propuestas

“La gestión de la conflictividad y de prevención del delito no requiere solamente esfuerzos legislativos o de reformas, sino el ejercicio de voluntad política sobre la conducción de las instituciones del sistema de seguridad, justicia y protección humana de la Nación.”

Argentina necesita desarrollar una Política de Seguridad Pública con proyección de corto, mediano y largo plazo, y con la voluntad de llevarla adelante a través del Consejo de Seguridad Interior. Esta política será una novedad en la gestión de la seguridad dado que proyectará los lineamientos estratégicos del Presidente de la Nación sobre los Ministerios de Seguridad y Justicia federales y provinciales, las Fuerzas Federales de Seguridad y las Policías Provinciales, la Agencia Nacional de Materiales Controlados y el Sistema Judicial federal y provincial, entre otros organismos públicos involucrados. El Planeamiento de Seguridad Pública,  será algo inédito en la etapa democrática de Argentina.

Sus contenidos incluirán:

Diagnóstico y apreciación del escenario de seguridad y crimen organizado a nivel global, regional y nacional;

Definición de las políticas nacionales de seguridad bajo la concepción y el posicionamiento estratégico nacional en la región y el mundo, basadas en estadísticas criminales (significa la recuperación de la generación de estadísticas públicas de seguridad y justicia, la construcción de mapas de delito y crimen organizado, y de las bases de la interoperabilidad de operaciones de las fuerzas en el territorio y en las dimensiones de investigación criminal del delito);

Determinación de la directrices de la política de seguridad y del sistema de instituciones de seguridad, en términos de estructura organizacional, gobierno, gestión logística y presupuesto, I+D y producción orientada a la seguridad. Formación y capacitación, valores democráticos y de igualdad, organización y funcionamiento del sistema de seguridad, misiones de las FFSS, el proceso de planeamiento cíclico, y el despliegue operacional, como así también interoperabilidad y multiagencialidad de las operaciones entre FFSS federales y la articulación con las provinciales y locales;

Análisis del estado de situación del régimen de procedimiento penal, la transición hacia la definitiva instalación del sistema acusatorio a nivel federal y la articulación con el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario Federal. Elaboración de una Política Criminal coherente y orientada a la conjuración, investigación, resolución y penalización del delito, el crimen organizado y la violencia y conflictividad social, de manera transversal.

“Para luchar contra el crimen organizado, Argentina debe desarrollar una Política de persecución del Tráfico Ilícito de Armas, Municiones y Explosivos y vincularla con las políticas de persecución de lavado de activos, narcotráfico y trata de personas”

El tráfico ilícito de armas y otros materiales forma parte de las actuaciones de los delitos complejos del crimen organizado, se vale de múltiples maniobras, que engloban la venta ilegal, la fabricación ilegal, la supresión de marcas, numeraciones y contraseñas, la adulteración de la potencia lesiva de armas y demás materiales controlados, entre otras conductas. 

Además, el tráfico ilícito no se agota en sí mismo, sino que tiene implicancias en diversas empresas criminales, puesto que las armas y otros materiales ilícitos no sólo se utilizan para ejercer violencia, intimidación y extorsión, sino que también constituyen un producto sumamente lucrativo en los mercados ilegales, y, asimismo, representan insumos del que se valen otras estructuras criminales para el desarrollo de sus actividades ilícitas como es el caso del narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, entre otros. 

El tráfico de materiales controlados – armas, municiones, sus partes principales, explosivos, pirotecnia, armas eléctricas, chalecos antibalas, vehículos blindados, nitrato de amonio y otras sustancias químicas peligrosas, entre otros- toma visibilidad una vez acontecido el hecho violento de que se trate, desde un mero acto intimidatorio como es el abuso de armas (Artículo 104 CP), hasta la comisión de actos criminales de contenidos de injusto mayores, como son los delitos contra la vida, la integridad física, la integridad sexual, la libertad ambulatoria, y aquellos se llevan a cabo válidos de estructuras delictivas más complejas, como los mencionados anteriormente. 

En este contexto, es imprescindible avanzar en la tipificación penal de todas estas conductas que hoy carecen de regulación normativa en la República Argentina y, en consecuencia, brindar las herramientas necesarias para su investigación criminal, persecución y penalidad por el Poder Judicial. Actualmente, esta problemática se encuentra atendida por el artículo 867 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), que regula un supuesto de contrabando agravado cuando las mercaderías involucradas en las operaciones comerciales de importación o exportación fueren, entre otras, armas de fuego y otros materiales controlados. Esta disposición es insuficiente para abordar una temática tan compleja y multifactorial como lo es el tráfico ilícito de materiales controlados y los delitos conexos.

