y la confianza necesarias por parte de la población en su conjunto, sentando las bases para una Argentina más unida, resiliente y próspera.

“10 políticas de Estado que tengan continuidad por, al menos, 20 años”

Como expresó en innumerables ocasiones nuestro candidato a presidente Sergio Massa, resulta imperativo que la sociedad argentina se ponga de acuerdo en 10 políticas de Estado que sean impulsadas por cualquier partido político que le toque la responsabilidad de ser gobierno.

La peor propuesta de campaña, y a la vez el mayor peligro, es pretender borrar todo lo que se hizo en la última gestión. Porque cuando se pretende eliminar “todo” lo que se está haciendo, en realidad, es eliminar tanto lo bueno como lo malo. Es por esto, que desde Unión por la Patria, se invita a todas las fuerzas políticas a trabajar en 10 políticas de Estado para generar una Argentina próspera, pujante en el mundo y donde pensar diferente sea un valor para construir una mejor política.

Los 10 ejes planteados desde este espacio son:

1. Educación de calidad para todos
2. Salud universal y accesible
3. Desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático
4. Inclusión social y lucha contra la pobreza
5. Seguridad ciudadana
6. Desarrollo tecnológico e innovación
7. Infraestructura y conectividad
8. Política exterior estratégica
9. Energía y recursos naturales
10. Justicia y Estado de derecho

Discutir estas políticas es el primer paso para imprimir la misión de una Argentina próspera y equitativa, donde el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad son prioridades indiscutibles. Invitamos a todas las fuerzas políticas a unirse en la construcción de esta visión a largo plazo para el futuro de nuestra nación.

“Más transparencia es mejor democracia”

El principio de transparencia en la gestión pública es uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia. Todos los poderes públicos deben exponer al análisis de la ciudadanía la información de su gestión, el uso de recursos, los criterios con que toma decisiones y la conducta de sus funcionarios. El ejercicio de la honorable función pública demanda una actuación eficaz e íntegra que se refleje en un buen gobierno y una buena administración, de forma que el bienestar general resulte privilegiado.

En ese marco impulsamos la propuesta de una nueva Ley de Integridad y Ética Pública, basada en el Proyecto de Nueva Ley de Integridad y Ética Pública realizado entre los años 2021 y 2022, mediante el sistema participativo de elaboración de normas, bajo la coordinación de la Oficina Anticorrupción. Esta ley:

• Impulsa el funcionamiento del Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública, que comprende el conjunto de instituciones, mecanismos, procedimientos, principios, normas y políticas en materia de integridad y ética del Sector Público Nacional, el cual abarca el Poder Ejecutivo, pero también al Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público.
• Establece una serie de principios, deberes y responsabilidades de quienes ejercen la función pública, incorpora la perspectiva de derechos humanos, género y el respeto y cuidado ambiental.
• Crea Oficinas de Integridad, equipos especializados en cada uno de los poderes que implementan políticas preventivas en cada espacio.
• Dispone una serie de políticas que deben ser implementadas en los Poderes del Estado (desde sus Oficinas de Integridad), a saber: Nuevo régimen de declaraciones juradas, el cual prevé una actualización de la información a declarar incorporando, por ejemplo, criptoactivos, y datos sobre si es beneficiario final de empresas. También dispone mayores niveles de publicidad de esas declaraciones, un mecanismo que facilita su carga y permite el cruzamiento de datos por parte de los organismos de control; Nuevo régimen de prevención de conflictos de intereses y de limitaciones al cese del ejercicio de la función. Este régimen está enfocado en prevenir los fenómenos de captura del Estado y puerta giratoria; Nuevo Registro de actividades de gestión de intereses (lobby); Nueva declaración Jurada de Intereses en contrataciones, para prevenir y detectar conflictos de intereses e incompatibilidades en los procesos de compras y contrataciones públicas; Registro de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública para la prevención de conflictos de interés; y un Nuevo Registro de obsequios y viajes recibidos en su calidad de funcionarios públicos.
• Promueve la utilización de la tecnología y mecanismos de innovación como la inteligencia artificial para la prevención de prácticas corruptas y conflictos de interés. Esta modernización traerá como beneficios dotar de mayor transparencia a la gestión pública, permitirá la participación ciudadana y el control de los actos públicos.
• Prohíbe a los funcionarios públicos la tenencia de posiciones patrimoniales “offshore” bajo la forma de sociedades, de cuentas, o de giros patrimoniales en plazas no colaborativas (paraísos fiscales) y establecería el desprendimiento de las mismas para asumir sus funciones.
• Crea la Escuela de Gobierno en Integridad: promueve la formación en transparencia y ética pública como aspecto fundante del Sistema Nacional de Integridad.