La Política Criminal orientada plantea:

Crear el Sistema Integral de Denuncias por Delitos de Tráfico Ilícito de Armas y Delitos Conexos, el cual se desarrollará e implementará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Crear la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM) con dependencia directa de la Procuración General de la Nación.

Modificar el artículo 189 Bis del Código Penal de la Nación Argentina, aumentando las penas relacionadas a la comisión de delitos, tenencia y portación ilegal de armas, municiones, explosivos y otros materiales controlados, el acopio ilegal de dichos materiales controlados, la entrega/transferencia ilegal de materiales controlados, la entrega a menores de edad de materiales controlados, la fabricación y comercialización ilegal de materiales controlados, etc.

Ampliar la presencia de delegaciones y depósitos de materiales controlados de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) a nivel federal, y poner en implementación eficaz la Ley 25.938 del Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados Secuestrados e Incautados, con el desarrollo de sistemas de tecnología de la información integrados e interoperables.

“Queremos devolver la paz a Rosario y vamos a conducir todos los esfuerzos del sistema de seguridad y justicia para luchar contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y explosivos, el ciberdelito y el lavado de dinero”

Con el objetivo de pacificar la región del crimen organizado y el narcotráfico, se destinarán recursos de las Fuerzas de Seguridad Federales en un plan de despliegue combinado para la identificación y destrucción de bunkers, laboratorios, cocinas, armamentos, logística y estupefacientes. A su vez, se reforzará la tarea de inteligencia criminal por parte de los cuerpos especializados de las Fuerzas Federales y de los Ministerios de Seguridad, en conjunto con otros organismos del Ejecutivo Nacional y Provincial que se encargan de investigar operaciones criminales, poniendo en el foco la misión asignada en la nueva Agencia Regional de la Unidad de Investigaciones Financieras para identificar y perseguir la ruta del dinero del narcotráfico. 

Adicionalmente, a la investigación y persecución criminal se sumarán las herramientas que surgen desde el acuerdo de intercambio de información en materia tributaria entre Argentina y los Estados Unidos que permitirá tener acceso a los movimientos de las cuentas argentinas en el país del Norte. Acceder a esta información no solo es un acto de justicia tributaria, sino que aportará fuertemente a identificar las acciones de lavado de activos que el crimen organizado y sus socios locales esconden en guaridas fiscales, para que el sistema judicial federal pueda identificar con mayor facilidad el entramado de actores y la trazabilidad del delito complejo que se involucra en el narcotráfico. 

Con estas herramientas la Justicia podrá lograr intervenciones, detenciones y secuestros en tiempo real, con mayor rapidez en los procesos de investigación, avanzando hacia la reducción y conjuración de las bandas criminales y sus socios locales. 

“Las capacidades de despliegue operacional y persecución del delito de las Fuerzas de Seguridad Federales y Policiales Provinciales requieren inversión en logística y tecnología inteligente”

Con la voluntad política de avanzar sobre la reducción del delito, se requiere construir y conducir la sinergia, integralidad e interoperabilidad entre los actores a nivel municipal, provincial y federal que integran el sistema de seguridad pública que realizan tareas de prevención, investigación criminal, persecución y conjuración del delito, asistencia, mediación y resolución de los conflictos sociales. A su vez, es necesario destinar inversiones en el desarrollo, la integración y comunicación de los sistemas tecnológicos y de información de seguridad, justicia, control y política criminal, asistencia y protección humana, mediación y resolución de conflicto, entre todos los actores a nivel interjurisdiccional. Orientaremos los esfuerzos y los recursos para generar capacidades de profesionalización integrada y jerarquización de la formación técnica de los/las integrantes de los sistemas de seguridad, justicia, penitenciario, de control y política criminal, asistencia y protección humana, mediación y resolución de conflicto. Además, ampliaremos la presencia de infraestructura de gestión de la seguridad, justicia, control y política criminal, asistencia y protección humana, mediación y resolución de conflicto a nivel federal, como empezamos a hacer en Rosario.

Con los aprendizajes que adquirimos desde la gestión de la seguridad local, vamos a avanzar a un sistema de videovigilancia inteligente para la detección de anomalías callejeras, situaciones fuera de lo común o sospechosas, que encienden la alarma del personal que cumple tareas en los sistemas de monitoreo y se contacta con las Policías provinciales y/o Federales, así también con los organismos que atienden emergencias, como los de salud, Bomberos, servicio de emergencia social, entre otros. Considerando los avances tecnológicos en los sistemas de monitoreo, vigilancia y comunicación con la ciudadanía, es central invertir para que los Municipios, las Provincias y los organismos federales que integran el sistema de seguridad pública, puedan actualizar sus instrumentos tecnológicos, mejorar y jerarquizar sus capacidades tecnológicas e incorporar nuevas herramientas como la  inteligencia artificial (IA), sistemas de vigilancia satelital y aérea, la detección por imágenes de la cantidad de ocupantes de vehículos y cámaras lectoras de patentes, para mejorar los resultados de búsqueda e identificación; las paradas seguras y correderos seguros en las inmediaciones de colegios, campos de deportes, centros de jubilados con cámaras de videovigilancia para la seguridad de nuestros niños, jóvenes y adultos mayores; la colocación de botones de alerta para un inmediato aviso de la comunidad al sistema de monitoreo y fuerzas policiales locales; entre otras. Estas herramientas mejorarán la labor policial y de la justicia en la investigación, persecución y conjuración de hechos delictivos, posibilitando una rápida intervención y respuesta en el lugar del hecho.

“El sistema judicial debe acercarse y ser accesible a la demanda de la ciudadanía, y trabajar con mayor eficacia para agilizar los procesos judiciales que garantizan los derechos y la seguridad de los/las ciudadanos/as de pie”

Ante la necesidad de la ciudadanía de acceder a la garantía de sus derechos y encontrar protección y asistencia por parte del Estado cuando sufre por hechos delictivos y violencias, es necesario que el Estado y el sistema judicial en especial diseñe un nuevo mapa de presencia y funcionamiento de entidades judiciales a nivel federal en vistas de una descentralización territorial. Jueces, fiscales, defensores, mediadores y asistentes de atención a las víctimas que prestan servicio en organismos estatales de nivel municipal, provincial y nacional, se requiere que estén presentes, accesibles y atentos a la demanda de protección y prevención de los y las ciudadanos/as que están sufriendo de los efectos del delito y las violencias, especialmente en zonas de alto perfil delictual y requerimiento de presencia inmediata. Las fiscalías, defensorías y juzgados con asiento barrial con una mejora en sus recursos de infraestructura, equipamiento y capacidad humana, podrán facilitarán la interacción con la ciudadanía, garantizarán inmediatez, control de gestión y recupero de los niveles de confianza. 

Como parte de la estrategia de acercamiento y de accesibilidad de la ciudadanía al sistema judicial, es necesario llevar adelante un proceso de innovación con la incorporación de tecnologías de información y comunicación para la emisión y recepción de denuncias, así como para el seguimiento por parte de la persona denunciante, y por parte de la defensa de la persona denunciada. De esta manera, el personal judicial será notificado para dar continuidad inmediata a la investigación, hacerse presente en la escena del crimen, dirigiendo el esfuerzo policial, solicitando las medidas cautelares urgentes y atendiendo a la víctima. Se tomarán acciones económicas de pronta ayuda para los casos de asistencia inmediata a la víctima. A su vez, vamos a avanzar en la implementación de la justicia de menor cuantía con la creación de oficinas de solución de conflictos vecinales, con instancias únicas de mediación y resolución de conflictos interpersonales, vecinales o barriales, mientras se concientiza a la ciudadanía sobre la prevención de las violencias y se capacita respecto a la resolución pacífica de los conflictos en una integración de los esfuerzos multiagenciales de diferentes organismos estatales. Adicionalmente, vamos a impulsar inversiones para potenciar las capacidades humanas, técnicas y tecnológicas de investigación forense con ampliar la infraestructura de laboratorios a nivel federal, incorporar tecnologías orientadas a la detección rápida y de calidad de pruebas, mejorar las capacidades de especialidades periciales, morgues, instrumental, reactivos de campo, equipamiento y móviles para la recolección y análisis de la evidencia. 