La co-construcción del proyecto dio comienzo en octubre de 2021 y participaron organizaciones como la Fundación Poder Ciudadano; Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina -IDEA-; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -A.C.I.J-; la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales -CAEME-; Asociación Argentina de Ética y Compliance -AAEC-; Centro de Estudios de Estado e Innovación Pública – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo; Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado; Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción -CSC-, y la Fundación EFORO-APOC.

Además, impulsamos un Proyecto de ley de integridad judicial en función de que la cuestión de la integridad judicial viene concitando cada vez mayor atención de gobiernos, organismos internacionales, así como en colegios profesionales u organizaciones de la sociedad civil tanto a nivel global como regional. Las iniciativas internacionales en este tema incluyen la promoción de códigos de ética, el desarrollo de programas de integridad, la promoción de acuerdos internacionales, la creación de espacios académicos específicos y diversos convenios de cooperación entre países.

Entre las razones que propiciaron esta agenda se encuentran: 1) la proliferación de escándalos de corrupción (o faltas éticas) que salpicaron a jueces y fiscales de diversos países; 2) la desconfianza social en las instituciones judiciales, 3) la falta de generación de políticas públicas de integridad y transparencia judicial, como en cambio sí suceden en otras áreas de la gestión pública, e incluso en el sector privado.

A nivel federal Argentina se encuentra muy atrasada en esta temática. Los mecanismos de ONU, OEA de evaluación de sus Convenciones Anticorrupción han sido sumamente críticos del sistema de administración de justicia respecto de sus políticas de transparencia e integridad. Señalaron asimismo que existe una notoria diferencia entre la situación en el Poder Judicial respecto a los otros Poderes del Estado donde se vienen desarrollando iniciativas en estos temas desde hace más de dos décadas.

En este proyecto de ley se propone que el Poder Judicial y el Ministerio Público incorporen políticas de prevención de la corrupción que ya se llevan a cabo en el Poder Ejecutivo, entre ellas las siguientes:

• Creación de una oficina especializada en integridad y prevención de la corrupción en el ámbito de la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
• Registro de Obsequios y de Viajes,
• Registro de audiencias de gestión de intereses.
• Sistema preventivo de conflictos de intereses.
• Sistema de Monitoreo de Actividades Anteriores Y Posteriores a la Función Pública (MAPPAP) para la prevención de conflictos de interés.
• Sistema transparente de compra y contratación.
• Mecanismos antinepotismo.
• Sistema público de análisis y seguimiento de declaraciones juradas.
• Programas permanentes de capacitación.
• Mecanismos de rendición de cuentas sobre su eficacia y eficiencia. Informes de desempeño públicos y periódicos.

En cuanto a las normas sobre Integridad y Ética Pública, promovemos un paquete que incluye las siguientes iniciativas:

1.RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

El proyecto apunta a regular los conflictos de intereses reales, potenciales y aparentes y establecer limitaciones mediante el desarrollo de declaraciones juradas de intereses, el registro de actividades anteriores y posteriores, la declaración jurada de intereses de quienes aspiran a participar en los procesos de compras y contrataciones y demás acciones para gestionar todo conflicto de interés que se presente en la gestión pública.

2.REGISTRO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE INTERESES- LOBBY

El objeto de este proyecto es regular toda actividad desarrollada por personas físicas o jurídicas que apunte influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o las decisiones de los organismos, las entidades, las empresas, las sociedades, las dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional; del Poder Legislativo; del Poder Judicial y del Ministerio Público.

3.ESCUELA DE GOBIERNO SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA

Este proyecto apunta a crear una Escuela de Integridad Pública con el objetivo de formar funcionarios/as públicos/as idóneos e idóneas para el diseño e implementación de políticas de integridad en la órbita de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Ministerio Público.

El proyecto establece también la capacitación introductoria obligatoria en materia de Transparencia, Integridad y Ética Pública para todas las personas que ejercen funciones públicas en todos los niveles y jerarquías de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y del Ministerio Público.

4.PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA PARA LA INTEGRIDAD Y EL CONTROL CIUDADANO

Este proyecto apunta a incorporar herramientas tecnológicas que integren y vuelvan interoperables a distintos registros de carácter público:

• sistema de declaración jurada patrimonial y de intereses
• registro digital pre-post empleo en la justicia
• registro digital de obsequios y viajes
• registro digital de actividades de gestión de intereses
• registro de integridad y transparencia para empresas
• tablero de control del seguimiento de la ejecución presupuestaria
• plataformas de compras y contrataciones públicas
• mapa de la obra pública

Esta modernización traerá como beneficios dotar de mayor transparencia a la gestión pública, ayudará a promover la integridad; permitirá la participación ciudadana y el control de los actos públicos.

5.REGLAMENTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA PARA LOS PROCESOS DE ENDEUDAMIENTO

Este proyecto (a elaborar) apunta a establecer una serie de principios, estándares y mecanismos que deben respetarse a la hora de tomar deuda (pública o privada). Apuntará a sumar requisitos adicionales para funcionarios y funcionarias que se aboquen a esta tarea.

6. LEY DE INTEGRIDAD JUDICIAL

Aquí se dispone que Poder Judicial y el Ministerio Público incorporen políticas de integridad y prevención de la corrupción que ya se llevan a cabo en el Poder Ejecutivo, entre ellas las siguientes:

• Creación de una Oficina de Integridad específica para Corte Suprema, PGN y MPD.
• Registro de Obsequios y de Viajes,
• Registro de audiencias de gestión de intereses
• Sistema preventivo de conflictos de intereses.
• Sistema de Monitoreo de Actividades Anteriores Y Posteriores a la Función Pública (MAPPAP).
• Sistema transparente de compra y contratación.
• Mecanismos antinepotismo.
• Sistema público de análisis y seguimiento de declaraciones juradas.
• Mecanismos de rendición de cuentas sobre su eficacia y eficiencia. Informes públicos y periódicos sobre el desempeño de sus funciones. Programas permanentes de capacitación.
• Promover políticas públicas y buenas prácticas conformando un escudo preventivo a la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico al sistema judicial nacional.
• Instrumentar el conjunto de procesos y controles que aseguren la protección de la independencia del Poder Judicial y la gobernabilidad democrática.

“Argentina necesita un Estado más eficiente y la mejor forma para lograrlo es formando servidores públicos de excelencia”

Ser un servidor público es un honor y una enorme responsabilidad. Por eso, en Unión por la Patria entendemos que Argentina necesita un Estado más eficiente y transparente para alcanzar un mejor futuro. Para lograrlo, proponemos la creación de una Escuela de Gobierno y Administración Pública, una institución que se convertirá en el faro de excelencia para la formación de servidores públicos comprometidos con el Bien Común de nuestra Nación.

Una institución que se convertirá en un centro de excelencia dedicado a la formación y capacitación de funcionarios públicos, promoviendo la eficiencia, la transparencia y la innovación en la gestión gubernamental.

Por medio del aprendizaje de la cosa pública podemos esperar personas cada vez más capacitadas para manejar los fondos del Estado. Esta institución permitirá mejorar la calidad de la gestión pública en Argentina, incrementar la eficiencia en la administración gubernamental, fomentar la transparencia y la ética en el servicio público, promover la innovación y la adopción de tecnología en la administración pública, facilitar la colaboración y el intercambio de buenas prácticas entre funcionarios, y aumentar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones gubernamentales.

Nos inspiramos en modelos exitosos de Escuelas de Administración Pública en todo el mundo, como la prestigiosa École Nationale d’Administration (ENA) de Francia, que ha formado a líderes gubernamentales de alto nivel durante décadas. Asimismo, miramos a otras instituciones destacadas como la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) de Canadá, la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos y la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

Estas instituciones han demostrado su capacidad para cultivar talento, promover la excelencia en el servicio público y contribuir al desarrollo sostenible de sus respectivos países. Nuestra visión es emular su éxito al establecer una Escuela de Gobierno y Administración Pública en Argentina que esté a la altura de los estándares internacionales y forme a los líderes gubernamentales del futuro.

“Las sociedades que mejor se desarrollan son aquellas que tienen altos niveles de confianza en sus instituciones”

Argentina tiene por delante el desafío de restaurar la confianza en la política y en las instituciones gubernamentales. Para lograrlo, proponemos una serie de medidas destinadas a reconstruir la relación entre los ciudadanos y sus representantes, promoviendo la transparencia, la ética y la participación activa. Nuestra visión es la de un país en el que los ciudadanos vuelvan a creer en la política como una herramienta efectiva de transformación y de mejora social.