Entendemos que aun con una dirección clara y ponderada desde la conducción nacional hacia las fuerzas de seguridad, los sistemas policiales y judiciales, los sistemas penitenciarios y de asistencia y protección a las víctimas, necesitamos construir nuevos consensos a través de los mecanismos de la Unidad Nacional, hacia la modificación y la novedad legislativa orientada a la adecuación del Código Penal. Queremos trabajar para evitar la puerta giratoria de la delincuencia, elaborar protocolos de verificación judicial previa a cualquier liberación, acotar los tiempos de los juicios limitando las acciones dilatorias que desnaturalizan los procesos,  extralimitando el “doble conforme” en las decisiones judiciales. Al mismo tiempo, mejoraremos las condiciones de hábitat, higiene y salud laboral de la prestación y los prestadores del servicio de justicia.

“Argentina debe fortalecer sus sistemas de control de armas y explosivos y control aduanero de puertos para colaborar en la protección y seguridad de la ciudadanía de las violencias y colaborar en la política criminal contra el crimen organizado”

Desde la democratización del Estado nacional y, a partir de la modernización y profesionalización del sistema de defensa nacional, el sistema de control de armas y explosivos y del control aduanero y portuario, se ha desarrollado una agenda de políticas públicas. 

No obstante, como Estado y sociedad enfrentamos un escenario complejo ante la actuación del delito y el crimen organizado, así como el ejercicio de las violencias y el conflicto social, que necesitan acciones interjurisdiccionales, con inversiones que mejoren y amplíen el alcance y los resultados de la capacidad del Estado. Para eso es impresindible avanzar en los siguientes objetivos:  

Actualizar y adecuar la normativa nacional que establece los requisitos y condiciones generales de acceso, tenencia, portación y uso de armas y explosivos por personas fisicas  y juridicas, acorde a las necesidades nacionales en materia de defensa nacional y seguridad pública y en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas, ampliando su alcance de control a nuevas tecnologías de armas y explosivos que se encuentran en el mercado internacional y que se importan encontrándose fuera de los controles del Estado. 

Fomentar los controles del acceso, tenencia, portación y uso de armas y explosivos en la ciudadanía y el comercio nacional y exterior, con la registración y fiscalización de las personas físicas y jurídicas, los materiales, las instalaciones y las actividades que realizan, a través de la ampliación de la presencia de delegaciones de la ANMAC a nivel federal y la digitalización de los procesos de registración y control, y con la incorporación de capital humano y equipamiento tecnológico y de comunicación para mejorar el alcance de la fiscalización, de inspecciones y controles aduaneros y de allanamientos entre la ANMAC, Aduana, Fuerzas de Seguridad, con el apoyo del sistema Judicial.

Promover la reducción del circulante de armas en la sociedad civil a través del desarme voluntario, con máyor presencia de operativos y puestos de recepción de la ANMAC a nivel federal y la no-proliferación de armas y explosivos en los mercados ilegales.  

Prevenir los efectos de las violencias con uso de armas y trabajar articuladamente en la prevención de la violencia de género y familiar entre la ANMAC, el sistema Judicial, los Ministerios de Seguridad nacional y provinciales, las Fuerzas de Seguridad Federales y las Policías Provinciales y el sistema de asistencia social y a las víctimas interjurisdiccional.  

Ampliar la capacidad y formación profesional especializado en investigación balística, resguardo, disposición final y destrucción de armas y materiales controlados, la infraestructura de depósitos y sus condiciones de vigilancia de resguardo e incorporar nueva tecnología de información y comunicación para interconectar en tiempo real las bases de datos inventariables de las Fuerzas Federales de Seguridad, las Policías Provinciales, de los Servicios Penitenciarios y de la ANMAC para mejorar el procesamiento de las armas y explosivos secuestradas, incautadas, decomisadas en la comisión del delito y el ejercicio de violencias, para su destrucción final, evitando su recirculación.  

Generar capacidades de investigación científica y elaboración de estadísticas de delitos con uso de armas y explosivos, para diseñar e implementar políticas criminales al servicio de los organismos públicos que integran el sistema de seguridad pública, sistema de justicia y los organismos de control e investigación de tráfico y lavado de activos.

Aumentar las capacidades de laboratorios técnicos de balística para la investigación criminal y para la determinación de estándares de calidad y seguridad de los materiales controlados usados por las Fuerzas Federales, Policías provinciales, Servicios Penitenciarios y otros organismos públicos. Dicha capacidad aportará en el desarrollo de estudios de metrología aplicados al control de la comercialización de materiales controlados, como armas, explosivos, equipamiento blindado, entre otros.