Además de los mecanismos de transparencia institucional ya descriptos, es imprescindible seguir tendiendo puentes en lo que respecta a una Participación Ciudadana más Activa. Promoveremos la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas a través de consultas públicas, debates abiertos y la incorporación de la opinión pública en la formulación de políticas.

“Argentina será un país digital, que facilitará la vida de las y los argentinos”

El mundo está cada vez más atravesado por la tecnología y los avances en Inteligencia Artificial. Por ello, es imperioso construir un Gobierno Digital y Abierto que promueva la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública.

En primer lugar, un Gobierno Digital debe promover la interoperabilidad de sistemas y datos entre las distintas entidades gubernamentales para agilizar los trámites y servicios que los ciudadanos requieren, a la vez que se establecen mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas instancias del gobierno para garantizar una implementación efectiva de la transformación digital.

Además, proponemos optimizar el diseño institucional para adaptarlo a la era digital, incluyendo la creación de una entidad dedicada a la gestión de la transformación digital. Esto puede verse reflejado en simplificación y digitalización de la mayor cantidad posible de trámites y transacciones gubernamentales para reducir la burocracia y mejorar la experiencia de los ciudadanos.

En segundo lugar, en estos últimos cuatro años venimos generando un País Digital. Hemos ampliado la cobertura geográfica expandiendo el acceso a la tecnología digital en todo el territorio nacional, garantizando que incluso las áreas rurales tengan acceso a servicios en línea. También, hemos establecido puntos de WIFI públicos en lugares estratégicos para que los ciudadanos puedan conectarse de manera gratuita. Y hemos promovido incansablemente la disponibilidad de computadoras para acortar la brecha digital que existe en los sectores más vulnerables de nuestra población, a los que les hemos sumado programas de alfabetización digital para garantizar que todos los ciudadanos puedan aprovechar al máximo las tecnologías digitales y hemos formado programadores a través del “Argentina Programa”.

En tercer lugar, un Gobierno Abierto es necesario para fortalecer las relaciones entre el Estado, la Sociedad Civil y los sectores económicos. Resulta fundamental aumentar la colaboración y la consulta con la sociedad civil en la toma de decisiones gubernamentales.

Por último, pretendemos una Modernización Administrativa en cuanto a la gestión documental electrónica, un acortamiento de los tiempos de resolución de expedientes y una reducción en el uso de documentos en papel, para así avanzar hacia una administración más ecológica y eficiente.

“Cuidar nuestro legado de memoria verdad y justicia e incorporar los nuevos derechos humanos, el acceso a la tierra, al ambiente sano, al agua y a la educación”

Para Unión por la Patria, las cuestiones inherentes a la convivencia democrática y derechos humanos están al tope de la agenda pública de Argentina. Y en ese marco tenemos dos grandes desafíos: el primero, cuidar nuestro legado, el de la memoria, verdad y justicia, el que condenó con el Juicio a las Juntas de Alfonsín y con procesos judiciales a lo largo de los últimos 10 años, a miles de represores. El segundo es terminar de incorporar en nuestro país los nuevos derechos humanos: el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano, son parte de las obligaciones que tenemos que sostener porque no hay mayor calidad democrática que una democracia que garantice los derechos humanos.

Además, tenemos la convicción de que las víctimas de delito son beneficiarias de derechos humanos por eso fortaleceremos los programas de asistencia para las y los argentinos bajo esta condición.

En diciembre cumpliremos 40 años de democracia ininterrumpida y, sin duda, construir un Gobierno de Unidad Nacional será la mejor forma de consolidar el legado que a la Argentina le costó mucho dolor, sangre y una etapa oscura. Además, sobre todas las cosas, nos va a permitir consolidar esos nuevos derechos que por tratados internacionales hemos incorporado y dejar detrás, de una vez por todas, la grieta que tanto daño nos hizo como sociedad.

Para nosotros no hay mayor libertad que la libertad que expresa la democracia. No hay mayor calidad democrática que una democracia que garantice derechos humanos. Y entre cosas, el desafío que enfrentamos como sociedad es que el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la seguridad también sean parte de los derechos humanos de los ciudadanos. En definitiva, es el desafío de incluir los nuevos derechos en una etapa de la Argentina que empieza, en la que vamos a garantizar esos valores que le dieron a la Argentina a nivel internacional un reconocimiento único.